SANTIAGO – Los delitos anotados en la querella contra el Presidente Sebastián Piñera, el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich y los subsecretarios de Salud, Paula Daza y Arturo Zúñiga, están “adquiriendo claridad” y la “investigación está avanzando no solo porque salimos en la prensa diciendo que está avanzando, sino con resoluciones judiciales y decisiones de los Fiscales”.
Así lo señaló el abogado Ramón Sepúlveda, quien lidera la querella presentada por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en contra del mandatario, el ex ministro y los actuales altos funcionarios del Ministerio de Salud (MINSAL) que siguen en ejercicio de sus labores.
Pero además, informó que se agregó a la querella otro delito. El de propagación de gérmenes patógenos que haya ocasionado la muerte de personas.
Al ser entrevistado en el programa “De domingo a domingo. Sin restricción” de Radio Nuevo Mundo, el jurista también habló del trámite que se pidió para allanar instalaciones del MINSAL a fin de obtener información sobre contagiados, entre otras, y calificó de “vergonzosa” la actitud de la entidad de querer impedirlo llegando a aducir supuesto riesgo a la seguridad nacional.
Las siguientes son parte de las declaraciones, argumentos y antecedentes que abordó el abogado Ramón Sepúlveda respecto a la querella que tiene en jaque al gobierno por la comprobación de delitos en el manejo de la pandemia del nuevo coronavirus que costaron vidas humanas.
La querella
“La querella que presentamos con el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y a la que se sumaron las querellas de dos concejalas, Irací Hassler de Santiago y Grace Arcos de Conchalí, fue principalmente por la muerte ocasionada negligentemente a vecinos de estas comunas.
Es una querella por dos delitos. El delito de homicidio culposo, es decir, homicidio negligente, y el delito de negación de auxilio. Entregamos elementos de que decisiones de la autoridad provocaron que la pandemia se enfrentara no como debía hacerse y el nivel de contagio aumentó considerablemente, de una manera que no habría ocurrido si las decisiones fueran correctas. Hubo abierta discriminación y sesgo social, decretando cuarentena en Las Condes, que tenía números más bajos que Recoleta, y eso fue determinante. Porque además se rodea a la comuna de Recoleta con cuarentena en otras comunas y se genera mucho traslado hacia esa comuna. La explosión que tuvo Recoleta en cuanto a contagios fue de una consideración muy alta. Hay que sumarle una persona en Santiago que muere cuando se produce el protocolo de reintegro de los funcionarios públicos al trabajo presencial, él tiene que ir a trabajar, con riesgo, y muere. En la comuna de Santiago tuvieron que volver a trabajar funcionarios públicos donde había cifras muy altas de contagios. Creemos que estas decisiones de autoridad central generaron que los contagios aumentaran considerablemente y muriera un mayor número de personas. Se propagó el contagio de una manera que no habría ocurrido si se hubieran decretado cuarentenas de manera correcta, al menos con las cuarentenas dinámicas, si se hubiesen basado las cuarentenas en el número de contagios y la positividad. Uno no se explica que no decretaran cuarentena en Recoleta si los números eran mucho más altos que en Las Condes.
Lo segundo es el ocultamiento de información y la no entrega de los datos de pacientes contagiados a la red primaria de salud. En eso hay dos opciones: o el gobierno no la entregó porque no la quería entregar a los organismos municipales de salud o simplemente porque la gerencia que tenía el Ministerio de Salud a través del ministro (Jaime) Mañalich no entiende que la red primaria de salud es unificada, y no le permiten que realice un control. Ellos sólo recurren a los Municipios cuando ellos querían, pero no le permiten que el número de contagios, manejado por el gobierno central, estuviera a disposición de la red primaria y pudieran ir a atender a los vecinos, trazar con los vecinos. Hay que entender que en esas comunas muchas veces los vecinos hacen su vida en el pasaje, en la calle, distinto a cuando estás en una casa en Vitacura con 400 metros cuadrados y con gran patio. Por tanto, el riesgo de contagio era mayor. Y el ministro Mañalich reconoce que él no sabe que cuando un vecino de una comuna como Recoleta tiene mucho calor en su casa, tiene que salir para realizar sus actividades; además que hay una hacinamiento muy grande en esas comunas. Cosa de ver Cerro Navia, que es de las comunas con más contagios.
