La estrujante denuncia del exdirector de Pemex Emilio Lozoya pone en la picota a tres expresidentes: Salinas, Calderón y Peña de una lista de 17 funcionarios implicados, entre ellos dos excandidatos a la presidencia, Anaya y Meade, y al poderoso Rasputín Videgaray.
Así López Obrador limpia la carrera presidencial del 2024 con cuatro candidatos mancillados del PAN.
Nunca como ahora en la historia posmoderna de México la opinión pública se había conmocionado con la histórica denuncia del exdirector de Pemex Emilio Lozoya ante la Fiscalía General el pasado 11 de agosto, que fue filtrada presuntamente por sus propios abogados, donde expone la consubstancial cleptocracia del inmundo y fétido sistema político mexicano y donde salen mal librados varios integrantes del Congreso, en su mayoría de los partidos PRI y PAN, que cobraron a raudales su voto para aprobar la espuria reforma energética y así favorecer los intereses de la banca Rothschild, de su súbdito George Soros, y de sus instrumentos en EEUU: Obama y los Clinton.
El pestilente asunto de los cobros masivos de los congresistas fue motivo de vistosos videos, de acuerdo con la legendaria práctica clandestina de exponer las exacciones de los adversarios.
Con los videos, la opinión pública creyó que quizá todo había llegado a su paroxismo cuando, nueve días después a la denuncia escrita de Lozoya ante la Fiscalía, explotó la filtración de su señalamiento explícito de los tres expresidentes —Salinas, Calderón y Peña—, sumada del Rasputín Videgaray, quien por lo visto ya fue arrojado debajo del autobús por su anterior protector: el talmúdico Jared Kushner, yerno de Trump.
Entre la nutrida lista de 17 funcionarios aparecen dos excandidatos a la presidencia: Anaya, por el PAN —cuyo asesor fue el excanciller Jorge Castañeda Gutman, conspicuo instrumento del megaespeculador George Soros, además de haber sido señalado como lavador del Cártel de Golfo en el manejo de sus podridas cuentas en el ya quebrado Banco Stanford del que fue miembro del Consejo de Administración—, y de José Antonio Meade, excandidato del PRI.
¿Asistimos a la sepultura y a una reingeniería del sistema cleptocrático de los putrefactos partidos políticos del viejo régimen?
La persecución sin cuartel de la ya quebrada empresa brasileña Odebrecht, vinculada a Braskem de la que era coaccionista con la gubernamental Petrobras, es doblemente geoeconómica y jurídica de los dos partidos de EEUU: Demócrata y Republicano.
La parte geoeconómica para aniquilar a Odebrecht, la primera empresa constructora de Latinoamérica, es tan prístina como la parte jurídica que inició el Departamento de Justicia de EEUU con Obama y que ahora prosigue implacablemente Trump.
Cabe señalar que el megaescándalo Odebrecht expulsó del poder al muy popular mandatario brasileño Lula da Silva.
La quebrada Odebrecht ha sido perseguida sin misericordia en 10 países de Latinoamérica y el Caribe, lo cual llevó hasta a la persecución de cuatro expresidentes de Perú, incluyendo el suicidio de Alan García, y donde salió mancillado Rafael Correa en Ecuador, para citar los más visibles.
Solamente faltaba el eslabón mexicano que había gozado de plena impunidad con el pestilente asunto de Odebrecht-Braskem más por la calidad que por la cantidad del delito pecuniario.
Dicho sea con humildad de rigor, por haber seguido el asunto Lozoya-Odebrecht, amén de la espuria reforma energética —que le regaló el petróleo mexicano de las aguas profundas a las trasnacionales anglosajonas de Gran Bretaña (apadrinadas por la banca Rothschild y George Soros) y los mandatarios estadounidenses Obama y los Clinton—, desde hace siete años en la radiodifusora Telereportaje de Villahermosa (Tabasco), terruño del actual presidente López Obrador, desnudé cómo Lozoya había sobornado al Congreso para pasar una reforma que era repudiada por el 80% de la población.
