LA PAZ (Sputnik) — El parlamento boliviano pidió un juicio de responsabilidades contra la presidenta transitoria Jeanine Áñez y procesos ordinarios contra una veintena de sus ministros y jefes militares y policiales, por genocidio y otros delitos derivados de masacres ocurridas tras su ascenso al poder.
El parlamento recomienda «a la Fiscalía General del Estado (…) iniciar juicio de responsabilidades contra Jeanine Áñez Chávez, presidenta transitoria del Estado Plurinacional de Bolivia, por la comisión de hechos ilícitos identificados«, dijo una resolución aprobada por el órgano legislativo.
La resolución fue adoptada por más de dos tercios de la Asamblea Plurinacional, tras la aprobación de un extenso informe de una comisión parlamentaria que investigó en los siete meses pasados la muerte de al menos 26 manifestantes que en noviembre de 2019 pedían la salida de Áñez y el retorno del Gobierno de Evo Morales.
Fue la última decisión aprobada por el parlamento, controlado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), que concluía sus labores para dar paso a una nueva Asamblea surgida de las elecciones generales del 18 de octubre pasado, ganadas por el MAS y su candidato presidencial Luis Arce, que asumirá el 8 de noviembre.
Un decreto clave
Las masacres mayores investigadas ocurrieron al amparo del decreto 4078, firmado por Áñez y sus ministros dos días después de su llegada al poder el 12 de noviembre pasado, que aprobó la participación de militares en operaciones de represión para conservar el orden interno, eximiéndolos de responsabilidades penales.
Ese decreto, señaló el informe, violó la Constitución y convenios internacionales de derechos humanos, y provocó la muerte de 26 manifestantes anti-Áñez, en semanas de conflicto dejaron en total 37 fallecidos incluidos los de otros incidentes, 861 heridos y 1.831 detenidos.
«Este es un día histórico, tomamos la palabra par establecer que no se va a dejar estos hechos en impunidad», dijo el diputado masista Víctor Borda, presidente de la comisión investigadora de las masacres ocurridas en noviembre en Sacaba, pueblo vecino a Cochabamba (centro), y Senkata, barrio de El Alto (oeste).
El informe estableció que los manifestantes murieron por disparos de armas de fuego de uso militar y policial, en algunos casos activadas por francotiradores y desde helicópteros, contrariamente a la versión oficial de que los decesos habrían sido causados por disparos de los mismos civiles movilizados.
Según la resolución, que Borda respaldó con decenas de videos, testimonios e informes externos, como uno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Áñez debería ser sometida a juicio de responsabilidades por genocidio, asesinato, asociación delictuosa y desaparición forzada de personas, entre otros delitos.
La resolución parlamentaria, referida tanto a los sucesos de Sacaba y Senkata como a hechos menores en otros cinco pueblos, recomendó también juicios ordinarios por genocidio contra los 11 ministros que firmaron el decreto 4078, entre ellos la canciller Karen Longaric y los titulares de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Luis Fernando López.
Comandantes militares y policiales nacionales y regionales figuran también en la lista de autoridades contra quienes la Fiscalía debería abrir también procesos penales por genocidio y otros delitos, añadió el informe sobre las masacres.
Si la Fiscalía decide impulsar el juicio de responsabilidades contra Áñez, deberá pedir autorización al nuevo parlamento que asumirá funciones a partir de la próxima semana y presentar luego el caso ante la Corte Suprema de Justicia, según las leyes vigentes.
