Esta semana el Gobierno hizo lo que espera sea el último ajuste ministerial de su período. En este cambio, se incluye a Pérez (UDI) en Interior en reemplazo de Blumel (Evópoli), Allamand (RN) en Cancillería, Desbordes (RN) en Defensa, Bellolio (UDI) en Segegob, Monckeberg (RN) en Segpres y Rubilar (RN) en Desarrollo Social. Al término de la semana, hizo su cuenta pública.
Analicemos tres cosas: el por qué el cambio, lo que significa el cambio, y si se condice con la cuenta presidencial. El punto de quiebre del Gobierno fue la tramitación del proyecto de ley que permite el retiro del 10% de los ahorros en las AFP, dónde se vio una coalición dividida y un Gobierno incapaz de ordenar sus propias filas. El único partido que mantuvo el orden fue Evópoli, mientras que en la UDI y en RN hubo votos díscolos. En el caso de la UDI la reacción fue más drástica, decidiendo llevar a sus parlamentarios al Tribunal Supremo del partido en abierta contradicción al artículo 38 de la Ley de Partidos Políticos. El caso de RN parece ser diferente, pues hubo más libertad de acción ya que había más división interna.
Claramente, entonces, el objetivo del cambio de gabinete es ordenar las filas, aunque ahí hay contradicción con el fondo del asunto. El Gobierno tenía la posibilidad de enmendar el rumbo sintonizando con la sociedad y abriendo el diálogo con la centro izquierda, aislando a los sectores de la derecha más dura, pero optó por exactamente lo contrario al incluir a Pérez y Allamand, que representan la derecha dura. Eso tendrá consecuencias claras en la agenda de orden público y en el apoyo del rechazo a la nueva Constitución, además de neutralizar a Desbordes como figura más dialogante y olvidar a Evópoli.
Por otro lado, destaca en su discurso su llamado a la unidad y diálogo, pero eso no se condice con el cambio de gabinete. Incluir un extremo probablemente polarizara el clima político, más aún si el mismo día del discurso indulta a dos condenados de Punta Peuco y omite en la cuenta toda mención a la violencia estatal de la que dió cuenta las cifras de la Fiscalía publicadas recientemente y los cuatro informes sobre derechos humanos de diversas organizaciones internacionales.
Se aumenta más la polarización con proyectos como la disminución de parlamentarios, que es una forma de volver al sistema mayoritario en vez del proporcional moderado y, además, en cierta forma inútil ante un proceso constituyente en trámite.
La señal entonces es preocupante, pues un Gobierno con bajo nivel de apoyo, con un Congreso con mayoría opositora y con una idea (nueva Constitución) que según la última Cadem tiene más de 70% de apoyo, el Gobierno optó por el orden desde la derecha dura, siendo una muy mala apuesta política, buscando rearmar su sector desde el extremo a riesgo de perder todo y contribuir a la polarización.
Ahora, no solo se puede analizar desde lo político, sino también desde las necesidades y demandas ciudadanas, dónde se observa un total alejamiento de ellas. Esto hace que el cambio sea más preocupante.
Entre el cambio por mayor orden desde la extrema derecha apostando a perder y polarizar vs el cambio por escuchar y dialogar aislando a la extrema derecha pero apostando a lograr objetivos y la real unidad, escuchando a la ciudadanía, se observa cuál fue la apuesta del Gobierno, pero son esas señales preocupantes para el devenir de Chile y su pueblo, con un Gobierno atrincherado e ideológico, promoviendo la agenda punitiva en contexto de proceso constituyente, omitiendo violencia estatal, defendiendo el rechazo e indultando criminales de lesa humanidad.
Naturalmente, esto da más margen de maniobra a la centro izquierda, aunque claro, dependerá de la unidad del bloque para lograr acuerdos transversales y la existencia de liderazgos que lo logren. La unidad entre el centro y la izquierda, en todo caso, no se vislumbra sencilla, y si el ambiente será la polarización, con menor posibilidad de logrará. La pelota ahora está en la cancha de la centro izquierda.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE LA RAZÓN
Por Luis Acevedo Espínola – Es Abogado Magíster en Derecho Penal y Procesal Penal, estudiante de un Magíster en Derecho Constitucional de la Universidad de Talca y de un Diplomado en Docencia Universitaria de la USACH. Ha trabajado en la Unidad de Drogas de la Fiscalía y en la Unidad de Delitos Sexuales. Es socio activo del Instituto de Ciencias Penales, miembro del Colegio de Abogados y militante del Partido Socialista. Actualmente se desempeña como Profesor de Introducción al Derecho en la USACH y de Compliance en la UNAB, y al ejercicio libre de la profesión en materias penales, constitucionales y de salud, además de colaborar en el equipo jurídico de la AFEP.
