TEMUCO – Impactó en la opinión pública la imagen de cuatro funcionarios de la Policía de Investigaciones agarrando con fuerza a una niña de siete años, ella con su vestimenta indígena, ellos con cascos, pistolas y protectores de seguridad. Era la hija del comunero Camilo Catrillanca asesinado por Carabineros. Antes, numerosos funcionarios de la policía civil habían detenido con fuerza a la madre y esposa de Catrillanca.
También impactaron las imágenes de 850 detectives en 200 vehículos blindados, armados con subametralladoras y pistolas, escopetas de perdigones, con tenidas de combate, utilizando dos helicópteros y varios drones, todo destinado a entrar en Temucuicui, en un procedimiento para dar con drogas y armas. Pero con ese número de fuerzas y equipos, estaba claro que se trataba de copar toda la zona de manera indiscriminada. Se vieron decenas de imágenes por redes sociales del enorme operativo.
En medio de todo, sin que hasta el momento estén claras las circunstancias, murieron por disparos el subinspector Luis Morales del Equipo de Reacción Táctica (ERTA) y el empresario agrícola Orwald Casanova, militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI). Todo en circunstancias extrañas, al punto que el hermano del subinspector emitió un comunicado cuestionando el operativo, y donde algunos medios de prensa locales hablaron de grupos con “armas poderosas” ligados al negocio del robo de la madera, mientras extraoficialmente desde el gobierno se quiere instalar que esto tiene que ver con los mapuches.
Esos casos tendrían semejanzas con el carabinero asesinado hace un par de meses, con poderosas armas, y donde todo apunta a grupos delictivos profesionalizados y que estarían vinculados a delitos como el robo de madera, que reditúa financieramente a delincuentes organizados.
Desde distintas organizaciones de pueblos originarios, de Temucuicui, y en medios de prensa alternativos y locales se hizo ver lo extraño que justo el día que se daban a conocer las sentencias en contra de carabineros por el asesinato de Camilo Catrillanca, el gobierno avaló, desde el Ministerio del Interior, el masivo allanamiento a la zona mapuche, provocando de inicio la desviación comunicacional y política del caso.
Esto cuando la opinión pública conoce los montajes y alteraciones de sucesos realizados por altos mandos de Carabineros, respaldados por autoridades regionales y de gobierno. Más que convicciones, siguen instaladas dudas y confusiones respecto a los episodios de violencia en La Araucanía. Ahora en el centro de la polémica cayó la PDI por su operativo en Temucuicui.
En tenida de combate en contra de una niña
Miles de personas vieron la imagen de al menos cuatro detectives de la Policía de Investigaciones forcejeando, manipulando y sometiendo a la hija de Catrillanca, de 7 años. Fue notorio el uso de la fuerza contra una menor de edad, por parte de policías con cascos, pistolas y protectores de seguridad. Usaron el procedimiento de detención de un adulto, de un delincuente.
Claro que para la PDI se trató de “proteger” a la menor (sic)…Algo rechazado por sus familiares y el testimonio privado de la niña. Además, la metieron a la fuerza en un vehículo policial, contra la voluntad de ella, acosándola. Hay que suponer la posibilidad de trauma psicológico de una menor de edad viéndose violentada por sujetos adultos en tenida de combate, armados, introduciéndola en un vehículo policial.
A través de Twitter, la Defensoría de la Niñez informó que “Ante la detención ilegal y arbitraria de la Niña de 7 años de iniciales G.P.C.A ayer en Temucuicui, ( ) ya trabaja la acción constitucional correspondiente y que se presentará a la brevedad”.
La PDI reaccionó, pero distorsionando el episodio al eludir el acto de violencia y manipulación física hacia la menor. Sobre la acción de la Defensoría de la Niñez, en un comunicado, la entidad policial expresó que “estas afirmaciones se estiman falsas, ya que confunden a la ciudadanía y construyen realidades falaces, toda vez que se trata de la detención de dos mujeres adultas que se encontraban en compañía de la menor, la que evidentemente no podía quedar sola en la vía pública, motivo por el cual fue trasladada hasta dependencias de la Subcomisaría de Carabineros de Ercilla”.
La PDI tácitamente negó que sus funcionarios hayan ejercido violencia y amedrentamiento hacia la menor y no explicó por qué se fueron cuatro elementos adultos con vestimenta de combate encima de la niña. Y ya en redes sociales se cuestionaba, hasta la burla, el argumento de que “no podía quedar sola en la vía pública”, pretendiendo montar la imagen de que la estaban protegiendo.
Un reporte de RT indicó que “la violencia institucional que padeció una niña mapuche de siete años provocó un clima de indignación y repudio en Chile en contra de los policías que la rodearon, apretaron y tiraron (al piso) para inmovilizarla…Además la trasladaron a un comisaría”.
