SANTIAGO – Respecto al contenido del plan «Paso a Paso, Chile se Recupera»[1], presentado por el Gobierno el pasado domingo 16 de agosto y que se basa en cuatro grandes pilares: crear y recuperar empleos; promover e incentivar la inversión, tanto pública como privada; apoyar e impulsar las pymes; y agilizar y simplificar los permisos y la burocracia; desde Fundación Terram declaramos lo siguiente:
En primer lugar, el Plan de Inversión Pública por US$ 34.000 millones presentado es confuso e induce a errores, pues solo contempla un incremento presupuestario de US$ 2.250 millones anuales o US$ 4.500 millones para 24 meses, el que se suma a los presupuestos previamente establecidos para los ministerios involucrados, es decir, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Deporte, el Ministerio del Interior, y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere).
Si bien el plan señala que existe una preocupación por la sustentabilidad de los proyectos, dada la escasa información disponible, resulta difícil evaluar si estas iniciativas efectivamente lo son, pues no se especifican los proyectos ni los montos de inversión involucrados. En este sentido, pese a que la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt[2], señaló que un 30% de la inversión será destinada a proyectos de acción climática, desde Fundación Terram consideramos que las medidas categorizadas como sustentables no necesariamente responden a proyectos de acción climática, ya que gran parte de ellos corresponden a soluciones convencionales, las cuales no buscan generar cambios de fondo en el modelo productivo nacional.
Por otra parte, en materia de agricultura el plan promete, entre otras cosas, la recuperación de unas 24 mil hectáreas con bosque, a través de un programa de reforestación orientado a familias afectadas por incendios forestales. Sin embargo, no existe información sobre el tipo de especies con que se realizará esta forestación o reforestación, como tampoco los montos específicos de esta inversión, y solo se señala que el Ministerio de Agricultura dispondrá de US$ 152 millones adicionales para los años 2021 y 2022.
Dentro de los objetivos de la inversión pública, el plan incorpora explícitamente entregar soluciones a demandas sociales y a la crisis hídrica que atraviesa el país, lo que se lograría, por ejemplo, a través de la construcción de 42 nuevos sistemas de agua potable rural y 65 mejoramientos y ampliaciones de sistemas ya existentes, como también el desarrollo de 50 planes estratégicos de recursos hídricos, beneficiando aproximadamente a 30 mil familias, según cifras del propio Gobierno. Esto, sin embargo, deja entrever una noción de la crisis hídrica netamente como un problema de obras públicas e inversión y no, en cambio, como producto de las condiciones estructurales que presenta nuestro país respecto a la gestión del agua –como nuestro modelo agroexportador–, las que hoy no garantizan el acceso a este recurso a cerca de un millón de personas a lo largo del país, recibiendo aproximadamente sólo 50 litros diarios de agua. En consecuencia, estas medidas no representan, como el plan propone, una real «solución» a los factores que mantienen la profunda crisis hídrica en el país.
Asimismo, dentro de las medidas para enfrentar la crisis hídrica, se menciona la construcción de obras de riego que beneficiarán a 140 mil hectáreas, donde se destaca que dichos proyectos contemplan la tecnificación del riego, lo que permitiría mejorar la eficiencia hídrica mediante el ahorro de consumo de agua. El problema radica en que los miles de millones que cada año se subsidian bajo esta vía, a través de la Comisión Nacional de Riego (CNR), solo terminan aumentando la superficie de explotación agrícola bajo riego por las empresas agrícolas, sin restituirse ni un solo litro de dicho «ahorro de agua» para fines ecológicos o de consumo humano, lo que no hace más que profundizar la crisis.
Además de lo señalado, para Fundación Terram resulta extremadamente preocupante el Plan de Inversión Privada, el cual contempla agilizar 130 proyectos, los que involucran una inversión total de U$ 24.521 millones. Con el propósito de agilizar esta inversión, se implementará una agenda de 28 medidas (13 administrativas y 15 a nivel de gestión), las que no han sido hasta el momento transparentadas a la opinión pública.
Por todo lo anterior es que consideramos que este plan está lejos de considerar posible una reactivación económica post crisis bajo el prisma de la sustentabilidad y, como es costumbre, desatiende la crisis hídrica, la especial vulnerabilidad de Chile ante los efectos del cambio climático, así como la adopción de medidas con un enfoque ambiental como uno de los ejes transversales de las políticas públicas a nivel nacional.
A la luz de lo anteriormente expuesto, observamos que el Gobierno continúa ignorando la perspectiva «transformadora» en términos ambientales y culturales que desde la sociedad civil hemos intentado posicionar en las diversas instancias de diálogo en las que hemos estado presente, con el objetivo de asegurar un futuro país más sostenible y justo con las personas y los ecosistemas, y comprometido con el respeto de los derechos humanos.
