Un allanamiento masivo. El mismo día del fallo que condenó a efectivos de Carabineros por el asesinato en 2018 del joven mapuche Camilo Catrillanca, 850 policías aparecieron en su comunidad de Temucuicui. ¿Casualidad?
«Al ingresar a Temucuicui la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) se encontró con una organización criminal de alto nivel», dijo el ministro del Interior Rodrigo Delgado para justificar el megaoperativo policial en el interior de la comunidad mapuche.
Eran las 11 horas de la mañana cuando más de 200 vehículos con 850 policías de la PDI allanaron a la comunidad mapuche de Temucuicui, en la región de la Araucanía, el 7 de enero. La acción sin precedentes contaba con una orden judicial sobre tráfico y cultivo de marihuana.Temucuicui es la comunidad a la que pertenecía el joven mapuche Camilo Catrillanca, quien, en su interior, fue asesinado por un disparo que recibió por la espalda el 14 de noviembre de 2018. El masivo operativo coincidió con la lectura del veredicto del crimen del joven comunero, un hecho que para los entendidos y las comunidades no fue una mera coincidencia.
«Estuvo todo fríamente planificado. Nadie implementa un operativo de esta magnitud que, como dicen, se preparó con ocho meses de antelación, implicando la movilización y desplazamiento de personal de diferentes puntos del país, sin conocer todas las variables involucradas, incluida el fallo del caso Catrillanca», señala Luis Ernesto Tricot, sociólogo y director Centro de Estudios de América Latina y el Caribe-CEALC.
«Fue una demostración de fuerza, una clara señal que el gobierno de Piñera continúa su política de definir al movimiento mapuche como el enemigo interno», sostiene.
Por su parte, Jaime Huenchullán comunero de Temucuicui, declaró a la prensa, respecto a la acción policial, que «el Gobierno tiene una guerra declarada en contra del pueblo mapuche, en contra de las comunidades que se mantienen en resistencia».
Y explicó que tras el asesinato de Camilo Catrillanca, hay muchas comunidades que se mantienen en ese proceso activo de recuperación de tierras, las que en la actualidad se encuentran en manos de particulares, colonos y empresas forestales.
Para la organización mapuche Ad Mapu, en voz de su werken Ana Llao, «lo que querían era tapar la sentencia», a pesar de que no fue un fallo ejemplar porque según la organización «cortaron por el hilo más delgado», refiriéndose al exsargento Carlos Alarcón, quien realizó el tiro a la cabeza que le provocó la muerte a Camilo. «Él disparó, pero tenía un mandato superior».En opinión del historiador e integrante del Centro de Estudios e Investigación Mapuche, Claudio Alvarado Lincopi, el hecho de que hayan llegado 850 policías armados a la comunidad el mismo día que se está intentando «gestar justicia en los tribunales» resulta un verdadero sinsentido.
«Ahoga los sentimientos de justicia y vuelve aún más terrible todo el proceso que busca subsanar la herida provocada por la misma fuerza de orden del Estado», afirma el historiador.
Una situación que se agrava cuando en la mañana del jueves 14, la Defensoría de la Niñez confirmó que el audio que circula por las redes sociales, en el cual funcionarios de la PDI gritan, insultan y amenazan de muerte a una menor de edad, es real y pertenece a una niña de la comunidad de Temucuicui.
Extracto de audio donde
PDI Amenazó de muerte a niñas de 12 años durante el allanamiento en Temucuicui. pic.twitter.com/eW3HdpatyO— Radio Villa Francia (@rvfradiopopular) January 14, 2021
Juan Alberto Tricot, es más tajante al señalar que este accionar «pretendía ser una venganza, una intimidación, una forma de equilibrar la balanza por la pena de los carabineros que iban a ser condenados por el asesinato de Camilo Catrillanca, y salieron con la cola entre las piernas. Lamentablemente seguirán haciéndolo».
Este último comentario, se refiere a que en el operativo —que le costó la vida a un funcionario de la Policía, Luis Morales Balcázar, de la dotación del Equipo de Reacción Táctica (ERTA) de Iquique— finalizó con el decomiso de poco más de solo 1.200 plantas de marihuana, 40 kilogramos de marihuana procesada, algunas armas de fuego, y se detuvo a dos mujeres, quienes no tenían orden de detención ni antecedentes, y además no pertenecen a Temucuicui, sino a la comunidad Huañaco Millao.
