«En La Plata, donde vivo, todos los días hay intentos de tomas de tierras», dijo Alejandro Rusconi, secretario de Hábitat, Tierra y Vivienda de la provincia de Buenos Aires.
La pandemia profundizó una tendencia que se venía gestando en los últimos años, al calor de la creciente desocupación y la falta de recursos de las familias más pobres de la principal concentración poblacional argentina.
La crisis económica es probablemente la más grave de su historia, y «podría ser incluso peor que la de 2002», con un desplome de más del 12% del producto bruto, una fuerte caída de la demanda y un crecimiento exponencial de la pobreza.
La Plata es la capital provincial, donde se registran no menos de 22 tomas de terrenos en los últimos meses. La mayor ocupación abarca 150 hectáreas, donde el gobierno provincial proyecta instalar un polo agroecológico y una zona productiva en 23 hectáreas para alimentar a 1.500 personas, adelanta Rusconi.
El epicentro de las ocupaciones, como de toda la vida política y social argentina, es la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) que incluye la ciudad capital de Buenos Aires y 40 municipios que la rodean, con casi 15 millones de habitantes. La zona más pobre y conflictiva son los municipios del sur, donde se han registrado las principales ocupaciones desde la década de 1970, según un informe de la Agencia de Noticias Red Acción.
En estos momentos la mayor ocupación colectiva de terrenos se desarrolla desde el mes de julio en Guernica, perteneciente al distrito Presidente Perón, donde 10.000 personas, incluyendo unos 3.000 niños y niñas, se extienden sobre unas 100 hectáreas que tienen orden de desalojo, pero están dispuestas a resistir.
Se trata de lotes que estaban abandonados desde hace muchos años, al punto que el secretario de Hábitat asegura que los dueños de una parte de esas tierras hace 30 años que no pagan impuestos. Los medios de la derecha y el sector empresarial sostienen que se trata de «usurpación», una figura delictiva que implica violencia, y exigen la rápida respuesta judicial y policial.
Sin embargo, desde la secretaría de Hábitat aseguran que la mayoría de las tomas son «ocupaciones» porque las tierras no están alambradas y el ingreso se produce de forma pacífica. La oposición al Gobierno de Alberto Fernández, acusa a los ocupantes de delincuentes que buscan hacer negocios con la compraventa de tierras usurpadas.
Rusconi, por su parte, insiste en que la oposición busca «criminalizar la pobreza«, en un debate tan antiguo como imposible de resolver a través del diálogo. Sólo en la provincia de Buenos Aires se habrían registrado más de 200 tomas de terrenos durante la pandemia, conflictos que el Gobierno busca mediar y solicita que cuando la justicia remita órdenes de desalojo puedan intervenir «para que se cumplan los protocolos de derechos humanos», en referencia a los frecuentes abusos policiales.
Para paliar las necesidades de los sectores más empobrecidos, el Gobierno implementó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que perciben los trabajadores informales y monotributistas que no pueden ejercer sus labores durante el confinamiento, y que asciende a 10.000 pesos (unos 130 dólares al precio oficial, casi la mitad en el mercado paralelo). Alrededor de nueve millones de personas reciben este beneficio, compatible con otros ingresos como la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo.
En Argentina existe una larga tradición de tomas de terrenos, ya sean fiscales o privadas, como forma de solucionar la persistente crisis habitacional, ya que faltan cinco millones de viviendas en unas población de 45 millones.
«A partir de la década de 1990, las estrategias del acceso al hábitat por parte de las clases populares en el Gran Buenos Aires se vieron enfrentadas a nuevos desafíos», señala un informe de la Agencia Red Acción. Se agotó la tierra disponible, sobre todo en el primer cinturón, el más cercano a la capital, por el aumento de la población y el desarrollo de barrios privados.
A esto debe sumarse la masiva privatización de los servicios públicos bajo el Gobierno de Carlos Menem (1989-1999), el endurecimiento de la política penal hacia las ocupaciones, el deterioro del salario y el aumento de la desocupación y la precariedad en el empleo.
Sobre este panorama de fondo, además de las nuevas ocupaciones se registra una expansión de las anteriores por el crecimiento de las familias. Todos los actores coinciden en que a las tomas se suben especuladores, que buscan utilizar las necesidades populares para beneficios personales y, en no pocas ocasiones, con intereses y actitudes mafiosas. Sin embargo, esta realidad no puede ocultar la enorme necesidad de viviendas existente.
Un informe del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), asegura que existen 4.416 «barrios populares» en los que viven cuatro millones de personas, casi el 10% de la población, que han sido rigurosamente mapeados hasta diciembre de 2016. La mitad están en la provincia de Buenos Aires.
Se considera barrio popular a los que están formados por ocho familias como mínimo, y aquellos donde más de la mitad de la población no tiene título de propiedad, ni acceso por lo menos a dos servicios básicos como agua corriente, energía eléctrica con medidor o red de cloacas. Todos estos barrios han sido ocupados, ya sea por la suma individual de familias (villas) o a través de una organización colectiva (asentamientos).
Llegados a este punto, parece necesario hacer algunas consideraciones.
La primera es que Argentina vive una situación límite, como consecuencia de cuatro décadas de deterioro que atraviesan a todos los gobiernos, incluyendo a la dictadura militar (1976-1983). Por lo tanto, habiendo «probado» todo tipo de gobiernos, militares, peronistas, radicales, kirncheristas y macristas, es difícil que en los próximos años el país logre enderezarse. O sea, adquirir estabilidad político-social-económica que le permita tomar un rumbo cierto.
La segunda es la enorme hipocresía de las clases medias altas y altas, que estigmatizan a los sectores populares cuando ellas mismas practican las ilegalidades de las que acusan a sus oponentes. Años atrás la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), detectó 19 barrios privados que figuraban como baldíos, con 3.300 casas y 2.400 piscinas sin declarar.
La tercera es que la cultura de la corrupción ha penetrado de arriba abajo, de izquierda a derecha, abarcando a empresarios, gobernantes, sindicalistas, dirigentes de algunas organizaciones sociales, lo que se suma a la crisis económica y social para producir este coctel explosivo.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE LA RAZÓN
Por Raúl Zibechi – Periodista e investigador uruguayo, especialista en movimientos sociales, escribe para Brecha de Uruguay, Gara del País Vasco y La Jornada de México, autor de los libros ‘Descolonizar el pensamiento crítico’, ‘Preservar y compartir. Bienes comunes y movimientos sociales’ (con Michael Hardt), ‘Brasil Potencia. Entre la integración regional y un nuevo imperialismo’, entre otros.