La tercera arista de fundamentación de estas querellas, dice relación con la negación de auxilio y abandono. Derechamente hay vecinos a los que no se les ayudó. El gobierno señalaba en sus informes diarios que había camas disponibles, que había ventiladores mecánicos, que había residencias sanitarias, pero eso en la práctica no se dio. Hay gente que llamaba a la Municipalidad diciendo que había llamado al teléfono que había dado el gobierno, que no había logrado que lo atendieran y no le daban respuesta. La Municipalidad ayudaba, pero no tenía el nivel información que sí tenía el gobierno central”.
Información clave de conocer
“Siempre sostuvimos que había ocultamiento de información y que dice relación con que no se entregaba el número de contagios correctos, que se manipulaban las cifras, que se manipulaban los informes y que, además, no se le entregaba a la red primaria de salud la información que se requería y que pedían los alcaldes. Desde todas las Municipalidades, con alcaldes de gobierno y de oposición, se pedían los datos.
Pero hoy hay una cuestión que es más grave. La investigación que se lleva en el Tercer Juzgado de Garantía y en el Séptimo Juzgado de Garantía, ha demostrado que había un conocimiento pleno de situaciones y que pese a ello se manejó la pandemia de una manera inadecuada. Hay una nueva cuestión que dice relación con la solicitud del Fiscal Xavier Armendáriz a la Corte Suprema en cuanto a poder concurrir y tener la información del Ministerio de Salud (MINSAL).
El MINSAL, de manera bien vergonzosa, se opone al ingreso y registro en ese ministerio para tener esa información. Y dicen desde el MINSAL, de una manera bien grosera, que se oponen al ingreso señalando que la razón es porque la información de los datos de los pacientes pondría en riesgo la seguridad nacional. Lo que no tiene absolutamente ningún fundamento, porque son los propios Tribunales los que autorizaron la entrega de las fichas médicas, porque la ley de derechos y deberes del paciente establece privacidad de la ficha médica, salvo que haya una investigación penal en curso, que es lo que ocurre en este caso.
Nosotros en estos días ampliamos la querella de alcalde de Recoleta y de las concejalas de Santiago y Conchalí, por persecución del delito consagrado en el Artículo 3-16 y 3-17 del Código Penal que dice relación con la propagación de gérmenes patógenos que haya ocasionado la muerte de personas. El 3-17, inciso 2, establece que, justamente, cuando esa propagación fue de manera negligente, se comete delito por parte de las autoridades. Creemos que las propias declaraciones de los funcionarios públicos del Ministerio de Salud y del gobierno dejaron en evidencia que acá hubo manejo político de la pandemia, donde no querían entregar información y donde sabían que podían quedar de mejor forma entregando un número menor de contagios.
La defensa de los querellados ataca a la Contraloría, ataca a la Fiscalía, porque lo que buscan, y están acostumbrados, es la impunidad. Eso no se está dando, valoramos mucho el trabajo que están haciendo la Fiscalía y la Contraloría, porque están dejando en evidencia algo que se pidió destapar mucho antes y que ellos, el gobierno y en el MINSAL, creían que podían ocultar.
Ese delito que señalo, y los otros señalados en la querella, están adquiriendo claridad y, sin duda, esperamos que sean formalizados los querellados y aquellos otros funcionarios públicos que estén involucrados en esta investigación”.
¿Errores pero no delitos?
“Los errores o las decisiones inadecuadas, cuando las cometo yo porque en el patio de mi casa dejé un árbol mal plantado y se me cae, uno podría decir que eso es un error. Pero cuando hay un error que pone en riesgo la salud pública y la vida de las personas, y además le sumas que fue un error cometido por funcionarios públicos, que tienen una especial relación institucional con el Estado, y tienen una especial responsabilidad, en esos casos la ley configura un delito. Si se lee el Artículo 3-17 dice en uno de sus incisos: Si alguno de tales hechos punibles, la propagación de gérmenes patógenos, se cometiere por imprudencia temeraria o por mera negligencia con infracción a los reglamentos respectivos, las penas serán de presidio menor en su grado mínimo…En nuestro legislador, en el Código Penal, el que se pone en la hipótesis de una negligencia, y esto es similar a lo que ocurre con el homicidio culposo.
