SANTIAGO – El curso, creado por la académica del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Universidad de Chile, María José Jorquera, busca preparar a trabajadores de la salud en el Protocolo de Estambul, el cual reúne a un conjunto de normativas que fueron adoptadas por las Naciones Unidas en 1999 como una guía para la evaluación de personas que han sido víctimas de tortura y tratos crueles con la finalidad de apoyar a las investigaciones. Todo esto, a partir del incremento de las consecuencias de la represión luego de la revuelta de octubre del 2019.
A más de un año del estallido social, el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha presentado más de 2500 querellas y acciones judiciales en contra de fuerzas armadas y de orden. La mayoría de estos hechos tienen relación con violencia física, seguido por la violencia sexual y la violencia psicológica, lo que ha sido constatado por organismos internacionales y observadores de derechos humanos que han participado en manifestaciones por todo el país.
Una de las principales herramientas para constatar dichos delitos es el “Protocolo de Estambul”, el cual funciona como una especie de manual para colaborar en los procesos judiciales, además de reconocer y documentar síntomas de tortura con la finalidad de servir como evidencia válida ante los órganos de justicia.
Bajo este contexto es que la académica del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile (APSF), María José Jorquera, creó un curso especializado para capacitar a profesionales de la salud y de la psicología en esta temática, enfocado principalmente en dicho protocolo, con la finalidad de promover el cumplimiento de las obligaciones internacionales adquiridas por Chile y vinculadas a la Convención Internacional contra la Tortura y la Ley Nº20.968, la cual incorpora al código penal chileno el delito de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes.
“Este curso surge producto de la contingencia y del alza de denuncias en relación a tortura y tratos crueles e inhumanos por fuerzas armadas y de orden contra civiles. Nos dimos cuenta de que era una deuda pendiente de muchos años, también para fortalecer la democratización en cuanto a Derechos Humanos”, señaló la académica.
Protocolo de Estambul y reparación a las víctimas
Entre las principales funciones que cumple la aplicación de este protocolo en contextos de violaciones a los Derechos Humanos, es que permite documentar las lesiones físicas y psicológicas de que ha sido víctima la persona denunciante, ayudando a los procesos judiciales para comprender las secuelas que implica, por ejemplo, que el Estado a través de sus funcionarios le cambie el rumbo de vida a una persona sana (como en el caso de las víctimas de trauma ocular, por ejemplo).
Actualmente el organismo que se encarga de aplicar este protocolo es el Servicio Médico Legal, el cual integra esta función a sus otras actividades. Una de las soluciones, según menciona María José Jorquera, podría ser una capacitación estandarizada a profesionales de salud que les permita desarrollar habilidades para aplicar dicho protocolo en, por ejemplo, la atención primaria de salud (APS).
“Desde el APSF consideramos muy pertinente que los profesionales de la salud estén capacitados para aplicar un protocolo de Estambul en la Atención Primaria, para poder ayudar a cualquier víctima que se pueda acercar a algún centro, porque puede que la gente esté yendo al servicio con una serie de sintomatologías que se invisibilizan si no existe el registro de que han sido víctimas de violencia institucional”, indicó Jorquera.
Sobre la reparación para estas víctimas de la violencia institucional, el presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Miguel Astudillo, mencionó que este protocolo y otros instrumentos internacionales, contribuyen en el ámbito legal en llevar adelante medidas legislativas relacionadas con la reparación, verdad y justicia, ya que actualmente sólo existe la documentación auto gestionada por organizaciones de la sociedad civil y observadores de derechos humanos, como es el caso de la Defensoría Jurídica de la U. de Chile.
“Es evidente que el protocolo de Estambul ayuda en tener la documentación que sirva para llevar adelante los casos de tortura y tratos inhumanos que se han vivido en comisarías u hospitales y de esta forma poder judicializar los conflictos, pero no sólo eso, sino que tanto el poder ejecutivo como el legislativo tengan la capacidad de llevar adelante medidas de reparación, verdad y justicia a esas víctimas”, afirmó Astudillo.
En este sentido, la académica APSF cree que es importante que el Estado chileno cumpla a los pactos internacionales a los cuales está adscrito, garantizando el derecho de las víctimas a ser reparadas de manera integral ante este tipo de situaciones.
El curso titulado “Protocolo de Estambul”, en donde aún hay cupos, comenzará el próximo 3 de diciembre a las 14:00 horas y será dictado además por José Quiroga y Ruth Vargas, quienes han capacitado a la red pública de salud (Servicio Médico Legal) en esta materia.
