No es fácil encontrar en propuestas y programas de gobierno para el mundo de la educación, contenidos como este, con una profunda orientación pedagógica. Tal vez esta sola constatación, otorga todavía mayor mérito al Programa Básico de Gobierno que llevara, por decisión de las urnas, a la primera magistratura del país a un ciudadano de cuño marxista. Esta cita del programa, sin duda alguna, contiene el significado esencial de la propuesta de Allende para llegar a La Moneda, en tanto en ella se sintetizan, un conjunto variado de procesos de crecimiento y maduración del movimiento popular en general y del movimiento de profesoras y profesores en particular.
A horas de conmemorarse los 50 años del triunfo de la Unidad Popular, bien vale la pena reivindicar, no solo la constancia y la consecuencia que sus protagonistas mantuvieron durante décadas, sino también la consistencia de su ideario transformador en el campo educativo, compuesto por un conjunto variado y sistémico de medidas modernizadoras y democratizadoras que tanta falta le hacían al Chile de esos años y que el Chile de hoy sigue demandando.
En menos de tres años, una alianza político-social, representada por el gobierno y por actores gremiales y comunitarios, situados estos últimos tras décadas de luchas y aprendizajes, en la condición de sujetos emancipados y emancipadores, logra implementar una serie de reformas y transformaciones en la estructura, los objetivos, la orientación y los contenidos en todos los componentes del sistema educativo en Chile. El incremento de la matrícula en la educación parvularia, en la enseñanza básica y media, en especial en su modalidad técnico-profesional, así como en la educación superior, son expresiones de estos logros.
Estos avances con evidente tono modernizador, fueron además acompañados de procesos democratizadores que, como en otras áreas de la vida nacional, buscaban profundizar y ampliar los espacios de participación de la ciudadanía en la toma de decisiones respecto de la marcha del país, más allá de la tradicional participación en las elecciones de autoridades.
Se sostenía en el programa y durante los años de gobierno, la necesidad de emprender las reformas educacionales, no solo como una tarea de los técnicos, sino que principalmente como un proceso en el que las comunidades fueran los grandes tomadores de decisiones respecto de la marcha de las escuelas, las que a su vez debían responder a los requerimientos nacionales, mediante su vínculo y pertenencia al sistema nacional. El sexto objetivo general del mencionado programa de gobierno era precisamente “Promover la participación democrática, directa y responsable, de todos los trabajadores de la educación y de la comunidad en la transformación del sistema educacional.» (Núñez, 2003)[1]
Y la participación de las y los trabajadores de la educación en el diseño e implementación de la reforma, implicaba, además de mayores responsabilidades de las organizaciones de trabajadores, la urgente tarea de contar con más y mejores capacidades profesionales para el ejercicio de la profesión y para el impulso a los cambios al sistema educativo desde las bases del sistema:
“El perfeccionamiento fue ampliado conceptual y materialmente. Se le concibió como masivo, permanente, sistemático, descentralizado, crítico-científico y nacido en su programación y desarrollo de los propios trabajadores de la educación. Puesto que sus beneficios se extendieron al personal paradocente se justifica su acepción más abarcante. En 1971 participó en 492 cursos diferentes, un total de 24.321 funcionarios, cifra que en 1972 se elevó a 44.865 trabajadores de enseñanza (Núñez, 2003; pp.27 y 28).
He aquí otra expresión de la anticipación que significaba para la realidad nacional y latinoamericana, el gobierno popular. Recién en la última década se habla de sistemas nacionales de desarrollo profesional docente en la región y en Chile. Tan solo hace 4 años en nuestro país se dictó una ley que busca generar políticas públicas permanentes en el ámbito de la educación continua de profesoras y profesores.
Vayan estas líneas, como un reconocimiento a la lucidez colectiva del pueblo docente organizado y movilizado por la edificación de una escuela pública, nacional y unificada, fundada en tres pilares: en la tarea de redistribuir los bienes materiales producidos por la sociedad; en el reconocimiento a todos sus integrantes como sujetos de derechos; y en la generación de espacios de participación y ejercicio ciudadano. Dicho sea de paso, estos tres pilares, hoy por hoy, se articulan entre sí para signifcar con sentido de futuro, lo que se entiende por justicia social y justicia educativa.
[1] Núñez, I. (2003). La ENU entre dos siglos: Ensayo histórico sobre la Escuela Nacional Unificada. 1ª Edición. Santiago; LOM Ediciones.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE LA RAZÓN
Por Pablo González Martínez – Profesor Adjunto / Sub Director del Centro de Estudios SABERES DOCENTES de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile
