Por Francisco Herranz | Chile inicia el difícil camino hacia su Sexta República

Lamentablemente, la participación electoral no se ha recuperado. Llegó al 50,9% de los ciudadanos con derecho a voto. En otras palabras, uno de cada dos chilenos no votó en este plebiscito tan fundamental para su porvenir, lo que no mejora la actual crisis de representatividad y de falta de confianza hacia sus instituciones. Participaron 7,45 millones de votantes, similar a lo que ocurrió en la primera vuelta de las presidenciales de 2013.

El voto y la desigualdad social

«Será un camino largo y duro recuperar el voto de la gran mayoría de los ciudadanos», admitió Marta Lagos, encuestadora y fundadora del Latinobarómetro y de MORI Chile. Otros analistas, con más optimismo, destacaron que en el referéndum entraron entre un millón y un millón y medio de nuevos votantes jóvenes, que los riesgos de la pandemia dejaron en casa a muchos mayores, y que la participación aumentó significativamente en las comunas menos favorecidas de la Región Metropolitana de Santiago.

Otros municipios de esa misma zona votaron mayoritariamente en contra del proyecto. Estas últimas comunas confirman que el problema de la desigualdad social, fortalecida por la segregación urbana, sigue pendiente de ser resuelto. Las más prósperas, como Las Condes, se inclinaron abrumadoramente en contra de una nueva Constitución, porque sus habitantes acomodados quieren mantener sus privilegios sociales.Todo eso es muy destacable, porque esa desigualdad social y la segregación urbana fueron las razones clave que desataron el abrupto estallido social ocurrido en octubre de 2019, cuando el país vivió episodios de vandalismo inéditos, y actos de violencia inusitados, como la quema de estaciones de autobuses, acciones que dejaron, al menos, 34 muertos y miles de denuncias por violaciones de los derechos humanos.

Un domingo tranquilo

Por fortuna, la votación del domingo 25 de octubre se desarrolló sin sobresaltos ni grandes incidentes, aunque había mucho miedo a que pudieran desencadenarse nuevos hechos violentos, como los que ya se habían producido siete días antes. La gente aguardó con estoicismo su turno en las largas colas, consecuencia de las medidas de control de acceso que exigían las autoridades sanitarias para frenar la expansión del coronavirus.

La campaña fue bastante atípica en un país tan polarizado como Chile, con poca tensión entre los partidarios de las dos opciones opuestas. Esa falta de pulso se debió, quizás, a que el resultado era demasiado previsible. En todo caso, las cifras se antojan inapelables. Ganó el sí por el 78,27% en comparación con el 21,73 del no.Estos números abrumadores, sin embargo, no auguran un camino fácil y despejado, sobre todo porque la redacción, aprobación e implementación de la nueva Constitución no solucionará, por arte de magia, las carencias de la población chilena más empobrecida, dificultades que incluyen un acceso más justo a la sanidad y a la educación, y una reforma de las pensiones basadas hasta ahora en planes privados.

Costo político

El proceso tuvo muchos costes políticos y personales en partidos y líderes, tanto de la izquierda como de la derecha. Finalmente, a regañadientes, se puso por delante el bien del país y se estableció un itinerario que tomará dos años completar. Arranca pues la ruta de la legitimación de una nueva Carta Magna, que entierre la que fue impuesta en 1980 por la dictadura militar encabezada por el general Augusto Pinochet. Los chilenos intentan curarse así una especie de complejo democrático de inferioridad.

«Es triste reconocer que, efectivamente, si el país no hubiera ardido de costado a costado, muchos de los cambios que se han hecho no se hubieran generado», declaró el analista político y abogado Jorge Navarrete Poblete.

Es muy frustrante y resulta una ignominia considerar el hecho de que muchos asuntos se podían haber solucionado antes de que la ira del pueblo se desbocará. ¿Por qué ocurrió eso? Porque la clase política chilena no estuvo a la altura de las circunstancias, pensando que los cambios que demandaba en las calles la parte más vulnerable de la sociedad eran inalcanzables.

El mensaje de la extrema derecha, opuesta a la nueva Constitución, es que toda la iniciativa está viciada porque se debió al incontrolado brote de violencia. Quizás no recuerda —o no quiere recordar— que la Constitución de 1980 se hizo en medio de una terrible dictadura militar, con graves violaciones de los derechos humanos, sin registro electoral, sin que la oposición pudiera hacer campaña, con los adversarios políticos perseguidos hasta la muerte, y sin libertad de prensa. ¿Aquello no era acaso un escenario de violencia?

Los miembros de la Convención Constitucional serán escogidos por voto popular en abril de 2021. Los delegados, con una presencia reservada para los indígenas y con paridad de género entre hombre y mujer, es decir, al 50%, tendrán un año para elaborar el documento final.

Luego, en la segunda mitad de 2022, se efectuará un nuevo plebiscito de ratificación mediante voto obligatorio. Cada artículo de la Ley de Leyes deberá contar con dos tercios de los reunidos para que sea admitido, lo que hace prever muchas negociaciones, mucho trabajo. La fórmula consensuada autoriza la entrada de personas independientes, no ligadas a partidos políticos, pero está por ver si podrán realmente acceder a la cámara constituyente por su falta de infraestructura. Ese es uno de los retos. Pero no el único.

Desde su independencia de España en 1810, Chile se aventura por el camino de entrada hacia su Sexta República —la Quinta arrancó en marzo de 1990—, después de haber probado un modelo presidencial fuerte y de corte neoliberal que, evidentemente, ha fracasado.

¿Elegirán los representantes del pueblo una república social y democrática, mantendrán la neoliberal u optarán por otras opciones? Esa es la Pregunta del millón y la respuesta estará en menos de un año.

LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE LA RAZÓN