La Agencia de Inteligencia de Defensa de EEUU accede a la información sobre la geolocalización de los ciudadanos sin contar con una orden judicial al comprarsela a las bases de datos privadas. The New York Times apunta a una posible laguna en la legislación de EEUU que lo permite.
Muchas aplicaciones de smartphones suelen registrar la ubicación de sus usuarios, y los desarrolladores pueden agregar datos y venderselos a los comerciantes, quienes luego los revenden al Gobierno de EEUU. La Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA, por sus siglas en inglés) utilizó este tipo de información en cinco investigaciones que había realizado en los últimos dos años y medio, según sostienen sus empleados en un memorando que escribieron al senador y demócrata de Oregon Ron Wyden.
Al mismo tiempo, el medio señala que este ente gubernamental compra y utiliza principalmente datos de localización para investigar a los extranjeros en otros países, razón por la cual no viola la ley estadounidense. Estos datos se usan con el objetivo de detectar amenazas para el contingente militar del país norteamericano en el extranjero, revela el medio estadounidense tras acceder al documento.
Sin embargo, según el memorando, algunos comerciantes no identificados a los que el Gobierno estadounidense compra datos obtenidos de los teléfonos a gran escala no separan a los usuarios estadounidenses de los extranjeros. Al contrario, es la Agencia de Inteligencia de Defensa quien procesa la información a medida que llega y la indexa en una base aparte. Sus analistas solo pueden consultarla si reciben una aprobación especial, dice el documento.
«El permiso para consultar los datos de localización de los dispositivos estadounidenses se ha concedido cinco veces en los últimos dos años y medio para fines autorizados», agrega el documento.
En la reciente historia de EEUU se conocen varios casos en los que el Gobierno federal utilizó esos datos con fines policiales en el territorio nacional. En concreto, The Wall Street Journal informó en 2019 de que dos organismos del Departamento de Seguridad Nacional —el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza— habían utilizado este tipo de información para patrullar la frontera e investigar a los inmigrantes que posteriormente fueron detenidos.
La laguna en la legislación
Lo publicado apunta a una laguna en la ley de privacidad que emergió en la era digital. En 2018 el Tribunal Supremo sostuvo en una sentencia histórica —conocida como la decisión Carpenter— que el Gobierno debía obtener una orden judicial para obligar a las compañías telefónicas a entregarle los datos de localización de sus clientes. No obstante, la sentencia admite que las autoridades federales puedan adquirírselos a un comerciante, en cuyo caso no es necesario solicitar una orden judicial.
«La DIA no interpreta que la decisión Carpenter requiera una orden judicial que avale la compra o el uso para fines de inteligencia de datos disponibles comercialmente», señalan los analistas del ente en su nota.
El uso de bases de datos con la información sobre la localización de los ciudadanos estadounidenses por parte del Gobierno de EEUU ha sido objeto de un intenso debate. Y el memorando enviado a Wyden para responder a las preguntas del asesor de privacidad y ciberseguridad de su oficina Chris Soghoian se suma a estas pesquisas.
Wyden ha dejado claro que tiene la intención de proponer una legislación que mejorará la protección de la privacidad de los estadounidenses, sobre todo la de los datos de localización que actualmente están disponibles para fines comerciales.
En un discurso celebrado en el Senado, el demócrata de Oregon denunció las circunstancias «en las que el Gobierno, en lugar de obtener una orden, simplemente sale y compra los registros privados de los estadounidenses a estos corredores desaliñados y no regulados que simplemente están por encima de la ley». Además, calificó de inaceptable esta práctica de intrusión en los derechos constitucionales de privacidad.
«La Cuarta Enmienda no está a la venta», aseveró.
La Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos prohíbe los registros y las incautaciones irrazonables de sus ciudadanos. Esta es la razón por la que Wyden interrogó a Avril Haines durante una audiencia de confirmación de su candidatura para ocupar el puesto de la nueva directora de la Inteligencia nacional bajo la Administración Biden, sobre lo que llamó «abusos» de la información.
Haines señaló que aún no estaba al tanto del tema, pero subrayó la importancia de que el Gobierno sea transparente con las normas bajo las cuales está operando.
«Yo trataría de publicar, esencialmente, un marco que ayude a la gente a entender las circunstancias y la base legal bajo las cuales lo hacemos. Creo que esto es parte de lo que es crítico para promover la transparencia en general con el objetivo de que la gente tenga una comprensión de las directrices bajo las cuales opera la comunidad de inteligencia», resumió la nueva funcionaria.
