SANTIAGO – Una delegación de diputadas y diputados de oposición visitó este lunes a los presos políticos recluidos en la Cárcel de Máxima Seguridad, para constatar las condiciones en la que se encuentran, pedir el fin de las medidas de aislamiento y anunciar la presentación de un proyecto de indulto general para los prisioneros de la revuelta social.
Las y los legisladores, Camila Vallejo, Gael Yeomans, Maite Orsini, Claudia Mix, Boris Barrera, Amaro Labra, Tomás Hirsch y Gonzalo Winter se reunieron con Jeremy Ramírez y Omar Jerez, quienes se encuentran en condición extrema de castigo, sin tener contacto con otros prisioneros, lo que constituye una violación a los derechos humanos, de acuerdo a lo señalado por las y los parlamentarios.
Desde el mes de marzo, los prisioneros tienen prohibidas las visitas por lo que, desde el viernes 27 de noviembre, en distintas ciudades del país los familiares comenzaron un ayuno exigiendo que se termine con esta medida. La acción de los familiares se extenderá hasta el 10 de diciembre con una gran jornada nacional de protesta.
El diputado Boris Barrera señaló que “su libertad es justa y necesaria sus visitas fueron suspendidas desde marzo con el argumento de la pandemia. Sin embargo, vemos los Metros, las micros, los malls colapsados de gente sin ninguna medida de seguridad y acá como una medida política de este gobierno, de castigo, los tienen sin visita”.
Agregó que espera que “el gobierno se haga cargo de esta demanda. Que se reanuden las visitas y se conceda la libertad de todos los presos y presas políticas de la revuelta que son los que han permitido por medio de la justa protesta del pueblo, que estemos pensando en cambiar este modelo económico neoliberal a través de la una nueva constitución”.
La vocera de los presos políticos de La Granja, María Marchant señaló que “el Estado chileno tiene secuestrado a nuestros jóvenes por tener un pensamiento distinto, por no conformarnos en hacer vida social en un consultorio. Nosotros le exigimos al país y a los diputados que nos apoyen en el proyecto de ley que se está redactando junto a los familiares para la libertad absoluta de nuestros presos”.
En tanto, la diputada Claudia Mix indicó que “hemos tenido varias reuniones con Gendarmería, donde hemos planteado la necesidad de revisar las medidas cautelares, cuestión que en nuestro país se ha transformado en un hábito desde la dictadura. Vamos a impulsar con fuerza esta iniciativa que permita terminar con este arresto, con esta condición injusta que viven hoy día más de 500 luchadores sociales en las distintas cárceles del país”.
A su vez, el diputado Gonzalo Winter precisó que “el gobierno de Sebastián Piñera está utilizando la prisión preventiva y la Ley de seguridad interior del Estado como herramienta de control y castigo político a sus adversarios y a quienes piensan distinto. Esto es completamente inaceptable en un Estado de derecho. Por eso hoy nos hacemos parte y apoyamos una ley de indulto”.
La diputada Maite Orsini dijo que “desde hace unas semanas estamos trabajando con familiares de personas que se encuentran injustamente en prisión a propósito de hechos ocurridos en el marco del estallido social. Hemos aportado en el trabajo técnico para avanzar en su liberación, así como hoy vinimos a visitarlos para conocer su estado y decirles que no están solos, que no los dejaremos solos y que exigiremos justicia”.
Los y las diputadas de oposición, junto al senador Juan Ignacio Latorre y el equipo del senador Alejandro Navarro, participan en una mesa técnica con los familiares de los presos políticos para elaborar un proyecto de ley de indulto general.
La huelga de hambre
La visita de las y los parlamentarios se produjo cuando en el interior de la Cárcel de Alta Seguridad se comenzaba una huelga de hambre líquida e indefinida de los detenidos durante el estallido social, reclamando “la restitución de las visitas en un irrenunciable marco de dignidad”.
En un comunicado, los presos políticos indicaron que “durante todo este tiempo hemos sido destinatarios de las políticas de castigo y aislamiento por parte del Estado y sus leyes silenciosas de control social”.
Se sostuvo que “ya vamos para los 9 meses sin poder ver ni abrazar a nuestros afectos y amores resultado de las restricciones impuestas por la autoridad bajo el eufemismo de ser ‘población de riesgo’ en el contexto de la pandemia, sin embargo durante todo este tiempo hemos visto el ir y venir de gendarmes hacia sus casas manteniendo ininterrumpidamente un trato directo con nosotros sin ninguna medida de protección real salvo las mascarillas”.
Los detenidos a raíz del estallido social, manifestaron en el texto difundido que “nada justifica la prolongación del aislamiento salvo la decisión política de un Gobierno inepto y represivo que somete a las personas más humildes a un sistema de opresión y miseria.
Nos cansamos de ver como la podrida clase política olvida a las personas presas y a sus familias. No podemos seguir esperando sus propuestas inhumanas de visitas mientras las playas, los lugares de diversión, las ciudades todas funcionan en esta nueva normalidad”.