Si como funcionario público alguien comete negligencias graves, efectivamente configura un delito. Lo mismo ocurre con el cuasi delito de lesiones graves o cuasi delito homicidio en accidente de tránsito; voy manejando y por ir escuchando la radio miro para el lado y atropello a alguien y lo mató. ¿Eso no es delito? Eso es delito, se llama homicidio culposo. Porque el sujeto no debió ir escuchando la radio o no debió ir hablando por celular. No creo que el gobierno salga a decir que un delito como ese no debería ser perseguido. Acá es exactamente lo mismo, el homicidio culposo. Cuando hay negligencias graves e inexcusables, el Código Penal se pone en la hipótesis de que tienen que ser sancionados penalmente. Lo de él (Mañalich) son negligencias graves sancionadas por nuestro Código Penal”.
Acusación Constitucional contra Jaime Mañalich
“Una acusación constitucional busca responsabilidad política. Lo decía Daniel Jadue en el programa ‘La voz de los que sobran’, de que si alguien está en un cargo tan alto como el de ministro -convengamos que después no hay otro funcionario más alto- comete negligencias tan graves que incluso llegan a la arista penal, por qué no se puede hacer una acusación constitucional que precisamente lo que busca es que éste individuo, que quiso ser ministro, que ganó sueldo de ministro, que tuvo la autoridad de ministro, comete errores tan graves que le provocan la muerte a muchos chilenos.
La acusación constitucional busca que este sujeto tenga una sanción política y que no pueda volver a ser ministro u ocupar cargo público en un periodo determinado. El problema es que los políticos toman estas acusaciones constitucionales cuando les conviene, cuando no, no las quieren hacer. La acusación constitucional no es una vendetta, es una sanción establecida en nuestro sistema cuando un político comete errores de la gravedad que cometió el ex ministro Mañalich y que tienen un sustento legal para ser presentadas. Creo que está muy bien que se presente la acusación constitucional en los términos que corresponde. Es una arista política y que no va a influir ni mayor ni menormente en la causa penal. Son cosas totalmente distintas.
¿Por qué se presenta la querella criminal? Porque se configuran delitos de manera clara y evidente. La contundencia del escrito del Fiscal Armendáriz, con el Fiscal (Marcelo) Carrasco, no tiene dos parámetros. Si uno la oposición que presente Mañalich, incluso en el recurso de reposición que presentaron queriendo sacar a Daniel Jadue de la pelea por esta querella, son de absoluta falta de fundamento. No sé si es porque los abogados no tienen la dedicación que deberían tener, o en definitiva porque no tienen fundamento.
Nadie esperó que se diera lo de plantear un allanamiento al MINSAL tan rápido, nadie esperó que autorizada por medio de un Tribunal el tema del acceso a las fichas médicas tan rápido, y que es porque precisamente esta querella tiene fundamento. Acá no es ‘yo estoy a cargo de la pandemia, yo soy el Ministro de Salud, dejo la escoba, mueren miles de personas’ y listo. Si todas las autoridades locales y los organismos técnicos hubieran estado en la línea del MINSAL, nadie podría criticar lo que se hizo, pero solo en recortes de prensa se ve que todas las autoridades locales, el Colegio Médico, organismos como Espacio Público, la Contraloría, les decían que lo que estaban haciendo era incorrecto. Pero nadie los podía cuestionar. Los periodistas en el informe diario no podían hacer las preguntas, porque todas las preguntas estaban pauteadas, y cuando preguntaban algo, el ministro hacía callar a la periodista.
Está en la querella el Presidente (Sebastián) Piñera. Recordemos que los subsecretarios (del Ministerio de salud), dijeron que todas las decisiones pasaban por el Presidente Piñera, se lo dice el subsecretario Zúñiga al periodista Tomás Mosciatti. Lo que pasa es que en este país, muy presidencialista, los presidentes son intocables, eso es parte de la cultura política. En otro país hace rato le habrían presentado una destitución o estaría formalizado por delitos, como ocurre en país como Brasil, Perú, y otros. Acá es más difícil porque pareciera que institucionalmente nadie quisiera atacar al Presidente porque se desestabilizaría la política nacional.