Las contradictorias versiones oficiales sobre el allanamiento
https://twitter.com/LobaP_/status/1347618425561083916?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1347618425561083916%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fmundo.sputniknews.com%2Famerica-latina%2F202101161094133399-es-el-pueblo-mapuche-un-enemigo-interno-del-estado-chileno%2F
A esto se suma la detención de la madre viuda y la hija de 7 años de Camilo Catrillanca, esa misma jornada, además del lastre del polémico montaje de la Operación Huracán y el encubrimiento realizado por la Policía en el propio caso del joven comunero asesinado, todas situaciones que han puesto en duda las verdaderas motivaciones del operativo efectuado.
Más aún, cuando las declaraciones realizadas por las autoridades se contraponen, puesto que el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, afirmó a la prensa que el Gobierno no sabía del día exacto en que se iba a realizar el operativo. «No, las decisiones operativas como tal son parte de las Policías, no es parte del poder político».
Asimismo, Bellolio aseveró que «se planificó con mucha anticipación, y no es que se haya buscado hacer coincidir el operativo con la lectura del veredicto». Palabras que concordaron con lo señalado por la Fiscalía, respecto a que la coincidencia fue casual, porque el operativo estaba planeado con antelación y la audiencia por el caso Catrillanca estaba programada inicialmente para el 30 de diciembre, «pero fue reagendada para el 7 de enero, y eso provocó el choque de fechas».Sin embargo, hoy se sabe que la decisión de reprogramar fue tomada el pasado 21 de diciembre, lo que daba tiempo para recalendarizar el operativo. Peor aún, en la exposición del director general de la PDI, Héctor Espinosa, ante la Comisión de Seguridad Pública del Senado, sostuvo que efectivamente se evaluó que el veredicto del caso Catrillanca «facilitaría el ingreso» a Temucuicui, porque muchos de los comuneros se encontrarían en el tribunal de Angol, debido al fallo.
Espinoza además recalcó en la sesión especial que los 850 detectives que participaron en este operativo, cada uno contaba con su arma de servicio, y cada funcionario tenía 30 tiros. «Si usted lo multiplica son 25.500 tiros letales».
Declaraciones que, para el historiador Claudio Alvarado, son decidoras, porque «lo primero que salta a la luz es una desproporción y al mismo tiempo salta a la luz algo que las comunidades vienen diciendo hace bastantes décadas, esto de la militarización de su territorio. El territorio mapuche es una zona militarizada, hay una policía militar permanente en la zona que sin ir más lejos es la policía militarizada que matan a Camilo Catrillanca».
Esa enorme cantidad de efectivos policiales, advierte el investigador, que sacan algunas matas de marihuana «no equivale a la fuerza utilizada», porque en Santiago cuando se desarrollan pesquisas vinculadas con droga, particularmente con marihuana, no se hacen estos despliegues.Para el sociólogo Luis Ernesto Tricot, este proceder de las actuales autoridades no hace más que reproducir, al igual que los precedentes gobiernos en los últimos 30 años, las políticas de criminalización del movimiento y de las demandas del pueblo mapuche.
Mapuche en Chile: ¿ahora también son narcos?
Sin embargo, para Tricot, hoy se incorpora una variable más preocupante a la de su caracterización como terroristas y delincuentes, «ahora se suma la de narcotraficantes». Todo lo anterior, según el sociólogo, destinado a buscar el desprestigio de las comunidades mapuche ante la opinión pública y el pueblo chileno.
«No olvidemos que durante el estallido social se verificó un extraordinario apoyo a las demandas del pueblo mapuche por autonomía y un Estado plurinacional, entre otras demandas», puntualiza.
Este análisis lo comparte Jaime Huenchullán, quien en una entrevista a Mapuexpress acusa a las autoridades de haber levantado una campaña que apunta al concepto de narcotráfico.
«Hace 20 años atrás a mí me decían que era cuatrero, que robaba animales, que era borracho, posteriormente nos dijeron que éramos terroristas, y hoy en día nos están diciendo que somos narcotraficantes», advierte.
