Ha ingresado al Parlamento la nueva Política Nacional de Defensa, un documento de 21 páginas que promueve un viraje militar de Brasil hacia la región y asegura que Sudamérica dejó de ser un «área libre» de conflictos y apunta la posibilidad de «tensiones y crisis» que pueden llevar al país a movilizar sus FFAA para defender la Amazonía.
La noticia partió del diario conservador O Estado de Sao Paulo, y destaca que el documento define tanto la Amazonía como las reservas de petróleo off shore, en la plataforma continental en el Atlántico Sur, como sus prioridades estratégicas. Lo más grave es que el documento apunta directamente a Venezuela, sin nombrarla.
«No se pueden ignorar las tensiones y las crisis en el entorno estratégico, con posibles consecuencias para Brasil, de modo que pueda estar motivado para contribuir a la solución de posibles controversias o incluso para defender sus intereses», puede leerse en la PND según el diario.
El ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva respondió a la revisión de la PND diciendo que Brasil corre el riesgo de ser empujado a una guerra contra Venezuela para servir los intereses económicos y geopolíticos de EEUU. Agregó que su Gobierno se empeñó en que la PND y la Estrategia Nacional de Defensa (END) sean «instrumentos de paz, soberanía y desarrollo autónomo».
«Es alarmante darse cuenta de que las viejas teorías sobre rivalidades con los vecinos están resucitando y que nuestras Fuerzas Armadas puedan ser utilizadas para acciones incompatibles con los principios constitucionales de no intervención y autodeterminación de los pueblos», señaló el expresidente.El punto central de su análisis, compartido por analistas y periodistas, es la denuncia de la creciente sumisión del presidente Jair Bolsonaro y de los militares que lo rodean a EEUU, que se traduce en una «alineación automática» de Brasilia con Washington.
El ex alcalde de Sao Paulo y candidato del Partido de los Trabajadores a la presidencia en las elecciones de 2018, Fernando Haddad, se pregunta si «el contribuyente brasileño va a pagar por una guerra que no es nuestra contra un vecino que nunca representó una amenaza para la soberanía brasileña».
La presión de los militares en el Gobierno puede haber sido decisiva en esta inflexión. Según un reciente informe del Tribunal de Cuentas de la Unión, en 2018 había 2.765 militares en cargos civiles en el Gobierno federal. En 2019, primer año de Bolsonaro, el número llegó a 3.515. Ya en 2020 alcanzó la astronómica cifra de 6.157, lo que representa un crecimiento de la presencia militar del 122% en sólo tres años.
El diario Folha de Sao Paulo hizo un estudio de largo plazo, que concluye que la presencia militar en el Gobierno se duplicó en los últimos 20 años. Ahora los militares tienen presencia en 18 órganos de gobierno, incluyendo Salud, Economía y Educación.Por el contrario, desde mediados de la década de 1990 hasta 2016, la presencia militar estaba restringida al Ministerio de Defensa, a la vicepresidencia y al gabinete de Seguridad Institucional que se encarga de la seguridad del presidente. Durante los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso, Lula y Dilma Rousseff, el Ministerio de Defensa fue dirigido siempre por un civil.
En Brasil se manejan tres tipos de documentos respecto a la política militar:
- La Política Nacional de Defensa establece los objetivos nacionales y las tareas a llevar adelante en la región;
- La Estrategia Nacional de Defensa, delineada en 2008 bajo el mando de Lula y un equipo de intelectuales, define las directrices y la forma de actuación para conseguir los objetivos;
- El Libro Blanco, finalmente, informa a la opinión pública la situación de la Defensa.
La PND también pide un incremento de los presupuestos de Defensa, que deberían llegar al 2% del PIB, frente al 1,3% actual, que incluyen gastos del personal no activo, como reserva y jubilados. Durante el primer año de Bolsonaro, el sector militar fue el que más expandió los gastos federales, a pesar de lo cual varios programas están retrasados, como la construcción de submarinos.
Un factor adicional que resulta tan preocupante como las mencionadas «tensiones y crisis» en la región, consiste en la mención de «actores exóticos» peligrosos para Brasil, en obvia referencia a China que es el principal sostén del régimen venezolano y además está en el ojo de la Casa Blanca y del Pentágono.Según el periodista Igor Gielow, especialista en geopolítica y asuntos militares y colaborador del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos con sede en Londres, la presencia de China en América del Sur «entró oficialmente en el radar militar brasileño» a instancias de Washington.
Es posible que el ex canciller y ex ministro de Defensa de Lula, Celso Amorim, haya acertado al decir que las Fuerzas Armadas viven un proceso de «desmoralización» como consecuencia de su alineamiento con Bolsonaro. En su opinión, los militares fueron «demasiado lejos» al ingresar de forma masiva en el Gobierno, para concluir que están siendo contaminadas por el bolsonarismo y apartarse de la política para cumplir su papel institucional.
Al ser la primera vez que la Política Nacional de Defensa se aparta de sus anteriores ediciones desde 1999, que aseguraban que no existía riesgo de conflictos en la región, Amorim considera «grave» el viraje en curso. «Es un pasaporte para la intervención militar, cambia estructuralmente la idea de la estrategia nacional de defensa en relación a América del Sur que siempre fue de disuasión hacia fuera y cooperación hacia adentro».
A mi modo de ver, no se debe interpretar la omnipresencia militar en el Gobierno, así como la sumisión a EEUU, con las concepciones clásicas sobre democracia y soberanía nacional. Desde el punto de vista tradicional, lo que sucede en Brasil sería una desviación anti-democrática y anti-nacional.Pero el tema es otro. En momentos de declive del sistema mundial, de creciente caos geopolítico y social que se prolongará por décadas, las Fuerzas Armadas se erigen como garantes del Estado. En esa tarea no importan ni los derechos humanos, ni los derechos democráticos. Quedan suspendidos. Lo único importante, en esta mentalidad, es mantener aferrado el timón del control estatal. Para esa tarea, las Fuerzas Armadas y policiales son las más adecuadas.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE LA RAZÓN
Por Raúl Zibechi – Periodista e investigador uruguayo, especialista en movimientos sociales, escribe para Brecha de Uruguay, Gara del País Vasco y La Jornada de México, autor de los libros ‘Descolonizar el pensamiento crítico’, ‘Preservar y compartir. Bienes comunes y movimientos sociales’ (con Michael Hardt), ‘Brasil Potencia. Entre la integración regional y un nuevo imperialismo’, entre otros.
