VALPARAÍSO – La diputada Karol Cariola, quien presidió la Comisión Investigadora sobre Espacio Riesco en la Cámara de Diputadas y Diputados, indicó que se pudo concluir que se realizaron dobles pagos, que existen responsabilidades administrativas en lo que calificó como “un derroche de recursos de todos los chilenos y chilenas”, además de evidenciar que la empresa desconoció los acuerdos establecidos con el Ministerio de Salud.
Para la legisladora los antecedentes recabados durante los meses de investigación permiten concluir que existió “un derroche de recursos de todos los chilenos y chilenas”, ante la contratación de este centro de eventos como residencia sanitaria.
“La forma de resumir los resultados de esta investigación es que estamos frente a un claro perjuicio fiscal, a una falta a la transparencia y a la probidad lamentable por parte del Ministerio de Salud porque acá se han provocado dobles pagos a través de contratos establecidos entre Espacio Riesco y el Ministerio de Salud, de que existen claras responsabilidades administrativas en relación al derroche de recursos de todos los chilenos y chilenas y que por lo demás, se ha demostrado una ineficiencia y una ineficacia total y absoluta por parte de quienes han llevado adelante la contratación de este espacio”, indicó la parlamentaria.
Para Cariola, es una situación grave que no se haya podido explicar ante esta comisión por qué se tomó la decisión de esta contratación y tampoco cuál fue el criterio para cancelar los altos montos de arrendamiento.
“La Contraloría General de la República declaró ilegal uno de los dos contratos donde se establecían dobles pagos y la última información que tuvimos por parte de la Comisión fue que además, la empresa estaba desconociendo los acuerdos previamente establecidos con el Ministerio de Salud, jamás se nos logró entregar un criterio básico de por qué se habían establecido esos montos de pago”, afirmó.
La parlamentaria criticó que uno de los mayores gastos en los que ha incurrido el Ministerio de Salud en el contexto de pandemia haya sido a un centro de eventos, señalando que “acá se atendieron solo 700 pacientes que por lo demás, inicialmente estaba abocado fundamentalmente a pacientes de baja complejidad para descongestionar el Hospital San José, pero que sin embargo, y de manera improvisada se terminó transformando en un Centro Covid, con trabajadores y trabajadoras contratados de forma externa a través de una empresa a la cual se les entregó un contrato directo obviando la responsabilidad administrativa que deben tener los funcionarios de salud cuando se trata de atender a personas que no vienen del mundo privado, sino que probablemente a los pacientes más pobres de nuestro país que tuvieron que llegar a esa residencia desde todo Chile, porque fue un centro de residencia nacional”.
La diputada afirmó que esta situación es una muestra más de la irresponsabilidad y falta de transparencia con que el gobierno ha tratado la pandemia y es por eso que se instruyeron sumarios e investigaciones administrativas que permitan establecer responsabilidades por estas graves anomalías.
“Estamos frente a una situación que da cuenta y que refleja de cuerpo completo la ineficiencia, la irresponsabilidad, la falta de transparencia que ha tenido este gobierno para tratar la pandemia y particularmente, para establecer las relaciones entre los pacientes y los espacios de atención pública, por eso es que lo que hemos sugerido es instruir sumarios e investigaciones administrativas al MINSAL, a la Subsecretaría de Redes y al Servicio de Salud Metropolitano Norte, además, estamos muy atentos y atentas a lo que resuelva finalmente la Contraloría en esta investigación que se ha complejizado por cada uno de los hechos que estamos mencionando”, expresó la parlamentaria.
Karol Cariola dijo esperar que el Tribunal de Contratación pública se pronuncie a la brevedad “sobre los hechos que aquí han ocurrido, porque un negocio tan rentable como lo fue el negocio de Espacio Riesco para quienes llevaron adelante el proceso de arrendamiento, me parece que no se condice con tener que enfrentar la pandemia, menos cuando el gobierno tenía y tiene en estado de excepción la potestad de utilizar recintos privados a favor de la salud pública sin tener que pagar los precios que aquí se pagaron”, puntualizó.
El informe de la Comisión Investigadora se aprobó en Sala por 70 votos a favor, 53 en contra y 7 abstenciones.
