LONDRES (Sputnik) — El Gobierno británico está tramitando una ley que permitirá a un abanico de entidades estatales ordenar y autorizar la ejecución de actos criminales por parte de agentes infiltrados y colaboradores del Servicio de Seguridad, conocido como MI5.
James Bond no retomará la acción hasta 2021. El varapalo del COVID-19 ha retrasado una vez más el estreno de su última misión, No time to die (Sin tiempo para morir), que marca además la despedida de Daniel Craig, el sexto 007 «oficial». Para entonces, los agentes secretos del MI5 operarán muy probablemente bajo un marco legal sin precedentes y con «licencia para delinquir» en el Reino Unido, según coincide la izquierda política, los sindicatos y organizaciones de derechos humanos.
Topos protegidos
La reforma se especifica en el proyecto de ley Fuentes de inteligencia humanas encubiertas (conducta criminal), que se está tramitando en el Parlamento de Westminster. Bautizado CHIS (por su abreviación en inglés) y SpyCops (agentes espías), será aprobado, sin apenas obstáculos en ambas cámaras, dada la mayoría de unos 80 diputados que disfruta el Gobierno conservador de Boris Johnson y la decisión del líder laborista, Keir Starmer, de imponer la abstención en sus bancadas.
Nadie discute la necesidad de regular la actuación de los topos del MI5. Pero Alistair Carmichael, portavoz del Interior del partido Liberal Demócrata, da voz a los muchos que cuestionan la ausencia de «límites genuinos, las salvaguardas débiles y la inadecuada supervisión» del escueto borrador, de tan solo once páginas.
De ratificarse en su forma actual, la ley autorizará a distintos entes estatales a dar luz verde para que agentes clandestinos se embarquen en acciones criminales. Ningún delito quedará excluido del campo de acción de los agentes infiltrados, ya sea asesinato, tortura o abuso sexual. Y el derecho a reclamar dichos servicios se extenderá de los cuerpos policiales a la Comisión del Juego, la Oficina de Estándares de Alimentos, la Agencia del Medioambiente y otros más.
El borrador legislativo elimina cualquier supervisión judicial del proceso y deja en manos de los cargos internos el proceso de «emisión de la licencia de conducta criminal», protestó Shami Chakrabarti, anterior abogada general en el «gobierno en la sombra» del laborista Jeremy Corbyn.
La distinguida experta en derechos humanos, que dirigió la ONG Liberty y ahora tiene escaño en los Lores, advierte de que no hay cortafuegos entre «instigadores y observadores» de delitos ilícitos con participación de topos incrustados en movimientos o grupos de protesta. «Imaginemos que a un activista del cambio climático… le tiente salirse del noble y pacífico camino que el movimiento sigue desde hace tiempo… ¿Cómo sabremos si el agitador que dio ese paso era, de hecho, un agente encubierto?», pregunta lady Chakrabarti en una columna de The Guardian.
Rebelión laborista
Hasta 35 diputados laboristas desafiaron las órdenes de Starmer y votaron en contra del proyecto en los Comunes. La izquierda del partido protagonizó la revuelta, que contó con Corbyn y miembros de su viejo equipo directivo que aún aguantaban en la primera bancada de los Comunes, reservada para la oposición.
«Debemos proteger nuestra democracia y libertades civiles con controles y contrapesos potentes. Pero este defectuoso proyecto de ley efectivamente permitirá a los servicios de seguridad, la Policía y otros autorizar actividad criminal, y no hay nada fuera de límites», justificó Dawn Butler, exportavoz en Igualdad y Mujeres.
La sombra del pasado
La labor de agentes infiltrados ha sido particularmente polémica en Irlanda del Norte. Sucesivas investigaciones independientes han desvelado la complicidad de topos del Ejército en asesinatos perpetrados por paramilitares lealistas probritánicos. Así sucedió con la muerte del abogado republicano Patrick Finucane, quien fue abatido a tiros en el comedor de su casa, en presencia de su familia, en febrero de 1989.
Su hijo John es hoy diputado del Sinn Fein. En un viaje reciente a Londres habló claramente en contra de la «intención del Gobierno británico de legalizar la criminalidad, incluido el asesinato» y se preguntó por qué «se niegan a aprender la lección después de haber aceptado» que hubo colusión entre las fuerzas de seguridad y las bandas armadas protestantes de Irlanda del Norte.
Por Por Lourdes Gómez – Lourdes Gómez, periodista donostiarra afincada en Londres, desde hace años cubre la actualidad y la cultura del Reino Unido e Irlanda y corresponsal de la agencia de noticias Sputnik desde su creación en 2014.