QUITO (Sputnik) — El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, pidió la renuncia del gobernador de la provincia amazónica del Napo (este), Patricio Espíndola, por enjuiciar a un periodista que cuestionó su gestión durante la crisis sanitaria por el COVID-19.
«El gobernador, con su derecho, ha enjuiciado al señor periodista, pero también el Gobierno, con su derecho, ha pedido al gobernador que presente su renuncia; él como ciudadano podrá seguir todos los juicios que quiera, pero como representante de la política de Gobierno de tolerancia y de respeto no puede hacerlo», dijo Moreno en el programa De Frente con el Presidente, transmitido en cadena radial.
Agregó que los gobernadores, como representantes del Ejecutivo en las provincias, deben estar al tanto de las políticas de Gobierno como son la tolerancia y el respeto a la libertad de expresión, anunciadas al inicio de su gestión.
El sábado, varias organizaciones y gremios de periodistas de Ecuador, entre ellas Fundamedios y la Unión Nacional de Periodistas (UNP), expresaron su preocupación por un fallo de la Corte Provincial del Napo que ratificó una sentencia a diez años de prisión contra el periodista del portal Tendencia Digital, Juan Sarmiento.
De esta forma, el poder judicial respondió ante una demanda planteada por el gobernador Espíndola, luego de que el comunicador criticara su gestión sobre el manejo de la crisis por el COVID-19, lo que desató una serie de reacciones por parte de los habitantes de esa provincia.
De acuerdo con Fundamedios, en mayo el periodista publicó en su cuenta de Facebook un video en el cual el gobernador decía «si quieres hacerte una prueba rápida de COVID-19 hagamos lo que él hizo, en un laboratorio privado».
Sarmiento habría acompañado el comentario con cuatro preguntas: «¿Es en serio Gobernador? ¿A ese nivel de miseria humana le llevó el puesto? ¿Tiene idea la estupidez que dijo? ¿Qué pasará con las personas que viven con un dólar diario?».
Para los gremios de periodistas, la sentencia en contra del comunicador significa una grave vulneración a la libertad de expresión y un claro mensaje que busca inhibir el escrutinio público y la crítica legítima a la gestión pública de los funcionarios.
Además, señalaron que el fallo viola tratados y sentencias internacionales, así como una sentencia dictada en septiembre por la Corte Constitucional (CC) de Ecuador a través de la cual se hizo un llamado a respetar los estándares de libertad de expresión.
