SANTIAGO – Con el objetivo de declarar inconstitucional el proyecto de ley que sanciona con cárcel el negacionismo a las violaciones a los Derechos Humanos cometidas por agentes del Estado durante el gobierno militar, la diputada de Renovación Nacional, Camila Flores, acudió hasta el Tribunal Constitucional para ingresar dicha solicitud, la que cuenta con la firma de 56 parlamentarios de Chile Vamos.
«Hoy, nos encontramos precisamente haciendo este requerimiento en el Tribunal Constitucional que busca restablecer un derecho que en toda democracia fuerte, con un cimiento fuerte es fundamental, que es la libertad de expresión. Más allá de las legítimas diferencias de opinión que podamos tener debemos respetarnos y, desgraciadamente con esta norma del negacionismo aprobada en la Cámara de Diputados se va en absoluta oposición a lo que es la libertad de expresión», sentenció la parlamentaria.
Además, Flores subrayó que el proyecto de ley «ni siquiera está cerca de los parámetros internacionales de las normas de libertad de expresión y así lo ha señalado la misma institución Human Rights Watch, quienes han hecho incluso un llamado a que se rechace esta normativa».
En la oportunidad, la abogada también criticó la falta de consecuencia del Partido Comunista, al recordar que «aquellos que en el pasado denunciaron ser perseguidos por sus ideas, hoy pretenden hacer con nosotros lo mismo, perseguirnos porque no pensamos como ellos y además nos pretendan encarcelar por tener una visión distinta».
Consultada sobre por qué no esperaron los cambios que el Senado pudiera hacerle a la denominada ley mordaza y entonces tomar la decisión de recurrir al Tribunal Constitucional, la diputada oficialista defendió la acción apoyándose en la gravedad que significaría aprobar una ley con este nivel de sesgo.
«Es grave y es impresentable lo que se quiere hacer. Nos parece fundamental que estas normativas no pretendan tener ningún buen puerto en nuestro país y cuánto antes se restablezca el imperio del derecho y las libertades de las personas, incluso, cuando nos parezca que estas opiniones no son compartidas y muchas veces nos parezcan erróneas. Es vital que cada persona tenga el derecho a expresarlas libremente y que no exista ni siquiera un manto mínimo de duda a que esto pueda ser conculcado», planteó.
Si bien aclaró que el Senado puede suspender la tramitación hasta que se resuelva esta impugnación por parte de la citada corte, precisó que «tenemos el derecho no solamente de recurrir al Tribunal Constitucional una vez que haya sido una norma aprobada en todos los trámites constitucionales sino también en medio de la tramitación que es lo que estamos haciendo el día de hoy».
Por último, la parlamentaria dijo esperar que «el Tribunal Constitucional realice una estricta observancia de acuerdo a la normativa nacional y a los parámetros internacionales y resuelva conforme a ello. Puede declarar inmediatamente que esta aprobación fue inconstitucional o paralizar la tramitación de la misma hasta que resuelva el Senado».