«Aquí el Estado históricamente ha actuado de forma racista contra el pueblo mapuche que resiste y se niega a dejar de existir. Mi hijo Manki, en el futuro, probablemente también va a tener otros calificativos», puntualiza.
¿Existe coincidencia en política?
Para el historiador Alvarado, todas estas acusaciones, todo este despliegue, además de la detención de las familiares de Camilo Catrillanca, solo ahonda la distancia que existe entre las comunidades mapuche con el Estado, «imposibilitando cualquier tipo de diálogo, cualquier tipo de encuentro y finalmente el buscar soluciones políticas».
«Se profundiza por lo tanto la sensación de injusticia, la sensación de desigualdad, la sensación de desproporcionalidad de la fuerza. En fin, fracturando el posible devenir de estas comunidades con el Estado y con el Gobierno de turno».
«Las coincidencias no existen en política, y esto es política. Y después se preguntan el porqué sigue y se prolonga el conflicto chileno-mapuche», observa Tricot, porque según su opinión las distintas autoridades no han logrado comprender que la fuerza del pueblo mapuche no es militar, sino social.
Además, agrega, frente a la detención de Wakolda Catrillanca que ese día cumplía 7 años, de Katherine, su madre y de Teresa, su abuela, «hay 3 generaciones de mapuche que han vivido toda su vida la represión, entonces ¿qué creen que pasará con todos y todas esas niñas y jóvenes mapuche que han crecido en la represión?»
Racismo vs. visibilización
En la Araucanía hay una «ideología racializada», según Tricot, que llevó hace unos meses al exministro Víctor Pérez a dialogar con los camioneros en paro, que estaban bloqueando las carreteras y provocando desabastecimiento.
«Pero que no hace nada cuando los habitantes de Curacautín, en horas de toque de queda, con presencia policial, golpean violentamente a mapuche que habían ocupado pacíficamente la municipalidad de esa ciudad», apunta.
En opinión de Claudio Alvarado, las políticas represivas, además de criminalizar a las comunidades mapuche en resistencia, sirven a las grandes transnacionales, a los grandes poderes locales y también al negocio inmobiliario.
«Hay que recordar que cualquier territorio reclamado y en tensión, lo que hace es subir su costo, dado que el Estado, en algunos momentos ha tenido que comprar territorios que están en disputa», predios a los que se les ponen precios muy altos en relación con el costo real-producto, justamente por esta tensión política que busca la compensación, en este caso, de los no mapuche.
Por lo tanto, Alvarado cree que aquí hay una búsqueda por profundizar la violencia, porque tiene efectos económicos por un lado, y políticos por otro. Esto últimos «le permiten al Gobierno darles mayor campo de acción para desarrollar sus quehaceres e intereses».
Para el sociólogo Luis Ernesto Tricot, sin embargo, uno de los grandes triunfos del movimiento mapuche, a partir de los años 90, fue la visibilización del conflicto chileno-mapuche. «Si no hubiese sido por su propia lucha nada de lo que sucede en el sur se sabría».
Proseguiría siendo, en sus palabras, un tema de fronteras, distante, irrelevante para la mayoría de los chilenos. La brega del movimiento mapuche y también chileno ha logrado cambiar eso. Porque el pueblo mapuche jamás será vencido, eso nunca lo entenderá el Estado.
«Si el pueblo chileno despertó en 2019, los mapuche despertaron mucho antes, en realidad nunca estuvieron dormidos». El conflicto chileno-mapuche no tiene solución hasta que el Estado comprenda que cualquier diálogo, si es que lo hay, debe ser entre iguales, y que la autonomía es el gran objetivo.
Por Carolina Trejo – Licenciada en Historia y Comunicación Social y Periodismo. Ha sido periodista de investigación y realizadora en televisión durante los últimos 20 años. Comenzó en 1997 en el programa de reportajes con más antigüedad de la televisión pública chilena, Informe Especial y luego se incorporó al área de reportajes de Canal 13, donde ejerció de directora, editora y guionista en diferentes proyectos documentales. Ha recibido premios del Consejo Nacional de Televisión de Chile, fue finalista del Premio Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo en 2014. Actualmente es académica de la Escuela de Periodismo de La Universidad de Chile y la Universidad de Santiago.
