Por Alejandra Loucau | Crímenes de guerra: EEUU y el Reino Unido versus la verdad

Ambos países intentan evitar la rendición de cuentas sobre los denominados efectos colaterales de las invasiones militares de 2001 y 2003.

El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, comunicó este 2 de septiembre que la Administración Trump impondría sanciones contra funcionarios de la CPI por considerar «ilegítimos» los «intentos de someter a los estadounidenses a su jurisdicción». Pompeo agregó que quienes continúen «dando apoyo material a estas personas se exponen a ser también objeto de sanciones». Ya en junio de este año, EEUU había anunciado penalidades económicas y restricciones de visado contra este mismo grupo de investigadores por considerar su trabajo como «una amenaza para la seguridad nacional». En ese momento el tribunal internacional había decidido abrir una investigación sobre crímenes de guerra cometidos en Afganistán que continúa hasta la fecha.Ante la noticia sobre la aplicación de medidas punitivas contra Fatou Bensouda, jefa de fiscales, y Phakiso Mochochoko, director de jurisdicción, división complementaria y cooperación, la CPI respondió que «se trata de un intento inaceptable de interferir con el estado de derecho y los procedimientos judiciales de la corte».

Desde su fundación en 2002, la CPI (con sede en La Haya, Países Bajos) ha procesado a más de 40 políticos de alto rango y jefes de Estado por genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad. Se trata de un tribunal de última instancia que actúa solo en el caso de que los Gobiernos nacionales «no puedan o no tengan la voluntad» de juzgar a los presuntos responsables de estos de delitos.

Existen algunas investigaciones que han quedado suspendidas de hecho por motivaciones políticas, presiones y pujas de poder, al igual que sucede con muchas de las decisiones tomadas por otros organismos internacionales.

A diferencia de muchos de sus aliados (como el Reino Unido), EEUU no es parte del Estatuto de Roma, base legal fundante de la CPI, y tanto las gestiones republicanas como las demócratas han criticado el accionar del organismo por estimar que no existe protección contra la «politización de los procesamientos». Sin embargo, EEUU apoyó numerosas causas dirigidas por la CPI contra altos funcionarios opuestos a sus intereses geopolíticos de entonces. Tal es el caso del respaldo a las investigaciones contra el presidente sirio Bashar Asad, miembros del movimiento talibán o las autoridades de Birmania. Diferente fue la postura de EEUU respecto a casos examinados por la CPI en relación a crímenes de israelíes contra palestinos, por los cuales rechazó las investigaciones pertinentes de manera categórica.Irak y Afganistán, por su parte, sí son miembros del tribunal. Esto significa que los crímenes cometidos en estos países podrían estar bajo jurisdicción de la corte internacional.

En 2017, Fatou Bensouda concluyó que existía suficiente información para demostrar que las fuerzas estadounidenses habían «cometido actos de tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violación y violencia sexual» en Afganistán en 2003 y 2004, y más tarde en las instalaciones clandestinas de la CIA en Polonia, Rumania y Lituania. Según un informe de la CPI publicado en 2017, el Congreso de EEUU inició varios procesos con el fin de examinar los interrogatorios realizados por fuerzas estadounidenses y miembros de la CIA a distintos prisioneros de guerra, revelando incluso parte de su contenido. A pesar de esto, «salvo un número muy limitado de casos en los que el presunto uso de técnicas de interrogatorio resultó en la muerte bajo custodia», o no se llevaron a cabo investigaciones o litigios nacionales, o el desarrollo de los mismos estuvo coartado por cláusulas de confidencialidad o por no poseer información suficiente.

Otro informe elaborado por la CPI en 2016 estableció que los presuntos crímenes cometidos en Afganistán en 2003-2004 «no fueron abusos de unos pocos individuos aislados», y añade que «hay una base razonable para creer que estos presuntos crímenes se cometieron en cumplimiento de una política o políticas destinadas a obtener información mediante el uso de técnicas de interrogatorio que implican métodos crueles o violentos [y] que apoyarían los objetivos de EEUU en el conflicto de Afganistán».

A principios de este año, el Ministerio de Defensa británico presentó el controvertido proyecto de ley de Operaciones en el Extranjero que, en caso de aprobarse, autorizaría la concesión de amnistías parciales para el personal de servicio que haya cometido delitos graves, incluidos asesinato y tortura, durante misiones realizadas fuera del país, siempre que estos se hayan perpetrado hace más de cinco años. Este proyecto de ley será presentado en el Parlamento del Reino Unido en octubre por el Partido Conservador.

Según un artículo de Middle East Eye, Nicholas Mercer, ex teniente coronel del Ejército británico que fue el abogado militar de mayor rango en Irak después de la invasión de 2003, dijo sobre el proyecto en cuestión:

«Este proyecto de ley es un paso profundamente retrógrado del Gobierno británico. Socava no solo la convención de la ONU contra la tortura, sino también las Convenciones de Ginebra de 1949. Esto simplemente no tiene precedentes. (…) También queda sin respuesta la cuestión de los ‘black sites’ en el sur de Irak y el destino de los prisioneros que fueron llevados allí por las fuerzas del Reino Unido. Este proyecto de ley puede significar que tales casos nunca vean la luz del día».

Se presume que el polémico giro legal que pretende adoptar el Gobierno del Reino Unido (y que el partido laborista rechaza) tiene que ver con las sucesivas demandas de las cuales viene siendo objeto el Estado británico a partir de las reclamaciones y posteriores pagos a civiles iraquíes, víctimas o familiares de víctimas de crímenes cometidos por tropas británicas luego de la invasión militar que derrocó a Sadam Husein.

Entre las denuncias presentadas contra el Ministerio de Defensa del Reino Unido se encuentra el caso de Baha Mousa, recepcionista en un hotel de Basora que fue torturada hasta la muerte por tropas británicas en septiembre de 2003. A pesar de que parte de estos hechos quedó registrada por cámaras, un consejo de guerra declaró la absolución de los seis soldados involucrados en la causa. Dicha sentencia fue luego cuestionada por una investigación formal de carácter público presidida por William Gage quien culpó al «fracaso empresarial» del Ministerio de Defensa por el uso de métodos de interrogatorio prohibidos en Irak. Este proceso determinó que Baha Mousa había muerto junto con 93 heridos «bajo custodia del Ejército británico» en Basora (2003).

Llamativamente, la mencionada iniciativa para exculpar a las fuerzas británicas que cometan delitos en el extranjero es promovida de forma paralela al desarrollo de una investigación a cargo de la CPI, la cual ya ha concluido que existe «una base razonable para creer» que militares del Reino Unido fueron responsables de una serie de delitos perpetrados contra personas bajo su custodia en los años posteriores a la invasión de Irak en 2003.

Frank Ledwidge, exoficial de inteligencia del Ejército británico e historiador militar, advirtió que «los patrocinadores [de tal disposición] no se han dado cuenta de que cuando la CPI venga por nosotros, lo que sucederá si se aprueba este proyecto de ley, [es que] no serán los soldados a quienes perseguirán«. Quizás sea este el efecto secundario de una medida con tales características: si la propuesta conservadora se convierte en ley, políticos de alto rango posiblemente involucrados en la elaboración de estrategias que contemplaron crímenes de guerra y abusos varios contra los derechos humanos en el extranjero podrán ser juzgados por un tribunal internacional.