La crisis de la institución se prolonga y es cada vez más grave. Lo ocurrido el viernes 2 de octubre en el Puente Pío Nono, es un eslabón más de una larga cadena. Hace ya más de dos años, desde que los escándalos de corrupción interna se unieron a la mascarada de la Operación Huracán y al homicidio de Camilo Catrillanca, para provocar alarma nacional y la exigencia de una Reforma profunda y de la policía, que incluyera temas esenciales, como la dependencia efectiva de la autoridad civil, la especialización de Carabineros, la carrera policial, la transparencia y otros.
El estallido social del 18 de octubre y sus secuelas, mostraron una arista aún mayor al poner de relieve la incapacidad de Carabineros de controlar el orden público en democracia y el recurrente uso de medios y procedimientos reñidos con el respeto de los derechos humanos para reprimir las manifestaciones.
La condena por parte de organismos nacionales e internacionales puso al Gobierno en una coyuntura difícil. Sus respuestas han sido hasta ahora insuficientes o, peor aún, parecen dirigidas a realizar cambios menores y combinarlos con nuevas propuestas represivas que no abordan el problema de fondo.
Carabineros está en una crisis grave y multidimensional que exige cambios mayores en su dependencia, en su orientación, en sus mandos, en su carrera, en su formación profesional, en sus funciones y, sobre todo, en la forma en que se relaciona con la sociedad.
Chile no necesita una policía militar; requiere una policía en democracia, en condiciones de mantener la paz social y prevenir la delincuencia, con pleno respeto a los derechos humanos.
Las exigencias de dar a esos cambios un carácter refundacional aluden a esa necesidad, aunque el término parezca inadecuado.
No se trata de dejar al país sin policía, ni siquiera por un día. La seguridad pública es una función esencial que no puede ser jamás interrumpida. Pero tampoco podemos fiarnos de que la policía se «auto reforme» desde adentro. Sus mandos actuales muestran día a día una aversión al cambio, más inclinados a enfrentar los problemas por medio de las excusas y las relaciones públicas.
Desde luego no es difícil encontrar Carabineros cumpliendo con su deber con eficacia y sacrificio. No son los oficiales jóvenes, ni los suboficiales, ni los carabineros de calle los que están en crisis, sino que son víctimas de procedimientos, protocolos, órdenes equivocadas y una mentalidad militar inadecuada en la democracia.
La salida a esta crisis debe ser buscada por la autoridad civil, por los poderes públicos, en diálogo con la ciudadanía.
Se requiere con urgencia de un Mando Civil, con plena dedicación a la Reforma y con mando efectivo sobre los altos oficiales de las instituciones policiales.
Un Ministerio de Seguridad Pública cuyas autoridades se dediquen de manera exclusiva a esa tarea.
Debe existir una Unidad de Alto Nivel encargada de la Reforma, con poderes efectivos para ello y con autoridad sobre los mandos, para evitar obstrucciones.
Ella debe contar con especialistas civiles y también recurrir a la experiencia de ex altos oficiales que conocen la institución por dentro y quieren ayudar a su urgente cambio.
Los contenidos posibles de una Reforma a fondo de las policías están en el Informe presentado hace nueve meses por la Comisión de Reforma Policial creada en la Cámara Alta por varios senadores y un buen número de especialistas, coordinada por el Senador Felipe Harboe.
Ese Informe fue acogido formalmente por el Gobierno, que prometió considerarlo numerosas veces y ha mantenido con nosotros un diálogo hasta ahora poco fecundo: muchas reuniones, varias promesas, pocas conclusiones.
Ha llegado el momento de cambiar de rumbo y de ritmo.
La Reforma de Carabineros es una tarea urgente, crucial y nacional. Esperamos que el compromiso asumido hace una semana por el ministro del Interior de convocar a una Unidad Coordinadora se cumpla, con una integración competente, plural y efectivamente empoderada.
Los hechos ocurridos el viernes pasado, exigen señales claras. Es indispensable un cambio inmediato en el Alto Mando. El General Rozas no es el problema principal, pero es definitivamente parte del problema. Su salida permitiría aliviar el clima negativo en el cual la crisis se acrecienta. Debe dar un paso al costado, reconociendo la realidad. De lo contrario, el Presidente de la República tiene la autoridad para removerlo.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE LA RAZÓN
Por José Miguel Insulza – Es un abogado, académico, investigador y político chileno, miembro del Partido Socialista. Destacó como ministro de Estado de su país en tres carteras y dos gobiernos, por espacio de más de una década. Desde marzo de 2018 se desempeña como senador por la Región de Arica y Parinacota.