Paralelo a eso, los funcionarios policiales agredieron a la madre y la abuela de la niña, esposa y madre de Marcelo Catrillanca, el comunero asesinado por Carabineros de Chile. Una familia que ya había sufrido las consecuencias de la violencia de agentes del Estado, ahora, al querer conocer las sentencias de los carabineros culpables, fueron reprimidas por funcionarios de la PDI.
No pasó desprevenido que la acción de la policía civil se hizo el mismo día que el Tribunal Oral en lo Penal de Angol comunicó el veredicto por el asesinato de Catrillanca y condenó a siete carabineros y un abogado por el caso.
Ni el ministro, ni el subsecretario del Interior, ni el Presidente de la República, ni el ministro de Justicia y Derechos Humanos emitieron declaración alguna por la acción violenta de cuatro miembros de la PDI en contra de una niña mapuche de 7 años.
Hay que recordar que hace varias semanas, un carabinero disparó contra menores de edad en una sede del Servicio Nacional de Menores y ahora está procesado.
El extraño y fallido operativo
Hasta la tarde de este viernes ningún organismo estatal, tampoco del Parlamento, había exigido alguna aclaración formal de parte del Ministerio del Interior y de la Policía de Investigaciones sobre el allanamiento masivo a Temucuicui. Solo se registraron reclamos de dirigentes mapuches y en algunos medios de prensa alternativos.
Lo que se sabe es que el mando policial decidió, con la anuencia de Interior, de efectuar la operación para incautar drogas (en realidad matas de marihuana), armas y detener a peligrosos delincuentes con “alto poder de fuego”. La idea era decomisar al menos 5 mil kilos de marihuana, y solo se ubicaron mil 200; detener a peligrosos criminales y solo están presas dos mujeres por tráfico de drogas.
El operativo incluyó 850 detectives en tenida de combate y con armamento de alto calibre, 200 vehículos, dos helicópteros y drones. Todo el equipo formó una caravana que avanzó desde Angol hasta Ercilla para entrar en Temucuicui. La gente de la zona ya definió ese operativo como la “Caravana de la Muerte” de la PDI.
Lo primero que llamó la atención en la comunidad indígena es que la PDI no tuviera alguna referencia del lugar donde estaban los criminales y con esa excusa allanaran todo el poblado. Un lugareño dijo a un periodista que “es como entrar con ese contingente en Las Condes o en Zapallar buscando marihuana, copando esas comunas, porque no saben en qué casa está la droga y las armas”.
Lo peor de todo es que en el único enfrentamiento real que tuvieron los detectives con gente armada, ellos perdieron. Donde sí era necesario usar todo el aparataje que llevaron, los derrotaron. Otro factor de un caso fallido. Y les costó la muerte de un funcionario.
Como un parche sobre la herida, el jefe de la PDI, Héctor Espinoza, declaró a la prensa que “reconozcamos que hay una organización criminal de alto poder de fuego, que tiene armamento pesado”, comentando lo que ya varios medios de prensa calificaron como “fallido” operativo.
En el conocido discurso protector de acciones represivas y de criminalización de comunidades mapuches, el subsecretario de Interior, Juan Francisco Galli, dijo que “de lo que estamos hablando aquí es de organizaciones criminales peligrosísimas”, Refiriéndose a la comunidad mapuche, la autoridad sentenció: “Después del poder de fuego expuesto ayer, de la cantidad de droga incautada, se acabaron los argumentos que aquí hay una persecución respecto de un grupo determinado. Aquí hay la ejecución propia del Estado de Derecho, la persecución y desarticulación de organizaciones criminales dedicadas a la producción y venta de drogas, que están dotados de alto poder de fuego”.
En esa línea, desde Interior se quería instalar la versión de que durante todo el trayecto y al ingresar a Temucuicui, los vehículos y funcionarios fueron recibidos con ráfagas de ametralladora y otras armas. Se estaban esperando las pruebas. Lo que sí fue real fue un enfrentamiento donde murió el subinspector Luis Morales y quedaron varios funcionarios heridos.
Algunos recordaron, en este contexto, cuando Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, dijo que “hay un colombiano vinculado al narcotráfico que quiere el control territorial de La Araucanía”.
Una nota del medio de prensa “El Pueblo”, indicó que “mujeres y hombres previstos de coligues salieron a increpar a los efectivos totalmente blindados y armados, para que se retiran de su territorio, enrostrándoles que realizaban el operativo en instancias de que se desarrollaba el juicio de Camila Catrillanca. ‘¡Están enfermos!, son unos delincuentes, ¿cómo la plata les puede importar más que la vida humana?”.
El reporte apuntó que “el contingente policial respondió con gran cantidad de gas lacrimógeno, balines disparados a mansalva, destrucción de viviendas, mujeres, hombres y niños detenidos. Muchos videos circularon por las redes sociales, en uno se ve a un joven lamngen con su boca gravemente herida por un perdigón, manejando a toda velocidad hacia un centro asistencial, en búsqueda de atención médica, otro lamngen con más de una decena de heridas”.
