SANTIAGO – Según un recuento e indagación realizada por el medio de comunicación elsiglo.cl, se acerca al centenar el número de oficiales y funcionarios de Carabineros investigados, imputados, formalizados y procesados por cientos de actos delictivos y represivos cometidos contra ciudadanas y ciudadanos en el último año. Sólo el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó más de 2 mil querellas contra la institución policial. La propia policía uniformada, de acuerdo a comunicaciones formales, efectuó más de mil sumarios internos por no cumplimiento de protocolos y procedimientos. Cargos por encubrimiento, obstrucción a la Justica, asociación ilícita, dolo, fabricación de instrumento público, falsedades, homicidio frustrado y femicidio se cuentan en procesos abiertos en contra de oficiales, suboficiales y funcionarios de Carabineros. La Contraloría General de la República tiene en marcha un sumario en contra de siete generales por faltas en los procedimientos. A eso se agregan delitos financieros e irregularidades en manejo de recursos, como el caso Pacogate, que suma otro medio centenar de altos oficiales, suboficiales y funcionarios formalizados. Cuatro ex generales directores fueron investigados por supuesto mal uso de gastos reservados. Asimismo, oficiales de alto rango fueron formalizados por delitos en el marco de la investigación del montaje para acusar a comuneros mapuches con la Operación Huracán. El prontuario de Carabineros es largo, solo considerando casos del último año y en torno de la revuelta social de 2019. Es más extenso si se va a las décadas pos dictadura -lo que incluye el asesinado de mapuches, de jóvenes, procesos por torturas y abusos sexuales, incumplimiento de protocolos- y aumenta notablemente si se revisa el comportamiento de Carabineros durante el régimen militar, en una continuidad sistemática y extendida de violación a los derechos humanos. Hay una enorme preocupación en la sociedad chilena porque las acciones delictivas e irregulares de los integrantes de la policía uniformada no se detienen y el prontuario aumenta.
Golpizas, disparos, abusos, amputaciones oculares
Están sus nombres en los registros de las más graves violaciones a los derechos humanos e inclusive considerados crímenes de lesa humanidad. Fabiola Campillai y Gustavo Gatica, que quedaron totalmente ciegos por una bomba lacrimógena y proyectiles que lanzaron miembros de la policía; Alex Núñez, trabajador que fue asesinado a golpes por funcionarios policiales en acto del servicio; Marcelo Catrillanca, ejecutado por disparos de un carabinero; y Cristián Valdebenito, muerto tras recibir una bomba lacrimógena en la cabeza.
Son muchos casos más. Como el barrista de Colo-Colo, Jorge Mora, mortalmente atropellado por un vehículo de Carabineros y las golpizas al joven Matías Soto en Puente Alto y al adulto mayor Patricio Bao en la comuna de Santiago. Están en los expedientes el oficial que disparó al interior del Liceo 7 de Niñas, la golpiza a un manifestante en la Plaza Ñuñoa, las quejas y denuncias por abusos y agresiones sexuales, insultos, golpes a transeúntes y casos de torturas, como el denunciado -y que tiene a uniformados formalizados- en la Comisaría de Peñalolén. Poco registrado en los medios tradicionales, estas situaciones son numerosas y repetitivas en la mayoría de las 16 regiones del país. Recientemente se añadió a todo eso el episodio del adolescente arrojado por un carabinero al río Mapocho, lo que generó una crisis política y el estupor en la opinión pública.
Son 2 mil 329 querellas contra Carabineros, solo las presentadas por el INDH. Están registrados más de 2 mil 500 heridos y más de 400 amputados oculares, en el marco de la revuelta social del año pasado e inicios del 2020, y la inmensa mayoría de esos casos fue provocado por el accionar represivo de la policía uniformada chilena.
Frente a esos números, desde organismos de derechos humanos y voces de abogados, se expresa la extrañeza o el contraste en cuanto a que no son más de diez los oficiales, suboficiales o funcionarios procesados y sancionados en Tribunales de Justicia, y no más de 20 los integrantes de Carabineros dados de baja por sumarios internos. Se registraron 64 miembros de la policía uniformada imputados. Como sea, se acerca al centenar el número de carabineros formalizados, imputados, procesados, por episodios delictivos y violaciones a los derechos humanos.
En los datos de los delitos cometidos por la institución policial, se constata que en los casos, por ejemplo, de Catrillanca, Campillai, Gatica y el joven impulsado al Mapocho, la Operación Huracán, oficiales, suboficiales y funcionarios, ocultaron pruebas, realizaron encubrimiento, alteraron partes e instrumentos públicos, mintieron y efectuaron llamadas telefónicas para construir circunstancias falsas o tergiversarlas. La pregunta es cómo no pensar que son métodos establecidos y conocidos entre los uniformados para operar ante ciertos hechos, si se repiten constantemente frente a situaciones delictivas, malos procedimientos o faltas a los protocolos.
