A los españoles no les hace ni pizca de gracia una nueva reclusión colectiva, pero hablan de ella con mucha resignación, como si fuera ya inevitable.
En algunos pueblos de las regiones de Aragón, Cataluña, Castilla y León, Madrid o Murcia muchos ciudadanos ya han experimentado los duros efectos psicológicos de una segunda cuarentena.
En todos esos casos la decisión vino motivada por el alto índice de contagios en municipios y barrios muy concretos. El aislamiento no pasó de un par de semanas. Pero ahora la situación vuelve a ser muy preocupante en general, incluso se ha hecho caótica y ha surgido con fuerza la posibilidad de que tenga que ser necesario un segundo confinamiento a nivel nacional. ¿Por qué? Porque la expansión del virus se ha descontrolado. Otra vez. El número de infectados en España rebasa las 420.000 personas.
Esa es la mayor cifra de Europa occidental, por encima de Reino Unido y Francia, dos países más poblados. Los datos apuntan a la llegada de una segunda oleada vírica al Viejo Continente, aunque la primera no haya terminado de irse de Brasil o Estados Unidos.
El turismo en el punto de mira
El sector hostelero es indudablemente el más afectado en una nación volcada en la industria del turismo. La patronal, que defiende los intereses de negocios como bares y restaurantes, califica la idea del confinamiento como «medida medieval». Sin embargo, hasta el momento, y a falta de una vacuna testada, la restricción generalizada de movimientos ha sido la respuesta más exitosa para luchar contra el «bicho» en España.
Otro instrumento probado en otras latitudes ha sido el rastreo de los contagiados asintomáticos, pero esa herramienta no se ha desarrollado como debiera por la falta de personal cualificado, que no ha sido contratado en suficiente cantidad pese al tiempo transcurrido.
¿Por qué España encabeza esta lamentable clasificación? Por, al menos, tres motivos.
En primer lugar, a consecuencia de la relajación de las medidas de protección de los ciudadanos, especialmente entre los más jóvenes, que no suelen llevar mascarilla ni respetar el distanciamiento social cuando se reúnen o celebran fiestas con alcohol y baile.
En segundo lugar, a consecuencia de la propia organización territorial del país. El Reino de España es un Estado cuasifederal. Está dividido en 17 comunidades autónomas más dos ciudades autónomas (Ceuta y Melilla). Todas las regiones tienen transferidas las competencias en materia de sanidad. En algunos casos, como Cataluña, desde 1981, hace casi 40 años. Esto implica que los servicios de salud son independientes del Gobierno central, es decir, del Ministerio de Sanidad, salvo en los casos de Ceuta y Melilla.
Esa peculiar característica ha desencadenado una descoordinación crónica e importantes desajustes a la hora de responder a la pandemia de forma conjunta y eficiente. La descentralización puede resultar positiva para fomentar políticas locales y próximas al ciudadano, pero no para erradicar una crisis que no entiende de fronteras ni de territorios. Eso ha sido y está siendo una rémora considerable.
Afortunadamente, los índices de mortalidad y de hospitalizaciones son menores a los registrados en marzo y abril. De hecho, la mayoría de las transmisiones del SARS-CoV-2 se produce entre jóvenes. Las tres cuartas partes de las personas que dan positivo en los tests PCR son asintomáticas, es decir, no presentan rasgos de la enfermedad, tales como fiebre, tos o dificultad para respirar, aunque sean transmisores involuntarios del agente patógeno.
Palos a Sánchez por bogar y…
En este complejo panorama estructural, el Gobierno socialista español es nuevamente el centro de las duras críticas de la oposición conservadora y sus medios de comunicación afines. Antes, el Partido Popular (PP) y otras formaciones de derecha denunciaron que el presidente Pedro Sánchez limitó los derechos fundamentales de las personas, al decretar el estado de alarma que duró 100 días (desde el 14 de marzo hasta el 21 de junio), tras conseguir seis prórrogas aprobadas en el Congreso de los Diputados. Ahora, arremeten contra él «por lavarse las manos», «evadir su responsabilidad» y llevar al país al «desastre sanitario».
Lo cierto es que Sánchez no quiere adoptar disposiciones muy severas y estrictas, como hizo en marzo, porque la economía española en recesión no lo soportará. Y ha pasado la «patata caliente» a los dirigentes de las comunidades autónomas que serán quienes, en un ejercicio de «cogobernanza» con él, le solicitarán que aplique el estado de alarma en sus respectivos territorios si ellos lo consideran pertinente. No habrá, pues, confinamiento nacional pero sí nuevas y fuertes restricciones regionales en el caso de que no baje la curva de infectados.
Esa es la esencia del último mensaje de Sánchez a la nación, un mensaje «de alerta y serenidad», donde también ha informado a sus compatriotas de la movilización de 2.000 militares de las Fuerzas Armadas para que las regiones que así lo deseen dispongan de ellos como rastreadores de infectados. Otra improvisación. Otro parche administrativo.
La dispersión de la responsabilidad ha evitado la rendición de cuentas y las dimisiones, a pesar del colapso de la sanidad pública, en primavera, en Cataluña y la Comunidad de Madrid. Además, la descoordinación entre el Ejecutivo y las regiones no sólo se ha mantenido, sino que se ha agravado allí donde existen diferencias políticas, allí donde los respectivos gobiernos tienen orientaciones ideológicas dispares. La falta de consenso ha sido sistémica y dramática. Esa es la tercera razón de peso.
La sórdida batalla entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el PP no amainó ni siquiera en los peores momentos del confinamiento, a principios de abril, cuando fallecían a diario 1.000 personas por la pandemia y las morgues de los hospitales de Madrid y Barcelona quedaron desbordadas. El enfrentamiento no se tomó ni un respiro por vacaciones, en agosto.
Las instituciones hispanas no funcionan nada bien, no son lo suficientemente robustas, porque están atrapadas por una formidable polarización política que traslada ese choque a la sociedad en su conjunto.
La clase política, en general, no ha estado a la altura de las circunstancias. Y sigue sin estarlo.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE LA RAZÓN
Por Francisco Herranz – Ha desarrollado su carrera profesional en el diario El Mundo, donde ha sido corresponsal en Moscú (1991-1996), redactor jefe de Internacional y de Edición y editorialista, especialista en Europa del Este y colaborador en varias publicaciones especializadas, desde 2010 es profesor en el Máster en Periodismo-El Mundo de la Universidad San Pablo-CEU.
