Este miércoles 26 de agosto empieza la campaña para el plebiscito por una nueva Constitución. Claramente es una fecha relevante, para terminar el día de la votación el 25 de octubre. Chile enfrenta así un proceso histórico e inédito, pues en plena democracia y estabilidad institucional tendremos la oportunidad de diseñar una nueva Carta Fundamental.
Esto deja atrás la Constitución de 1980 nacida en dictadura sin cumplir ninguno de los elementos de una democracia (ni formal ni material), como es el derecho a voto, la alternancia en el poder, la libertad de opinión, el pluralismo político, el Estado de Derecho y los DDHH. Claramente no concurrían estos elementos, más allá de solo impedir el voto. El régimen duró más de 15 años, habían perseguidos políticos, una impunidad reinante y violaciones sistemáticas a los DDHH.
Se soluciona esto con el plebiscito de 1980? Difícil, no había opción de hacer campaña en igualdad de armas y no había siquiera registros electorales. Y con las reformas de 1989 y 2005? Tampoco, eso es ejercicio del poder constituyente derivado que opera en el marco de la Constitución, con Senadores designados en su minuto, binominal hasta hace poco, quórum supramayoritarios y un Tribunal Constitucional defensor de la Constitución de 1980. Einstein decía que no se puede hacer lo mismo y esperar resultados distintos, frase que es plenamente aplicable en este debate.
Ahora bien, llama la atención la negligencia del Gobierno en garantizar este proceso, pues además de que en el oficialismo esté la idea de revertir el acuerdo, se observa negligencia en asegurar la mayor participación posible. Así, el proyecto de ley que faculta al Servel para medidas para un plebiscito seguro surgió de una moción parlamentaria y no así del ejecutivo.
Es más, ahora se agrega la idea de fijar pisos mínimos de participación, que si bien es una idea atingente, aunque no el 50% propuesto sino una cifra cercana al 35% como en Derecho Comparado, se contradice con haberse opuesto al voto obligatorio y a omitir acciones en pro de un plebiscito seguro.
Si se tienen esos antecedentes se ve que el Gobierno ha sido un obstáculo por omisión para el plebiscito participativo, cuestión que puede echar por tierra todo el proceso, lo cual generaría una reacción peor en la sociedad. Tal vez el Gobierno está sembrando los vientos que mañana le serán tempestades. Sería positivo un Gobierno más activo en la materia que garantice un plebiscito seguro con alta participación y con ello, evitar eventuales críticas a la legitimidad de la futura Constitución.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE LA RAZÓN
Por Luis Acevedo Espínola – Es Abogado Magíster en Derecho Penal y Procesal Penal, estudiante de un Magíster en Derecho Constitucional de la Universidad de Talca y de un Diplomado en Docencia Universitaria de la USACH. Ha trabajado en la Unidad de Drogas de la Fiscalía y en la Unidad de Delitos Sexuales. Es socio activo del Instituto de Ciencias Penales, miembro del Colegio de Abogados y militante del Partido Socialista. Actualmente se desempeña como Profesor de Introducción al Derecho en la USACH y de Compliance en la UNAB, y al ejercicio libre de la profesión en materias penales, constitucionales y de salud, además de colaborar en el equipo jurídico de la AFEP.