De acuerdo a un informe del INDH, entre octubre de 2019 y septiembre de 2020, se registraron 1627 querellas por apremios ilegítimos; 191 por violencia innecesaria; 6 por homicidio; 471 por tortura; 82 por abusos; 12 por lesiones gravísimas; 4 por lesiones graves; 11 por tortura; 38 por homicidio frustrado; 55 por apremios ilegítimos; 1 por disparos injustificados, y 1 por obstrucción a la justicia. La mayoría de esos actos los habría cometido la policía uniformada.
Detalles de casos y casos específicos
Entrar al detalle del prontuario de Carabineros requeriría de un extenso texto. En todo caso, hay algunos que llaman la atención por sus características y revelación del comportamiento de oficiales y funcionarios de la policía uniformada.
De esto no escapan las regiones, sobre todo La Araucanía, y que ratifican modus operandi de los elementos policiales. Está la demanda del Consejo de Defensa del Estado (CDE) a un grupo de carabineros que, en Coyhaique, ocultaron información clave respecto a un ciudadano que ellos quisieron acusar de lanzas piedras y agredir a uniformados. Simplemente hicieron desaparecer las imágenes que exculpaban de todo delito al ciudadano Martín Sanhueza y ocultaron esa información a las autoridades judiciales. El principal responsable fue un coronel, Pablo Capetillo, quien junto a otros siete funcionarios, fue enfrentado a un proceso legal por parte del CDE por obstruir una investigación judicial.
También al CDE llegó el caso del trabajador Alex Núñez, asesinado por un grupo de carabineros durante un procedimiento en Maipú. Se acusó que los uniformados procedieron a “golpearlo de manera aleve y violenta” y que murió producto de un traumatismo encéfalo craneano provocado por la golpiza de los policías. Se supo que el mismo trabajador alcanzó a denunciar, herido, que “lo habían golpeado brutalmente”. La Policía de Investigaciones (PDI) confirmó “la efectividad del hecho denunciado”. Como en otros casos conocidos, desde el CDE se indicó que en la indagación apareció que “al interior de Carabineros existe un concierto entre algunos de sus integrantes para tratar de ocultar” lo ocurrido. El crimen sucedió a metros de la estación “El Sol” del tren subterráneo y se investigó a personal de la 25 Comisaria de Maipú, elementos de motoristas de Carabineros y personal de Fuerzas Especiales. En el caso apareció vinculado el subteniente Gary Valenzuela, quien luego sería arrestado por el femicidio de una carabinera (Ver párrafo más adelante).
Surgieron muchos cuestionamientos y reproches cuando en un mismo día, piquetes de elementos de las Fuerzas Especiales (FFEE) de Carabineros impidieron que funcionarios de la salud -la “primera línea” en el combate al Covid-19 y atención a pacientes- marcharan por la verada y una pista de la Alameda y luego procedieron a atacarlos con chorros de agua, gases y bastonazos, y se llevaron a lo menos ocho detenidos con el pretexto de que infringieron la normativa sanitaria. Pero en la comuna de Las Condes, en esas mismas horas, los carabineros de FFEE no exigieron respetar la normativa sanitaria y le permitieron caminar por la avenida a manifestantes del Rechazo nueva Constitución; para muchos fue indignante cómo los uniformados protegieron y acompañaron esa marcha, y los cuestionamiento se extendieron a través de medios de prensa y redes sociales.
Un episodio no vinculado a hechos represivos pero sí a gravísimos delitos, fue el femicidio cometido por el subteniente de Carabineros, Gary Valenzuela, quien, nada más y nada menos, asesinó a la carabinera Norma Vásquez. Ambos habían mantenido una relación y ella en una ocasión lo acusó de intentar violarla, lo que fue reportado y se decretó que el oficial no podía acercarse a la víctima. Pero éste lo hizo y luego la mató. Un femicidio cometido por un oficial de Carabineros. Se agregó la denuncia de la familia de que la entidad policial nunca hizo algo concreto en relación a Valenzuela y a la carabinera Norma Vásquez. Su hermana, Mariana, declaró a la prensa que “como familia estamos concentrados, primero, en la causa penal, pero vamos a presentar una acción judicial contra la institución por su actuar negligente. A él (el subteniente) no lo dieron de baja (cuando se denunció el intento de violación y la agresión) pese a la denuncia lo separaron del servicio. La institución no le prestó ayuda (a Norma), ni siquiera le dieron días libres y el psicólogo lo tenía que pagar ella”.
Las investigaciones y sumarios de la Contraloría General de la República
En el expediente que se podría abrir a Carabineros de Chile, figura el sumario de la Contraloría General de la República iniciado en contra de siete generales por su responsabilidad en el uso irregular de herramientas disuasivas y no cumplimiento de protocolos de procedimientos durante las manifestaciones de 2019 en todo el país. Gravitaron en este proceso las alrededor de 457 denuncias recibidas en contra de la policía uniformada entre octubre y diciembre de 2019.
De acuerdo a información del ente contralor, en marzo de este año se reportó a Carabineros sobre un sumario administrativo por “once denuncias relativas al incumplimiento del protocolo para el mantenimiento del orden público” de parte de la institución. Se advirtió al alto mando que se había iniciado “un sumario administrativo en Carabineros destinado a investigar los hechos denunciados y determinar eventuales responsabilidades administrativas que puedan afectar a los superiores y personas de dicha entidad”.
