VALPARAISO – La Comisión de Constitución aprobó, por nueve votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones, el proyecto del Ejecutivo que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social (boletín 13.588), que se encuentra con discusión inmediata.
En la sesión, expusieron el director del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, Senda, Carlos Charme; y el asesor legislativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Ilan Motles.
Carlos Charme consideró que la enajenación temprana e incautación de inmuebles que pasarán a la administración de Senda, irá en directo beneficio de quienes son los más vulnerados por el narcotráfico, los adolescentes que necesitan prevención y tratamiento.
Indicó que, actualmente, existen 80 centros residenciales y 420 ambulatorios. Por ello, dijo que más recursos significarán ampliar las acciones preventivas y tratamientos a realizar, así como destinar parte de ellos a generar políticas públicas también para tratar el consumo de alcohol. Añadió que del presupuesto actual del servicio se destina el 40% a la prevención y un 60% a tratamiento.
Por su parte, Ilan Motles explicó que el proyecto crea un nuevo tipo penal que sanciona a quien suministre o administre alguna droga a terceros sin consentimiento, sin perjuicio de los delitos que se cometan luego, como hurto, estafa, abuso sexual y violación. “La pena que se establece es presidio menor en su grado medio a máximo, y multas”, aclaró.
El abogado añadió que el mensaje del Ejecutivo propone, entre otros puntos: aumento de penas en caso de utilizar a menores de edad en el narcotráfico, adecuaciones a la enajenación temprana de inmuebles, y en el consumo personal de drogas eliminar el concepto de calidad y pureza, reemplazandolo por el de cantidad de droga o dosis que de ella sea.
Reacciones
Parlamentarios de oposición manifestaron reparos a la norma de comiso y destrucción de drogas, tarea que se entrega a las policías.
Además, pese a coincidir en la importancia de no dejar avanzar el narcotráfico, llamaron al Ejecutivo a quitar la urgencia a la tramitación del proyecto para profundizar más en la materia.
