Una densa trama que incluye a abogados que facilitan el despojo de tierras y propiedades, hace girar el mecanismo que alimenta la migración forzosa de la población originaria de Guatemala. Ante el abandono estatal, la comunidad sostiene a los suyos.
Hasta el momento, sólo cuatro de las 19 personas que fueron asesinadas cerca de Camargo (estado mexicano de Tamaulipas) a escasos kilómetros de la frontera entre México y Estados Unidos han sido identificadas, manteniendo en vilo a las familias que sospechan que uno de sus integrantes puede estar entre las víctimas.
A algunas de estas familias, Catalina López las encontró en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, cuando el jueves 28 de enero de 2021 acudieron desde el Departamento de San Marcos, a tomarse muestras de ADN para ser enviadas a México y completar el proceso de identificación de los 15 cuerpos restantes, que han quedado irreconocibles por el fuego al que fueron sometidos.
«Pude entablar comunicación con ellos, pero me quedé triste y pensativa porque lamentablemente, algunos dudan de hacer denuncias y exigir justicia porque sus familiares se fueron de «ilegales», un término que permite a las instituciones no responsabilizarse por situaciones como ésta«, relató López en diálogo con Sputnik.
Coyotes, abogados y prestamistas
Catalina López tiene una larga trayectoria brindando apoyo a las familias y comunidades que han visto a sus hijos migrar forzosamente, gracias a su tarea como integrante del equipo de Estudios comunitarios y acción psicosocial (ECAP), una organización civil guatemalteca centrada en el trabajo con víctimas de la violencia política del conflicto armado de fines del siglo XX, así como en el apoyo a familias que tienen alguno de sus miembros desaparecido.
También conoce de cerca cómo son las estructuras que permiten (y favorecen) la trata de personas, que viven condenadas a la ilegalidad que genera la prohibición del tránsito que ha caracterizado a las políticas migratorias de América del Norte de las últimas décadas.
Así, esta condena tiene la forma de la exigencia a todos los centroamericanos de obtener una visa para entrar y transitar por México y Estados Unidos, que es prácticamente imposible de lograr para la población que migra.
«Esto no es nuevo para nosotros y se ha vuelto natural en las comunidades indígenas dónde trabajamos. Hay una estructura criminal que involucra un coyote, un abogado, es decir, un profesional, y un prestamista. Hay toda una red para el tráfico», explicó.
La presencia del abogado se explica porque en muchos casos, según sostuvo López, «hay una estafa y un engaño».
«El abogado le dice a quién va a migrar: «Mirá, como no tenés dinero, podés dejarme hipotecado tu terreno«, una casita o cualquier propiedad que la persona tenga. La propiedad no queda en carácter de hipotecada, sino que se traslada al prestamista que muchas veces, no la devuelve cuando se le paga la deuda«, explicó la experta en diálogo con Sputnik.
López explicó que ECAP asesora legalmente a familias guatemaltecas que han decidido plantar cara a estos acuerdos leoninos, que aprovechan condiciones de extrema pobreza y necesidad, como las que fuerzan a miles de centroamericanos a migrar desde hace décadas.
«Lamentablemente el coyote, el abogado y el prestamista viven en la comunidad o cerca de ella, de alguna manera la gente los conoce y eso, en lugar de favorecer que se los denuncie, permite que puedan amenazar a la gente, que opta por quedarse callada porque tiene las manos amarradas y se siente impotente ante esta situación», relató la fuente.
Así, las familias son despojadas de sus tierras comunitarias o de sus casas precarias, o bien, atrapadas por las deudas contraídas, que giran en torno a los 13.000 dólares, según diversas fuentes han señalado que puede llegar a costar el «servicio» de las redes de trata.
Ante la pregunta de por qué el poder público no desarticula estas redes de tráfico, tan evidentes y visibles en el terreno, López respondió sin dudarlo.
«Porque al Estado no le interesa, ¿cómo le va a interesar desarticular estas redes, cuando la misma corrupción y estructura criminal viene de parte de los Gobiernos? Esto es una réplica de la corrupción macro, que se instala en lo micro, a nivel comunitario», dijo.
Racismo estructural
Catalina López no duda en calificar que esta es una migración forzada por desigualdad y pobreza que asolan a la población originaria de Guatemala. Primero, explica, la gente opta por migrar dentro del país: de la comunidad a la cabecera del municipio, luego a otros Departamentos del país hasta que llega a la ciudad y de ahí, al exterior.
«La mayoría de los señores de las casas salen a trabajar fuera por el sustento, se van los lunes y regresan el viernes o cada quince días a sus pueblos, porque en la comunidad no hay oportunidades laborales«, explicó.
Conociendo de primera mano a las familias, López puede desgranar cómo los motivos se van acumulando y terminan por obligar a que alguno de sus integrantes —a veces, a varios— exponga su vida y su seguridad con las redes de trata, que ofrecen la única forma que un centroamericano tiene de cruzar por México y llegar a Estados Unidos: pagando.
«Lamentablemente en Guatemala no estamos buscando un sueño americano sino que estamos huyendo de este espacio, que nos está matando por varias situaciones», apuntó López quien insistió en cómo el maridaje entre corrupción y la nula oferta de servicios de salud y educación pública en las comunidades «hacen que no tengamos las condiciones básicas para vivir como seres humanos».
«No es que uno quiera irse ni que salga con alegría, es la última opción que se tiene. Hay mucha gente joven y formada que se está yendo de Guatemala, con su título académico porque no tiene trabajo salvo en el campo, dónde se ganan 40 ó 50 quetzales por día, unos 5 dólares diarios», explicó.
López señaló que esta es la violencia estructural que fuerza la migración de miles de personas y que las atrapa en las complejas redes de trata porque, por ejemplo, no tienen cómo operar a un familiar que lo necesita o siquiera, imaginar un futuro familiar sin vivir en la miseria.
«Vivimos esta violencia estructural como una forma de discriminación histórica y racismo contra las poblaciones indígenas no sólo en Guatemala, sino en toda Centroamérica y América Latina, es la verdad y es terrible», concluyó.
Apoyo mutuo
Cuando supo lo que había sucedido en México, la religiosa Maudilia López Cardona de la Parroquia San Miguel Ixtahuacán, en el municipio de San Marcos (Guatemala) buscó comunicarse con una de las familias que sospecha que su hija fue víctima de la masacre de Camargo.
La jovencita decidió irse a Estados Unidos para enviar el dinero suficiente con el que solventar la operación de su hermana menor, de apenas un año y medio, del labio leporino con el que nació. Una historia que refuerza la lectura que brindó Catalina López sobre la falta de acceso a la atención en salud como uno de los motivos solapados que fuerzan a la gente a migrar.
Originaria de Comitancillo, igual que las víctimas confirmadas y sospechadas de la masacre, Maudilia López administra el Centro de rehabilitación infantil Bitol, el único en la región que atiende a niños con discapacidades físicas y mentales desde hace cinco años.
Al Centro Bitol —ubicado a 330 kilómetros de la capital guatemalteca— llegan diariamente entre 150 y 200 niños indígenas de los pueblos y aldeas de los municipios San Miguel Ixtahuacán, Comitancillo, o más bien, son traídos al lugar diariamente para su atención y terapias.
«El Centro Bitol nació como una iniciativa de la Parroquia de San Miguel Ixtahuacán, pero no nos limitamos a atender sólo a sus fieles sino a todos quienes lo necesiten y se han acercado. También hemos ido a hablar con los papás de otros niños (con discapacidades) para endulzarles el corazón y convencerlos de que los traigan a las terapias. Tenemos un vehículo que los pasa a recoger a sus comunidades, los trae y luego los regresa a su casa», explicó la religiosa y encargada del Centro de rehabilitación infantil.
Toda la atención que se brinda es gratuita, aunque el Centro no recibe ningún tipo de colaboración gubernamental por el trabajo que realiza, sino que se sostiene mediante donaciones solidarias. Por eso, cuando supieron del caso mencionado al inicio, se comunicaron con la familia y lanzaron una campaña de recolección de fondos que permita concretar la operación que forzó la migración de su hermana.
«La iniciativa salió de un compañero de Chiapas (México) para pedir apoyos económicos que nos permitan llevar a la niña a la ciudad de Guatemala a que se le haga su operación. Si no se consigue, de todos modos vamos a llevarla nosotros, porque ya hemos hablado con sus papás y aceptaron, solamente nos han pedido que quieren tiempo para guardar su duelo. Hasta que sepan cuándo va a regresar el cuerpo de su hija mayor, se va a poder hacer la cirugía de su hermanita», explicó la religiosa.
No hay ningún otro centro de salud en esta zona indígena que ofrezca una labor de rehabilitación como la de Bitol, que también facilita el traslado a la capital para aquellos niños que requieran operaciones de cadera, de pie, de cabeza o como este caso, de labio leporino.
«Trabajamos en hacer conciencia en las comunidades que estos niños tienen derecho a tratarse, a tener una vida digna y que podemos ayudarlos a ser autosuficientes, por medio de la terapia física y del lenguaje», comentó en diálogo con Sputnik.
Las donaciones se reciben por medio de dos cuentas del Banco Industrial S.A de Guatemala, que se pueden consultar en el Centro.
«Si alguien quiere apoyar, pensando no solo en la hermanita de la damnificada, sino en todos los niños de la gente que está empobrecida y no tiene atención en salud, pueden hacerlo. En este caso enfocamos nuestra mirada en esta niña, pero hay más niños que también necesitan esa atención», concluyó.
