Estamos a casi tres meses del plebiscito del 25 de octubre y en el debate político se ha instalado la necesidad de abordar las condiciones que garanticen un plebiscito seguro a los electores a través de la preparación de estrictas medidas sanitarias
El Servicio Electoral está trabajando en un protocolo que tiene por objetivo garantizar el derecho al voto y la salud de los electores, y enfrenta el desafío de dar tranquilidad al electorado. Para ello ha socializado las medidas a adoptar entre múltiples actores políticos, sociales y científicos, con fin de generar los consensos necesarios que otorguen la anhelada seguridad al proceso. Sin duda, se logrará el objetivo. El Servel tiene una vasta experiencia organizando elecciones y en los últimos años, se le ha dotado de facultades para dirigir dichos procesos dando garantías de legitimidad.
No obstante, a medida que se acerca el Plebiscito Nacional comienzan a surgir otras preocupaciones. Hemos sido testigos en las últimas semanas como se inicia en distintas comunas el desconfinamiento, la ciudadanía –manteniendo la distancia social- ha regresado a las calles: la crisis que ha dejado la pandemia es multidimensional y ha reforzado la demanda por mayor igualdad en la sociedad chilena.
El Estado y sus instituciones de representación política, que arrastran una crisis de confianza incluso anterior al estallido social de octubre pasado, han debido responder con premura a las demandas ciudadanas, pero sin la necesaria efectividad. Nuevamente el problema está en los resultados y la satisfacción de la ciudadanía con el sistema político. La pandemia más allá de hacer olvidar las causas del estallido social, las ha profundizado.
Entonces la atención no sólo debe estar centrada en cómo dar garantías de un plebiscito seguro, sino cómo dotamos de legitimidad al proceso asegurando la mayor participación ciudadana. Eso implica iniciar una etapa de socialización del proceso constituyente que incorpore a múltiples actores de la sociedad civil y que promuevan, en sus espacios de acción, la reflexión sobre la relevancia del momento histórico que estamos viviendo: “El cambio constitucional en un contexto democrático”.
El desafío está en incitar la participación política de la ciudadanía y abrir espacios de encuentro y deliberación que permitan construir puentes desde la sociedad hacia la élite, que se hagan cargo del desprestigio de la misma, en un proceso paulatino y de largo aliento, que reestablezca la legitimidad de la representación política y el valor de la vía electoral como instancia de cambio y transformación de la vida colectiva.
Los acuerdos políticos firmados entre la élite, y que fueron presionados por la movilización social, requieren para su continuidad del apoyo ciudadano. Solo en la medida que la participación se haga extensiva, los acuerdos tendrán la legitimidad suficiente para ser implementados o, de lo contrario, corremos el riesgo de defraudar a la ciudadanía. Es crucial incorporar a la sociedad civil organizada a la discusión y, sobre todo, a los sectores que por años se han sentido excluidos. Un avance al respecto, es el hecho histórico de que, por primera vez, de optar el electorado por una Convención Constituyente, esta será paritaria.
No solo es necesario convocar a la ciudadanía a que vote en el Plebiscito Nacional del 25 de octubre, sino que, además, dependiendo de sus resultados y, en un probable escenario de cambio constitucional, esa participación se canalice en espacios de deliberación que les permita influir de forma vinculante en las instancias que reflexionarán sobre el contenido de la misma, ya sea una Convención Constitucional o Mixta. Es importante generar y difundir información que ayude a la ciudadanía a comprender este proceso y su implicancia y, en esa tarea, las universidades pueden contribuir a combatir la desinformación y las falsas noticias, desde una mirada pluralista, abierta y transparente. Ese es nuestro desafío.
LA OPINIÓN DE LA AUTORA NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE LA RAZÓN
Por Carla Vidal Aiach – Magíster en Ciencia Política, académica de la Escuela de Administración Pública de la Universidad Católica del Maule, sede Curicó.
