Una jueza estadounidense de Nueva York aceptó la petición de la Fiscalía de EEUU de desestimar los cargos de narcotráfico y lavado de dinero contra el exsecretario de Defensa de México, general Salvador Cienfuegos, por los cuales fue detenido en ese país el 15 de octubre pasado, para que después sea investigado por la justicia mexicana.
«La jueza de la Corte del Distrito Este de Nueva York, Carol Bagley Amon, aceptó la petición del Gobierno de EEUU para desestimar los cargos en contra del general Salvador Cienfuegos y ponerlo a disposición del Gobierno de México para su investigación en nuestro país», informó la Cancillería mexicana en su cuenta de Twitter.
La jueza de la Corte del Distrito Este de Nueva York, Carol Bagley Amon, aceptó la petición del Gobierno de EE.UU. para desestimar los cargos en contra del general Salvador Cienfuegos y ponerlo a disposición del @GobiernoMX para su investigación en nuestro país.
— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) November 18, 2020
La magistrada preguntó al fiscal del distrito neoyorkino de Brooklyn, Set DuCharme si la decisión para desechar la acusación la tomó personalmente el procurador general de EEUU, William Barr, lo cual fue confirmado por la parte acusatoria, según el relato publicado por el periódico a mexicano El Financiero citando a periodistas que reportaron la audiencia.
La magistrada preguntó además si el acusado estaba de acuerdo en que sea desechada la acusación, a lo cual su abogado también respondió en forma afirmativa.
Amon preguntó al general Cienfuegos si entendía el acuerdo entre la Fiscalía de EEUU, que encabeza Barr, y la Fiscalía General de México para sacarlo de EEUU para enfrentar los cargos en México.
«Sí señora, sí estoy de acuerdo», respondió varias veces el general mexicano de cuatro estrellas.
Poco antes, el canciller mexicano Marcelo Ebrard dijo que Cienfuegos será trasladado a México por el Cuerpo de Alguaciles de EEUU, pero no en calidad de detenido porque han sido desestimados los cargos, sino en libertad, en calidad de ciudadano mexicano repatriado.
«¿En qué calidad viene?, como ciudadano en libertad, no viene como un detenido», subrayó Ebrard junto al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Tras una gestión diplomática, en una decisión sin precedentes, mediante un acuerdo entre Barr y el fiscal general mexicano, Alejandro Gertz Manero, la Fiscalía de EEUU hizo la solicitud a la jueza Amon, para que Cienfuegos enfrente la justicia en su país, pero el expediente que las autoridades mexicanas desconocían, recién llegó hace seis días.
«Confianza» en justicia mexicana
En un segundo mensaje, la Cancillería señaló que esta decisión va en línea con la Declaración Conjunta de los fiscales generales de ambos países, anunciada la tarde del 17 de noviembre, luego de una gestión diplomática para solicitar a la jueza que desestime los cargos.
«Es una muestra de la solidez de la relación bilateral y la confianza del Gobierno de EEUU en las instituciones de justicia mexicanas», dijo la secretaría de Relaciones Exteriores.
Las decisiones posteriores de la Fiscalía mexicana «dependerán de la investigación, de las pruebas, de su valoración de las pruebas, y de todas las diligencias que tiene que llevar a cabo la Fiscalía General, que tiene apenas seis días desde que llegó este expediente para sustanciarlo», anticipó Ebrard.
Según los fiscales estadounidenses, la acusación se basa en miles de mensajes en dispositivos BlackBerry de telefonía celular del general Cienfuegos, interceptados por las autoridades estadounidense mientras era secretario de Defensa Nacional.
La imputación basada en pesquisas de la Agencia Antidrogas de EEUU (DEA, en inglés) señala que Cienfuegos ayudó al llamado Cartel H2, heredero del mermado Cartel de los Hermanos Beltrán Leyva, a cambio de sobornos.
Aparte de impedir acciones militares contra ese grupo del crimen organizado, el alto jefe castrense habría ordenado operaciones contra las organizaciones rivales, y habría facilitado el tráfico ilegal marítimo y terrestre de drogas al país vecino.
El canciller detalló que, para la decisión sin precedentes de un fiscal general estadounidense, fue invocado un acuerdo de 1992, sobre la agencia antidrogas de EEUU (DEA) que habría sido violado en este caso.
Ese pacto establece la obligación de compartir información y actuar con base a las leyes mexicanas.
