Resulta paradójico para jóvenes y especialistas en infancia que quienes iniciaron la revuelta social en octubre de 2019 en Chile, saltando los torniquetes del metro, no hayan podido votar en el plebiscito del 25 de octubre por una nueva Constitución. A sus 16 años los chilenos no tienen derecho a sufragio, aunque son penalmente imputables.
Una de las demandas de las organizaciones que trabajan, defiendan y/o acompañan a niñas, niños y adolescentes (NNyA) en Chile ha sido que se baje la edad mínima para votar de 18 a 16 años, incluso a 14 si se trata de elecciones municipales. Una solicitud que cobró fuerza previo al plebiscito del 25 de octubre, considerando la activa participación que tuvieron en el inicio y desarrollo de la revuelta popular.
«En el mes de mayo del 2020 solicitamos tanto al Senado como a la Cámara de Diputados las modificaciones constitucionales y legales necesarias para que los y las adolescentes mayores de 16 años pudieran votar, sobre todo considerando el rol clave que ellos tuvieron en relación con el proceso constituyente. Desafortunadamente no surtió efecto, y hasta la fecha no tenemos una respuesta», señala a Sputnik la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz.
La abogada explica que uno de los aspectos centrales del trabajo de la Defensoría de la Niñez es lograr espacios de «participación incidente para niños, niñas y adolescentes en los distintos ámbitos de su desarrollo», y en todas aquellas esferas en las que se definen y debaten situaciones que les puedan afectar.
Por primera vez, se reconoce normativamente a este niño o niña como sujeto de derechos, cambiando totalmente el patrón tutelar anterior donde los niños no eran reconocidos en su calidad de sujetos de derecho y existía, además, todo un sistema de intervención en una línea protectora. Recordemos también que hasta ese entonces, hablábamos de menores de edad y de personas con o sin discernimiento, por lo que hay figuras sustantivas que cambian.
«Es por ello que uno de los mecanismos de participación incidente es precisamente la emisión del voto, del sufragio, considerando el principio de autonomía progresiva», puntualiza Muñoz, quien aclara que a los 16 años ya existe, en los y las adolescentes, un proceso de desarrollo que favorece el compromiso con espacios de participación ciudadana.
Para el vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), Marcos Fauré, el fracaso de la iniciativa que buscaba permitir el sufragio para el plebiscito del 25 de octubre va mucho más allá del voto.
«Sabemos por qué nos dejaron fuera del proceso constitucional, y que tiene que ver con que nosotros, nosotras, nosotres no estamos dispuestos a ceder ni un centímetro en nuestras demandas como tampoco a nuestra dignidad, porque no tenemos nada que negociar», expresa a Sputnik.
Que se les haya excluido de ese proceso plebiscitario, según el vocero, es porque saben cuál es la postura histórica de los secundarios, «la que quedó bien demostrada en las calles desde el 18 de octubre [de 2019], incluso antes».
«Porque no nos sentamos a negociar con ellos, porque no creemos en sus instituciones, no creemos en sus bonitas palabras, porque nunca nos han escuchado. O sea, cada vez que nos han dicho que nos van a escuchar en sus mesas de diálogo, al final y al cabo terminan usándolo solo en términos comunicacionales y no para hacer cambios efectivos en nuestro país», resalta Fauré.
La otra cara de la moneda
Lo que resulta más contradictorio para los involucrados es que a los NNyA no se les permita votar pero, sin embargo, sí se les pueda penalizar. En Chile, tras la entrada en vigencia en 2007 y la aplicación en 2008 de la ley de Responsabilidad Penal Adolescente, se cambió la concepción sobre niños y niñas frente al ordenamiento jurídico. Si bien, se recogen las recomendaciones de los tratados internacionales en materia de infancia y juventud, establece que a los adolescentes mayores de 14 y menores de 18 años se les puede exigir responsabilidad por los delitos cometidos, reconociéndose para ello las garantías de un debido proceso penal.
Este sistema está determinado por la Ley Nº 20.084 y reconoce a esos menores infractores la calidad de sujetos de derechos, teniendo en cuenta su edad y las particularidades propias de su grado de desarrollo. Sujetos de derechos pero que no pueden emitir su sufragio. Desde la Defensoría de la Niñez opinan que la falta de respuesta del Congreso hasta la fecha a la solicitud para que NNyA puedan votar devela «la ausencia de voluntad política». A su juicio resulta muy negativo, porque «se les priva de participar de manera directa en aquellas decisiones que tienen que ver con todo lo que se vincule a la redacción de una nueva Carta Fundamental, en la que por cierto nosotros creemos que no hay ninguna posibilidad de que sigan quedando excluidos niños, niñas y adolescentes», advierte Muñoz.
Para la ACES, en todo caso cualquier avance que permita más participación es positivo, pero aclaran que esto no puede quedar tan solo en el derecho a voto, sino que también deben tomarse en cuenta el trabajo de «los territorios, las asambleas territoriales, en las cuales participamos estudiantes secundarios y secundarias, en las cuales participan y han existido instancias de cabildos, de asambleas, de espacios de reflexión y también en el fondo de construcción de saberes, de recopilación de saberes de niños, niñas, niñes, y que son profundamente válidos y que deben tener cabida de una u otra forma».