Pero nosotros vimos hubo situaciones extremadamente graves y se tiene que hacer cargo desde el Presidente hacia abajo, partiendo por el ministro Mañalich y los subsecretarios por los delitos que cometieron, por ilícitos claros de acuerdo al Código Penal. Hay una negligencia y no les conviene penalizarla, pero cuando hubo otras situaciones similares ellos fueron los primeros que corrieron a Tribunales a presentar las querellas”.
¿Puede avanzar la querella o puede haber presiones políticas que la frenen?
“Siempre que he estado en causas penales, los políticos y clientes que me tocó representar, me hablan de esas presiones políticas que podrían existir. Yo creo en la Justicia, no me dejo caer en las presiones políticas, si creyera que presiones políticas podrían permitir que esta querella no avanzara, no la habría presentado. Lo segundo es que creemos que hay sustento en la investigación, y eso se fue ratificando en el transcurso de la propia indagatoria. Primero se nos dijo que la querella no tenía fundamento, que no sería declarada admisible. Y se declaró admisible. Luego se nos dijo que el alcalde de Recoleta no tenía legitimidad activa y se presentó un recurso por parte de los tres abogados de los querellados, lo discutimos en una audiencia que duró dos días, y se volvió a ganar y el Tribunal declaró que existía legitimidad activa del alcalde de Recoleta. Luego se opusieron al allanamiento del Ministerio de Salud, pero se decretó el allanamiento al MINSAL y se realizaron las diligencias. Luego dijeron que no se podía entregar las fichas médicas, y lo autorizó el Tribunal.
Por lo tanto, si uno ve los hitos que tiene esta investigación, uno podría decir que todo lo que ellos dijeron que no tenía fundamento, lo tenía, lo tiene, y efectivamente la investigación está avanzando no solo porque salimos en la prensa diciendo que está avanzando, sino con resoluciones judiciales y decisiones de los Fiscales.
Ahora, un primer punto será si la Fiscalía se va a convencer de que acá hay delito y pedirá las formalizaciones respectivas. Creo que en esta causa debería haber formalizados, porque hay delitos que son sumamente claros y que se están investigando. Eso debería ocurrir. Si no ocurre, tendrá que haber un fundamento de parte de la Fiscalía de por qué no hay delito, por qué no se va a formalizar, por qué se toma una decisión de no perseverar.
Luego, después de la formalización, si efectivamente habrá una condena, es algo que hoy no podemos determinar porque para la formalización tiene que haber una convicción del ente persecutor de que la conducta configura un delito. Luego, para la acusación y el juicio, tiene que haber la convicción de que tengo la prueba para acreditar aquello y eso es lo que está por verse. Es muy importante que la investigación del Fiscal Carrasco, el allanamiento el MINSAL, todo en el marco de diligencias de la investigación que lo motivaron. Entre otras cosas, hay funcionarios públicos que declararon y dejan en evidencia que las cadenas de mando actuaron de manera negligente.
Esto tiene sustento, la investigación avanza en la medida de las propias diligencias que se han ido requiriendo y esperamos al corto plazo hayan resultados procesales muy importantes. Decir que la Corte Suprema no pude avalar la impunidad, como dije, el escrito de los fiscales Armendáriz y Carrasco es de una contundencia incomparable con las presentaciones que hizo el gobierno, y esperamos que la Corte Suprema esté a la altura y que se pueda allanar el Ministerio de Salud, como se allanan innumerables servicios públicos. Esto no es una excepción. La excepción es que el ministro no quiere que se investigue lo que se está indagando, pero hay infinidad de funcionarios públicos indagados en diversos lugares y se allanan a Ministerio de Vivienda, Municipalidades, y ahora ellos son los que quieren que no se allane para obtener información. Pero esperamos que la Corte Suprema lo permita, esté a la altura y se vayan entregando elementos que permitan llegar a una formalización a corto plazo”.
