VALPARAÍSO – Proyecto de Ley de los senadores Ximena Órdenes, Yasna Provoste, Juan Ignacio Latorre, Francisco Chahuán y Alejandro Guillier busca limitar acciones de cobranza a dos a la semana por cada institución acreedora y máximo una vez al mes para personas que no pueden pagar deudas por sufrir cesantía o disminución considerable de ingresos.
Según los senadores la desregulación de las acciones de cobranza, que permiten insistentes y reiterados llamados telefónicos por parte de los acreedores a teléfonos fijos y celulares, generan un menoscabo a la garantía constitucional de respeto a la integridad psíquica de los afectados y sus familias.
El proyecto de ley busca restringir los días, horarios y frecuencia de las acciones de cobranza que permite la actual Ley de Protección al Consumidor. En la actualidad las empresas de cobranza extrajudicial pueden llamar telefónicamente o contactar por cualquier medio a los deudores morosos desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, de lunes a sábado, sin límite de acciones de cobranza por cada deuda.
Por ello, los senadores firmantes del proyecto proponen modificar la regulación general para que cada institución acreedora limite sus acciones de cobranza a un máximo de dos veces a la semana, de lunes a viernes y de 10 a 14 horas, con independencia del número de créditos de cada consumidor.
De modo transitorio, se propone además que mientras rija el estado de excepción constitucional con motivo de la pandemia del COVID-19 y hasta 3 meses desde su término, las acciones de cobranza extrajudicial se limiten a una vez a la semana, de lunes a viernes entre las 10 y 14 horas. Y en caso que el deudor acredite ante el acreedor que se encuentra cesante o sufre una disminución considerable de ingresos, solo se le podrá volver a contactar al mes siguiente desde la última actuación de cobranza.
Según los senadores firmantes del proyecto, la absoluta desregulación de las actividades de cobranzaextrajudicial sumada a la pandemia, ha perjudicado flagrantemente a los consumidores o deudores, en beneficio de los acreedores, permitiendo el abuso y el acoso telefónico a miles de familias.
«Durante esta pandemia miles de familias han sufrido la imposibilidad de salir a trabajar, la cesantía y el hambre. Muchos no han podido pagar sus deudas. Hay familias que reciben decenas de llamadas telefónicas a diario para cobrarles una cuenta. Algunos ya no se atreven a contestar su teléfono. Y aunque digan a los cobradores que están cesantes y no pueden pagar, al otro día los vuelven a llamar. Por eso hemos presentado este proyecto de Ley. ¡Basta del acoso telefónico por deudas que no se pueden pagar!», señalaron los senadores Ximena Órdenes, Francisco Chahuán y Alejandro Guillier.
La iniciativa fue declarada admisible por la sala del Senado y ahora la comisión de Economía del Senado iniciará su estudio.