El 4 de agosto pasado, en la misma radiodifusora tabasqueña Telereportaje, expuse mi hipótesis de que las confesiones de Lozoya a las autoridades mexicanas tendrían necesariamente que implicar al expresidente panista Calderón, a quien nadie tenía en el radar por el escabroso asunto de Odebrecht-Braskem.
En un artículo de Bajo la Lupa sinteticé que «la cleptocracia del sistema político mexicano (…) mancilla a varios expresidentes del viejo régimen: desde Salinas, pasando por Calderón, hasta Peña (en particular, a su titiritero: el itamita Luis Videgaray)». Fue precisamente lo que sucedió tal cual.
A mi juicio, lo más trascendente del caso Lozoya-Odebrecht-Braskem va más allá de lo meramente local y regional, nada desdeñables, y expone el megalavado de dinero y la evasión en los paraísos fiscales que ascienden a un descomunal 10% del PIB global.
Los paraísos fiscales, en caso de ser un país, ocuparían la tercera economía global detrás de EEUU y China.
Más grave aún es el cálculo de la ONU de que, en medio de la operatividad de la globalización financierista, la mitad de los depósitos espurios en los paraísos fiscales, sin contar la evasión fiscal per se, provendría del criminal lavado de dinero.
Aquí surgen dos movimientos concatenados:
- Mediante la exhibición de tres expresidentes del viejo régimen, corrompidos hasta la médula, se pudiera aducir que se limpia el camino para una mayoría electoral de los partidos que subsistan y apuntalen el programa de la 4T del presidente López Obrador, quien, pese a la grave pandemia y a la crisis económica, se queda prácticamente solo sin una oposición creíble al frente.
- El presidente López Obrador barre la escalera de la corrupción de arriba hacia abajo y fumiga cuatro virtuales candidaturas presidenciables para el 2024: la de Anaya; la del gobernador de Querétaro, Pancho Domínguez; la del gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, y la de Margarita Zavala, esposa del controvertido expresidente Felipe Calderón, sobre quien, además, pesa la guillotina judicial de ser citado por la Corte de EEUU por sus estrechos lazos con su exsecretario de Seguridad, hoy encarcelado en Nueva York, Genaro García Luna, quien operó como padrino y operador del Cártel de Sinaloa, como se ha exhumado en sus cuentas triangulares en los paraísos fiscales de Israel, Panamá y las Islas Vírgenes Británicas, donde también han sido develadas las evasiones fiscales del locuaz locutor golpista Carlos Loret, vecino coincidente y reincidente de Genaro García Luna en un lujoso departamento en Miami.
Así las cosas, el presidente López Obrador tendría ya resuelta la elección de 12 gubernaturas y de las diputaciones del 2021 —donde la 4T obtendría la mayoría— y, de paso, limpia relativamente la legendaria cleptocracia del sistema político mexicano para empujar la candidatura presidencial de su favorito para el 2024, la cual, a mi juicio, tendrá que estar imbuido de la dinámica geoeconómica del T-MEC que fue a firmar recientemente a la Casa Blanca con Trump.
Con la alta explosividad de la bomba neutrónica que hizo estallar judicialmente Emilio Lozoya, el presidente López Obrador parece haber resuelto la gobernabilidad mayoritaria del 2021. Ahora se encuentra de lleno diseñando la candidatura presidencial de su sucesor para 2024 ante la ausencia de una oposición decapitada por su congénita cleptocracia.
La oposición golpista nunca entendió que México se encuentra ante un pacífico cambio de régimen que permitió el estallido de la bomba Lozoya-Odebrecht. México ya no es el mismo.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE LA RAZÓN
Por Alfredo Jalife-Rahme – Analista de geopolítica y globalización. Columnista y comentarista en varios periódicos, radios y televisiones internacionales. Profesor de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en Geopolítica y Globalización. Autor de varios libros. Nombrado por la Red Voltaire de Francia como ‘El principal geopolitólogo de Latinoamérica’.
