En julio, José Miguel Viñuela, uno de los animadores más importantes de la televisión chilena, inició su programa ‘Mucho Gusto’ bailando, haciendo bromas y juegos. Entonces, se acercó a uno de los camarógrafos y le dijo: «tú tienes el coronavirus en el pelo». El animador tomó una tijera y cortó la brillante y larga cabellera del empleado.
Las risas que probablemente habrían explotado hace un par de años, cuando era recurrente ver a animadores hacer este tipo de «humoradas» en televisión, esta vez no llegaron. El canal recibió miles de denuncias acusando abuso de poder y humillación. Viñuela fue expulsado del programa y hoy enfrenta una demanda por 135.000 dólares.
El animador olvidó que la crisis social que estalló en octubre de 2019 generó en Chile un proceso de cambios sociológicos y políticos que alcanzó múltiples ámbitos, incluso la televisión, creando una ciudadanía mucho más crítica y empoderada frente a las situaciones de abuso.
El movimiento que se gestó de forma violenta, con incendios, saqueos y destrucción, terminó canalizando en un proceso pacífico con amplio apoyo popular, bajo el lema Chile despertó y no quiere más abusos. Esta consigna permitió desplazar barreras que antes se creían inamovibles, como la Constitución o los sueldos de los parlamentarios, con una fuerza imparable, denominada «estallido social».
Los cambios impensados
Una de las principales demandas de las masivas manifestaciones ciudadanas era terminar con los privilegios de la élite. Y rápidamente apuntaron a los 198 políticos que están cómodamente sentados en sus escaños parlamentarios.
En junio de este año se aprobaron dos reformas impensadas años atrás. Los sueldos de todos los parlamentarios bajaron un 25% y se les prohibió postularse más de dos veces seguidas al mismo cargo. Esto terminó con dos injusticias:
- los representantes dejaron de ganar 29 veces más que un sueldo mínimo mensual;
- aquellos legisladores que ya llevan 30 años instalados en el Congreso deberán abandonar el edificio el próximo año.
Pero los chilenos no quedaron conformes y fueron por más.
En julio se modificó uno de los sistemas más representativos del modelo neoliberal extremo impuesto durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990): las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). El Congreso aprobó una reforma que permitió a las personas retirar hasta el 10% de su fondo de pensiones para enfrentar la crisis del coronavirus.
La semana pasada se aprobó el segundo retiro del fondo de pensiones y algunos parlamentarios ya preparan el proyecto para un tercero. Los dueños de las AFP transpiran y el modelo se tambalea.
«Este es uno de los enclaves de la dictadura que aún permanece vigente y que, sin el estallido, probablemente habrían sido imposibles» de cambiar, dijo a Sputnik el sociólogo Alberto Mayol, académico de la Universidad de Santiago y exprecandidato presidencial de la coalición de izquierda Frente Amplio.
Mayol, autor del libro Big Bang, donde recorre los entresijos de la explosión social, explicó que por primera vez en 40 años los chilenos sintieron que ese dinero era suyo y no de alguna de las seis compañías privadas que controlan el sistema.
«Las AFP eran nuestra piedra de tope con las élites. Y ahora que se permitieron los retiros, el sistema también está en entredicho», afirmó.
Asimismo, aseguró que otra consecuencia es que el Gobierno de Sebastián Piñera quedó debilitado institucionalmente tras el estallido.
«Por su Gabinete han pasado cuatro ministros del Interior, algo jamás visto desde el retorno a la democracia en 1990», dijo el especialista.
Andrés Chadwick, Gonzalo Blumel y Víctor Pérez dejaron sus cargos con polémicas salidas, principalmente vinculadas a casos de abuso policial contra manifestantes, mientras que Rodrigo Delgado, quien asumió el cargo a comienzos de noviembre, debió lidiar con la renuncia del director de Carabineros, Mario Rozas, tras un tiroteo protagonizado por policías en un centro de cuidado de menores de edad.
«Todas estas situaciones tienen a Piñera como el presidente con la aprobación más baja de la historia», señaló Mayol, recordando que el mandatario cuenta solo con un 12% de respaldo en las encuestas, y que en los periodos más complejos apenas seis de cada cien personas avalaban su gestión.
Nueva constitución
Para el escritor Patricio Fernández, director de la fundación Espacio Público y autor del libro Sobre la marcha: Notas acerca del estallido social en Chile, al igual que para gran parte de la ciudadanía, el principal cambio es el proceso constituyente que comenzó el 25 de octubre pasado con el plebiscito nacional.
«Es la consecuencia más importante de todas. Cambiar la constitución política es el paso más radical que puede dar una república», afirmó el escritor en conversación con Sputnik.
El estallido social «dejó en evidencia que había un enorme mundo de grupos excluidos de la sociedad, y no solo estoy hablando de los pobres, sino que de las personas de la diversidad sexual, personas en situación de discapacidad, las tribus urbanas, los pueblos originarios y muchos invisibilizados, y esta es la oportunidad para que todas esas voces ocupen un nuevo rol en la sociedad», explicó.
Mayol coincidió con Fernández en la lectura de la importancia del proceso constituyente, aunque afirmó que el objetivo principal es modificar el sistema económico neoliberal impuesto durante el régimen de Pinochet.
Y para eso, utilizó una analogía histórica. «Este modelo fue creado para Chile y posteriormente expandido a diversas partes del mundo, y es posible que, al igual que el Muro de Berlín, el sistema termine cayendo y dando pie a que otros países también derrumben sus muros neoliberales», ejemplificó.
En 2022, la asamblea constituyente habrá terminado su discusión y los chilenos votarán para ratificar la nueva carta magna.
De esta manera, es posible que el muro se derrumbe, pero no a mazazos, sino en las urnas.
Francisco Bravo Atias – Corresponsal en Chile de Sputnik desde 2017. Anteriormente trabajó en los diarios La Segunda y El Mercurio. Graduado de periodismo de la Universidad Diego Portales de Chile.