La Contraloría tuvo en cuenta, por ejemplo, una circular sobre el uso de la fuerza por parte de la policía uniformada, sobre todo durante manifestaciones y protestas. En una parte, ese texto indica: “El uso de la fuerza fuera de los parámetros permitidos por la ley no solo conlleva responsabilidades individuales por las acciones y omisiones incurridas, sino también la responsabilidad de los mandos llamados a dictar órdenes, supervisar y controlar la legalidad, necesidad de proporcionalidad en el ejercicio de esta por parte de subalternos”.
Antes de esa investigación, la Contraloría había emitido un informe que apuntó a malos manejos de recursos al interior de la policía uniformada, con 596 observaciones, que incluyeron malversación de fondos, se detectaron errores en el manejo de fondos y en cuentas corrientes de regiones.
Entre otras cuestiones, se detectó la concreción de pagos por “asignación de zona” que no correspondía, es decir, que no se materializaron esas asignaciones. En la investigación de Contraloría se hizo ver que a 34 funcionarios de la Región de Valparaíso se les pagó por asignación de zona, “sin que a estos les asista el derecho a percibirla”. Además de pagos de viáticos a carabineros cuando, en realidad, estaban “ausentes de sus funciones”. En el documento se apuntó que “se corroboraron incumplimientos, que trajo consigo un impacto financiero para la entidad, como es el caso de los pagos por concepto de viáticos”.
En una de las partes de un documento emitido por la Contraloría, se indicó: “Se determinó que la totalidad de las Zonas Regionales de Carabineros de Chile administraron en sus respectivas cuentas corrientes internas fondos ajenos a la naturaleza de ésta, los que durante el período auditado ascendieron, a lo menos, a 15.349.259.691 pesos, equivalentes al 52,9% del total de recursos manejados en sus cuentas bancarias internas”.
En ese cuadro, hubo reportes como que el Fiscal Regional de Magallanes, Eugenio Campos, indagó una presunta malversación por 28 mil millones de pesos.
Pacogate, gastos reservados
Es posible que pasen muchos años antes de que salga de la retina de la opinión pública chilena el afamado caso del Pacogate, una operación financiera tramposa e ilegal de amplio y complejo alcance, que significó defraudar al Fisco en más de 28 mil millones de pesos, y que puso a más de cien oficiales, suboficiales, funcionarios, y civiles, en el ojo de una intensa acción judicial.
En ese episodio se pudo comprobar cómo generales, coroneles, mayores, capitanes, suboficiales, subalternos y funcionarios civiles de la policía uniformada fueron capaces de armar un entramado para apropiarse de dineros de la institución y del Estado, en un armazón de mecanismos y organización destinada a cometer los delitos financieros.
La mugre llegó a la cabeza de la organización policial y fue formalizado el general director de Carabineros, Eduardo Gordon. También apareció involucrado el general Flavio Echeverría, que fue Jefe de Finanzas de la institución.
Durante meses de 2019 y 2020, en este rango, las cosas siguieron mal para la reputación y credibilidad de Carabineros de Chile. En un hecho increíble y que dejó en muy mal pie a la institución -pese al esfuerzo de directivos de medios de prensa para no resaltar mucho el caso- se inició un proceso por mal uso de gastos reservados en que fueron involucrados los ex generales directores Bruno Villalobos, Gustavo González, Eduardo Gordon y José Bernales. Es decir, los jefes máximos de Carabineros.
Ellos, junto a familiares y otros miembros de la policía uniformada, formaron parte de la indagación de la Fiscal de Alta Complejidad, Patricia Cerda, por lavado de activos en relación a gastos reservados. Eso llevó, por ejemplo, a investigar el patrimonio de los generales, en advertencia a que tuvieran caudales fuera de lo que se supondría por sus ingresos formales.
Investigación que involucró al general Rozas y al presidente Piñera
En la indagatoria por hechos ocurridos durante la revuelta social del año pasado, la Fiscal Regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, tuvo que incluir al general director de Carabineros, Mario Rozas, por una querella en su contra por crímenes de lesa humanidad. Esta es una de las acusaciones que tiene encima el jefe de la policía uniformada y tiene que ver con el delito de violencia institucional, el presunto mal uso de escopetas antidisturbios e irregularidades en tareas de control del orden público.
Por cierto, en las indagatorias, producto de la querella, estuvieron incluidos el Presidente Sebastián Piñera, los ex ministros de Interior Gonzalo Blumel y Andrés Chadwick, y el Intendente Metropolitano, Felipe Guevara.
En este proceso hay algo particular, y es que la Fiscal Claudia Perivancich solicitó al jefe de Carabineros que informara de “la cadena de mando que ha operado en cada región desde el denominado ‘estallido social’ del 19 de octubre y desde el término de la vigencia del estado de excepción”. En ello quedó claro que a nivel regional hay oficiales perfectamente identificables en esa cadena de mando y son los responsables de las actuaciones de unidades y personal a su cargo.
