La prohibición del otrora Partido Comunista de Alemania no solo es una mancha en la democracia alemana, sino una espada de Damocles que pende sobre la cabeza del actual Partido Comunista Alemán y de cualquier grupo, partido o movimiento revolucionario que se atreva a poner en tela de juicio la supuesta democracia ejemplar alemana.
El Partido Comunista de Alemania (KPD), el original, fue fundado en 1918 y tuvo una robusta participación en el Parlamento hasta la llegada del fascismo al poder, que ilegalizó al partido y asesinó a miles de sus miembros, incluido a su líder Ernst Thalmann. Pero la persecución a los comunistas alemanes no empezó con los nazis. Ya en los tiempos de la liga espartaquista, el Gobierno socialdemócrata de Frederic Ebert asesinó a sus destacados dirigentes Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, haciendo uso de las reaccionarias Freie Korps.
Fue esta liga espartaquista la que, al fusionarse con otras organizaciones de izquierda, dio lugar al KPD.
Al término de la Segunda Guerra Mundial, el KPD regresó a sus actividades en Alemania occidental bajo la ocupación norteamericana, británica y francesa. En la Alemania ocupada por las fuerzas soviéticas el KPD se fusionó con otras formaciones políticas para crear el Partido Socialista Unificado de Alemania (SED), que gobernó la República Democrática Alemana o RDA hasta los 90. Desde ese momento en adelante los movimientos comunistas alemanes se vieron partidos por la nueva frontera entre ambos países.
El KPD se opuso categóricamente al rearmamento de la Alemania occidental y a la partición del país que unilateralmente habían hecho las potencias occidentales ocupantes del territorio occidental creando la República Federal Alemana (RFA) sin consultar a la Unión Soviética. Por estos motivos el Gobierno de Konrad Adenauer presentó una solicitud de prohibición del KPD ante la corte constitucional alemana en 1950, que fue apoyada por los socialdemócratas del SPD (con algunas excepciones).
Documentos desclasificados posteriores han revelado que el Gobierno de Adenauer presionó a la Corte Constitucional para fallar a favor de la prohibición. El KPD y su organización juvenil Juventud Libre Alemana (FJD) serían finalmente ilegalizados en Alemania occidental en 1956 en plena guerra fría y, sus bienes, confiscados. Esta acción pretendía sentar un precedente para el resto de Europa occidental y estaba en sintonía con las dictaduras griega, portuguesa y española que también habían ilegalizado a los partidos comunistas en estos países.
No fue sino hasta 1968 que el nuevo partido comunista alemán se reconstituye en Alemania occidental bajo las siglas DKP (Deutsche Kommunistische Partei) como resultado del trabajo de la comisión federal para la constitución de un nuevo partido comunista, modificando sus estatutos para ser admitido como partido político. Aun así, el Gobierno federal no dejó ni ha dejado de golpear al DKP con legislación anticomunista y represiva, además de la constante vigilancia que del partido hace el Bundesamt für Verfassungsschutz (ministerio de protección de la constitución) y el Bundesnachrichtendienst o Servicio Federal de Inteligencia (BND). Además de esto los cuadros del DKP sufren de la llamada Berufsverbot (prohibición de profesión), que les impide tener trabajos relacionados con la enseñanza en ningún nivel educativo o en el servicio público por considerarlos subversivos y contrarios a los principios constitucionales.
Como resultado de la ilegalizacion del KPD alrededor de medio millón de alemanes fueron procesados penalmente o afectados de alguna manera en procedimientos judiciales con alrededor de 10.000 sentencias. Algunas de las condenas incluían cárcel, multas elevadas, prohibición para votar o ser votados y prohibición para ocupar puestos en el servicio público. Otras consecuencias directas fueron la prohibición de profesión, la pérdida de trabajos, problemas financieros y familiares, enormes costos procesales y difamaciones.
A través de la culpa por contacto se ejerció presión a familiares, amigos y colegas de los afectados. Inclusive el derecho a participar como candidato sin partido, un derecho de todo alemán, fue prohibido para todo conocido comunista, sin importar si tenían relación o no con el KPD. Así pues la prohibición no se trataba solo de acabar con un partido, sino de erradicar a los portadores de la idea: todo individuo con pensamiento de izquierda podía ser procesado y reprimido bajo la extensión de la prohibición del KPD.
Se habla contemporáneamente de una reconstitución del partido, al reorganizarse en el DKP porque hasta el día de hoy el KPD sigue siendo ilegal en Alemania. Contradictoriamente y a pesar de que los archivos desclasificados han comprobado las razones meramente políticas de su prohibición, la ilegalidad y arbitrariedad de las persecuciones a comunistas y simpatizantes en todo el país, no hay ningún indicio de voluntad política del actual Gobierno para levantar la prohibición del KPD.
Lo anterior tiene diferentes razones. Por un lado la rectificación de esta decisión significaría que las demandas del KPD de oponerse a la partición y al rearme de postguerra eran no solo legales, sino legítimas. Y por otro lado, levantar la prohibición sentaría un precedente que impediría al Gobierno actual utilizar esta práctica como una amenaza generalizada para cualquier movimiento progresista en el país, como lo ha venido utilizando hasta el día de hoy inclusive contra el DKP.
En resumen, la prohibición del KPD no solo es una mancha en la democracia alemana, sino una espada de Damocles que pende sobre la cabeza del DKP y de cualquier grupo, partido o movimiento revolucionario que se atreva a poner en tela de juicio la supuesta democracia ejemplar alemana.
Este mito de la pulcritud del Gobierno alemán cumple además un papel fundamental en el a su vez mayor mito de la supuesta democracia ejemplar de la Unión Europea, como país líder de esta organización supranacional. Así pues la prohibición del KPD es un eje central de la política anticomunista alemana, y es también un arma a la que la burguesía del país se ha aferrado desde hace más de 60 años. Pero es un arma que mancha sus manos de manera irremediable y que los exhibe como lo que son: unos síndicos antidemócratas de primer orden.
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Por Arturo Gallegos – Doctorante y docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Friedrich-Schiller en Jena, Alemania. Especialista en derecho constitucional, controles parlamentarios y temas de democracia directa.
