La discusión por la aprobación de la Ley de Migraciones impulsada por el oficialismo con carácter de urgencia, en medio de la crisis sanitaria y económica actual, ha tomado un camino desalentador.
Hemos sido testigos de cómo algunos sectores políticos han desplegado esfuerzos por instalar el discurso racista del “Chile para los chilenos”, centrando el debate de la migración en una suerte de preocupación por cuánto se debe abrir o cerrar las fronteras del país, ante la amenaza de futuros deseos de extranjeros cesantes, pobres, por emprender “turismo laboral” hacia el territorio chileno, post Covid-19.
Tales descalificaciones y señalamientos son inaceptables, porque instalan mensajes xenófobos y contradicen la evidencia científica, desconociendo los aportes económicos, sociales y culturales que los migrantes vienen realizando en el país.
También, son intolerables, porque han distanciado al proyecto de ley de la real posibilidad de contar con una normativa con perspectiva de derecho; una columna escrita por la investigadora Fernanda Stang, hace poco, bien decía: “queríamos una nueva Ley, no una peor”.
Es necesario que se incluya en las consideraciones del proyecto de ley, lo que han señalado ya, y en múltiples ocasiones, las organizaciones migrantes y expertos en la materia, en cuanto a un proceso de regularización inmediata con sentido humanitario, garantías sobre el cambio de categoría dentro del país, el cumplimiento de los compromisos internacionales a favor de los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias; y que se desista de la implementación de visas consulares y criterios selectivos y discriminadores.
Para generar un diálogo social y político que permita una discusión seria y responsable sobre el fenómeno de la migración en Chile, y en consecuencia, sobre las acciones de política pública que debe emprender con urgencia el Estado, es fundamental que estos sectores, ciegos y resistentes a la diversidad cultural, entiendan que la migración no es una amenaza para el desarrollo, tampoco es un hecho al cual se puedan referir siempre en tercera persona, porque esos a los que llaman migrantes, son individuos que tienen derechos, tienen voz, y por cierto, una parte significativa, tiene voto.
LA OPINIÓN DE LA AUTORA NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE LA RAZÓN
Por Neida Colmenares Mejías – Cientista política. Directora de Ciencia Política en la Universidad Central. Doctora en Gobierno y Administración Pública, por la Universidad Complutense de Madrid (España).