El diario vespertino pro oficialista La Segunda, tituló: “Temucuicui: Cómo fue el trágico operativo de la PDI”, y luego publicó una nota donde el tono es de que se trató de un operativo de graves consecuencias, aunque sosteniéndose más en versiones oficiosas.
Por cierto, en medio de vocerías reivindicando el accionar policial, insistiendo en el “combate al narcotráfico” y “delincuentes con alto poder de fuego”, el titular de Interior, Rodrigo Delgado, solo dedicó una frase a las fallas y agresiones de personal de la PDI: “Efectivamente tenemos que revisar algunas situaciones”.
La versión de la Comunidad Autónoma Temucuicui
En un comunicado difundido desde territorio mapuche, la Comunidad Autónoma Temucuicui, hizo saber que “en la mañana del día de ayer (jueves 7 de enero) una fuerza de 800 agentes de la PDI, irrumpió y rompió la tranquilidad de la comunidad Temucuicui, era justo el momento en que en la ciudad de Angol, una fuerza compuesta por Carabineros y miembros del Ejército impidió a la familia del waichafe Camilo Catrillanca ingresar a la ciudad para conocer el veredicto seguido contra los Carabineros asesinos”.
Se informó desde la comunidad que, además, una fuerza “de la PDI en una enorme caravana ingresó a varios Lof del territorio, comunidad Huañaco Millao Chacaico, Pancho Curamil, butaco y el sector de Pidima y diferentes viviendas en la ciudad de Ercilla, fuertemente armados, con equipos militares y apoyados por dos helicópteros. No se tenía conocimiento cual era el motivo de tan desesperada agresión del estado contra las comunidades”. Se agregó que “debido a que, durante el desarrollo de las agresiones y la violencia ejercida por los funcionarios de la PDI, resultaron muertos varios animales que son parte del ganado de la comunidad, destrucción de cercos, destrucción de las viviendas, mujeres, niños heridos incluyendo la detención de la madre, compañera e hija de Camilo Catrillanca al intentar regresar a la comunidad”.
En el comunicado se manifestó: “En el desarrollo de la violencia ejercida por el estado resultó muerto un agente de la PDI, sin que se sepan mayores detalles. Se informó a la prensa que el motivo de esta violencia y terrorismo de Estado, era para cumplir con una orden de la fiscalía de alta complejidad que investiga tráfico y cultivo de marihuana, tráfico de armas y municiones y homicidios…” Y se preguntó: ¿Cuál fue el resultado? “En la tarde el matón que oficia como jefe de la PDI, indicó el éxito al incautar unas matas de marihuana y una subametralladora UZI”, apuntó el texto.
Desde la comunidad de Temucuicui se declaró que “estas acciones de terrorismo de Estado continuarán debido a que las comunidades continuaran con más fuerza y convicción la recuperación y el control territorial para que nuestras futuras generaciones vivan en libertad y dignidad”.
“Rechazamos enérgicamente las amenazas del Director de la Policía de investigaciones, de continuar ingresando y agrediendo a la comunidad con más fuerza, nosotros hemos sido víctima histórica de múltiples atropellos, asesinato y ellos lo saben muy bien, por cuanto nuestra gente continuara defendiendo de cualquier agresión a todos los miembros de nuestra comunidad, Las declaraciones de este nefasto y racista burócrata solo vienen a fomentar la estigmatización el racismo y las prácticas coloniales contra TEMUCUICUI que el estado le ha declarado la guerra abiertamente” se anotó en el comunicado conocido este viernes.
“Ya no hay margen para acciones y operativos como estos”
Aucan Huilcaman, Encargado Relaciones Internacionales Consejo de Todas las Tierras, emitió una declaración donde dijo que “curiosamente el mismo día y a la misma hora que se emitía la sentencia sobre el caso Camilo Catrillanca, se efectuó un masivo allanamiento a las comunidades Mapuche de la Comuna de Ercilla”. Añadió que “tal como se han informado los hechos, pareciera que la muerte del funcionario de la PDI, es una operación planificada y muy similar a la muerte del Carabinero Nain que finalmente tiene por objeto enlodar la legítima y poderosa causa Mapuche”.
Citado por El Mostrador, el director ejecutivo de Chile21 y experto en materias de seguridad pública, Eduardo Vergara, sostuvo ante lo ocurrido que “ya no hay margen para acciones y operativos como estos”.
Declaró que “movilizar a 800 policías de todo Chile para terminar con mil plantas incautadas, pero por sobre todo con un detective muerto es francamente trágico. El gobierno debe poner fin a usar a las policías para proteger su agenda y orden político bajo una narcoguerra que permite justificarlo todo y especialmente la investigación, persecución y castigo sobre sectores particulares de la población”.