Saberes y experiencias que deben ser considerados, porque los NNyA son parte importante de la sociedad y cada vez más buscan formas de ser escuchados, como lo confirma la defensora Patricia Muñoz, a partir de un estudio de opinión que la Defensoría realizó, y «donde queda muy de manifiesto el interés que ellos y ellas tienen en participar».A ella no le cabe duda de que, y a partir de lo ocurrido en la votación del 25 de octubre, si los adolescentes de 16 años en adelante hubiesen podido votar, «su participación habría sido muy masiva en el plebiscito». Opinión que se refuerza al conocer las cifras de la ONG World Vision Chile que organizó para la fecha un plebiscito online en donde participaron más de 17.000 niños, niñas y adolescentes, demostrando sus ganas de ser parte del proceso.
— World Vision Chile (@WorldVisionCHL) October 26, 2020
Un interés que no se traduce en medidas concretas por parte de la clase política, lo que para Patricia Muñoz se debe a que «existe un cierto miedo a que ellas y ellos puedan participar de estos procesos, y cómo aquello podría modificar de alguna forma la lógica política en términos de la incidencia que puedan tener con sus votos». Porque para la abogada los y las adolescentes han sido motor de cambio desde hace mucho tiempo y en definitiva «eso en algunas personas genera un cierto temor de que las cosas pudieran cambiar».
Para la ACES la falta de voluntad política tiene que ver con «proteger los intereses de los más poderosos, los más ricos, porque saben cuáles son nuestras posturas, saben cuáles son nuestras demandas y van en completa contradicción, en un sentido completamente opuesto a las medidas neoliberales».
Son peticiones que van, según el vocero, en contra «de las medidas de precarización de la vida que han ido imponiendo constantemente e históricamente tanto a los sectores de Concertación, o del Frente Amplio, que ahora se muestran como supuestamente renovados y con voluntad de cambio, como también la derecha más pura y dura de este país».
Según la Defensoría, hay gente que le tiene miedo al cambio, de ver la posibilidad de que un número importante de adolescentes se sumen al padrón electoral, «y con ello al votar, obviamente al manifestar sus preferencias y las convicciones que tienen en relación con el mejor país que pretenden construir».
La voz de las nuevas generaciones
trario, somos sujetos a los cuales hay que reprimir, a los cuales hay que hacer callar, o al menos esa es la visión que tiene el Gobierno».Por ello considera que se debe seguir avanzando en la «conquista de derechos para el pueblo en su conjunto. Porque sabemos que en una urna no se consigue cambiar todo lo que hemos cambiado durante los últimos meses».
Si Chile ha avanzado en las propuestas sociales «no fue por las urnas, no fue por algún candidato, sino que fue justamente por la protesta popular, por la movilización social, por otras formas de construcción y de participación popular en el fondo, tanto en las asambleas territoriales como las asambleas, dentro de los propios liceos, las evasiones masivas que nos tienen en el momento en el cual estamos hoy en día».
En ese sentido, Fauré insiste en que hay que avanzar con el derecho a voto, pero ir más allá, porque «se deben escuchar también a quienes son menores de 16 años o de 14 años, que también son sujetos de derecho y que también tiene opinión y sentires y son parte importante de lo que somos hoy día como sociedad».
El 11 de abril de 2021 serán las elecciones para escoger a las y los constituyentes para la Convención que se encargará de redactar la nueva Constitución de Chile, tiempo en el que se abrirá nuevamente la discusión sobre la participación de NNyA en el proceso constituyente, y la necesaria contribución que ellos pueden hacer a esta instancia.
Aporte que, para Patricia Muñoz, los NNyA hacen a diario, pese a que los adultos le dejan nulo espacio a nivel institucional, «porque la estructura del Estado no ha entendido ni internalizado aquellas exigencias que nos impone desde hace 30 años la Convención sobre los Derechos del Niño, dentro de las cuales está indudablemente el derecho a ser oídos y obviamente con ello la participación».Con lo que se lograría, según la abogada, el desarrollo de un país más igualitario, más tolerante, «con respeto a la diversidad, que no discrimine, porque ellos y ellas se comportan habitualmente así». Con la exclusión, detalla Muñoz, «nos privamos de ese particular, único y valioso punto de vista, y nosotros seguiremos instando como defensoría de la niñez para que eso deje de ocurrir y para que en el máximo de las instancias posibles puedan ser escuchadas sus voces de manera directa».
Para Marcos Fauré, «el aporte de las voces de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, estudiantes secundaries es justamente seguir corriendo cercos, seguir presionando al sistema que está hoy en día y seguir imaginando por sobre todo, imaginando y construyendo la sociedad que queremos, la escuela que queremos, el barrio que queremos, que es justamente lo que hemos venido haciendo desde el 18 de octubre en adelante y que nadie va a parar ni con un plebiscito ni con ninguna otra medida o salida institucional que deje por afuera al pueblo», concluye.
Por Carolina Trejo – Licenciada en Historia y Comunicación Social y Periodismo. Ha sido periodista de investigación y realizadora en televisión durante los últimos 20 años. Comenzó en 1997 en el programa de reportajes con más antigüedad de la televisión pública chilena, Informe Especial y luego se incorporó al área de reportajes de Canal 13, donde ejerció de directora, editora y guionista en diferentes proyectos documentales. Ha recibido premios del Consejo Nacional de Televisión de Chile, fue finalista del Premio Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo en 2014. Actualmente es académica de la Escuela de Periodismo de La Universidad de Chile y la Universidad de Santiago.
