Un informe presentado por la comisión sobre Política de Drogas en el Hemisferio Occidental ante el Congreso de Estados Unidos destacó como una «necesidad urgente» reevaluar la Iniciativa Mérida a fin de mejorar la cooperación en el combate contra el narcotráfico entre la Unión Americana y México.
Como argumento, la comisión recordó el caso del exsecretario de la Defensa mexicano Salvador Cienfuegos, quien fue acusado de narcotráfico por la Corte federal de Nueva York y, posteriormente, fue trasladado a su país una vez que todos los cargos en su contra se retiraran.
Este hecho «ha socavado la confianza y podría amenazar la colaboración en el futuro«, por lo que establece que los «dos países necesitan diseñar una nueva versión de la Iniciativa Mérida basada en objetivos mutuos y métricas claras para evaluar su desempeño en adelante», propone el informe, citado por El Universal.
La Iniciativa Mérida, firmada por Felipe Calderón y George Bush, busca construir «una nueva arquitectura para la cooperación bilateral» en materia de seguridad.
El documento citado por el medio fue presentado a principios de mes ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes estadounidense. Entre sus conclusiones, apunta que a 13 años de la implementación de la Iniciativa Mérida no se han obtenido los resultados esperados.
Aun así, la comisión sobre Política de Drogas explicó que México y Estados Unidos pueden aprender de lo conseguido, a fin de iniciar un nuevo proceso en donde los objetivos y responsabilidades de ambos países en el combate al narcotráfico sean «tan transparentes como sea posible».
Entre las propuestas de los especialistas, se menciona la necesidad de que la asistencia de Estados Unidos a México se enfoque en las instituciones federales. No obstante, también exhorta a Washington a trabajar «de cerca con autoridades locales y estatales [mexicanas] para desarrollar programas policiales y de violencia preventiva que puedan replicarse por todo el país».
Por último, el reporte alerta sobre las consecuencias que podría tener la propuesta de la administración de Donald Trump para reducir hasta 60% los recursos asignados a la Iniciativa Mérida en 2021.
«Estados Unidos no puede controlar el narcotráfico sin controlar la demanda de Estados Unidos», señalaron.
Por ello, la comisión urgió a Washington a reforzar su control sobre el flujo de armas que cruza hacia México, mediante la entrega de más recursos a las agencias encargadas de combatir el mercado ilegal, así como para mejorar el sistema de rastreo e investigar los casos de contrabando de armas.
Sobre el caso Cienfuegos, el exembajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, indicó recientemente que la captura y liberación del exsecretario de la Defensa mexicano dio muestra de los desafíos que enfrentan ambos países en su lucha conjunta contra el narcotráfico.
«Construir confianza entre Estados Unidos y México ha sido un desafío constante en los esfuerzos contra el crimen interfronterizo. A lo largo de los años, ha habido múltiples acusaciones sin verificar de autoridades de seguridad compradas por los criminales. Estados Unidos ha trabajado en administrar este desafío, mediante el desarrollo de sistemas para monitorear y contener a personas involucradas con la cooperación sensible y con la asistencia de la Iniciativa Mérida, para integrar unidades de asuntos internos y otros sistemas de monitoreo de la corrupción. Aun con la participación de mexicanos confiables, los sistemas seguían siendo falibles y necesitaban refuerzos, dada la coerción y el dinero disponible de los grupos criminales», apuntó a Infobae.
Ante esta perspectiva, dijo que la investigación sobre el caso Cienfuegos en México pone en la mesa la importancia de que las autoridades del país latinoamericano y Estados Unidos revisen sus esquemas de cooperación, así como los mecanismos para monitorear y prevenir la corrupción y la influencia criminal en ambos lados de la frontera.
Salvador Cienfuegos fue detenido el 15 de octubre en Los Ángeles, Estados Unidos, acusado por la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de conspirar para traficar drogas hacia Estados Unidos, lavado de dinero y asociación delictuosa.
Sin embargo, el 17 de noviembre el Departamento de Justicia de Washington anunció que retiraría los cargos en su contra, luego de que acordara con la Fiscalía General de la República (FGR) mexicana que el exfuncionario sería investigado y, de ser necesario, procesado bajo las leyes de su país.
