El contenido de los contratos que el laboratorio Pfizer negocia con varios países latinoamericanos es uno de los secretos mejor guardados de la pandemia. Sin embargo, la molestia de los gobiernos de Brasil y Argentina y las quejas de otros jerarcas de la región permiten entrever la dureza con la que el gigante estadounidense comercializa sus dosis.
La avidez de los países latinoamericanos por obtener grandes cantidades de dosis de las vacunas contra COVID-19 los enfrentó a una tarea casi tan compleja como lidiar con la propia pandemia: entablar negociaciones con empresas multinacionales gigantes, como lo son los laboratorios que desarrollaron y ahora comercializan el antídoto.
La alianza entre la empresa estadounidense Pfizer y la alemana BioNTech fue una de las primeras en comenzar la distribución de vacunas contra COVID-19 en todo el mundo. Tras las primeras experiencias en Estados Unidos y el Reino Unido, el conglomerado amplió el mercado y avanzó hacia otros mercados como el de América Latina.
En realidad, las conversaciones con algunos países latinoamericanos ya habían comenzado antes pero no se hicieron públicas hasta diciembre. En una conferencia de prensa el día 15 de ese mes, el ministro de Salud argentino, Ginés González García, dijo que Pfizer fue el primer laboratorio con el que el país había negociado, incluso antes de que en agosto anunciara un acuerdo con AstraZeneca y la Universidad de Oxford para producir su vacuna entre Argentina y México.
En aquella misma conferencia, González lamentó los problemas que su Gobierno tuvo para cerrar un acuerdo con Pfizer, a pesar de haber iniciado conversaciones incluso antes que con el Fondo Ruso de Inversiones Directas (RDIF), encargado de comercializar la Sputnik V, finalmente la primera en llegar al país sudamericano.
El ministro explicó que uno de los desacuerdos con Pfizer estuvo en una cláusula de «inmunidad» exigida por el laboratorio para que cualquier posible reclamación no sea resuelta por la Justicia argentina sino un tribunal de la ciudad estadounidense de Nueva York. Argentina aceptó ese pedido y en noviembre el Congreso argentino aprobó una «ley de vacunas» que, en su artículo 2°, habilita al Estado argentino a incluir «cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales arbitrales y judiciales con sede en el extranjero».
La queja de González apuntó a que esa norma no satisfizo al laboratorio en las negociaciones siguientes.
«Se nos pidió una ley que diera esa inmunidad. La ley estuvo en el Congreso y después apareció la central estadounidense, porque nunca era la gente local, diciendo que no era suficiente y había que hacer una nueva ley y que el contrato no lo firmara yo sino el presidente. En rigor de verdad son condiciones un poco inaceptables», comentó González García.
El enojo de Brasil y la razón de la frase de Bolsonaro
Argentina no fue el único gran país latinoamericano que tuvo un encontronazo con Pfizer. Los negociadores brasileños también hicieron pública su molestia por las cláusulas que el laboratorio pretendió hacer firmar al Gobierno de Jair Bolsonaro.
Si bien hay registros de que las conversaciones entre Pfizer y Brasil habían comenzado antes de septiembre —cuando el CEO de Pfizer envió una carta a Bolsonaro solicitando «acelerar» las negociaciones—, el diálogo entre el laboratorio y Brasilia se estancó debido al malestar brasileño con las condiciones propuestas por la empresa.
En diciembre, CNN Brasil reveló que el enojo de los negociadores brasileños consideraron «abusivas» cuatro exigencias de Pfizer: que el Estado brasileño esté obligado a depositar dinero en una cuenta en el exterior como garantía de pago; que cualquier diferendo sea juzgado en Nueva York; que el primer lote sea solamente de 500.000 dosis y que las personas deban firmar, antes de vacunarse, un deslinde de responsabilidad por cualquier efecto colateral de la vacuna.
De hecho, aquella última exigencia fue la que provocó una de esas declaraciones pintorescas de Bolsonaro que, más allá de su particular estilo, encerraba una preocupación verdadera de su Gobierno por la postura del laboratorio: «En el contrato de Pfizer está bien claro: nosotros no nos responsabilizamos por cualquier efecto secundario. Si te conviertes en un cocodrilo, es problema tuyo», dijo durante un acto público el 18 de diciembre.
Aunque puede parecer una mera formalidad, obligar a los pacientes a firmar un consentimiento informado antes de vacunarse puede tener consecuencias en las campañas de vacunación. En Uruguay, uno de los países que negoció con el laboratorio, la exigencia alertó a la comisión de expertos que asesora sobre vacunas al Ministerio de Salud Pública uruguayo, al considerar que puede tener un impacto negativo en la predisposición de la población a vacunarse.
El malestar brasileño con Pfizer terminó de manifestarse el 24 de enero de 2021, cuando el Ministerio de Salud de ese país emitió un comunicado en el que calificó abiertamente a las cláusulas solicitadas por el laboratorio como «leoninas y abusivas». Ese comunicado reafirmó el rechazo de Brasilia a colocar activos brasileños en el exterior como garantía y cuestionó que Pfizer pidiera «no tener penalización» por retrasos en la entrega de vacunas.
Además, aseguró que las pocas dosis ofrecidas a Brasil —el envío total no pasaría de dosis para 1 millón de pacientes— generaría «frustración a los brasileños» al obligar al Gobierno a «elegir» quiénes podrían vacunarse.
Este último punto también significó un problema para México, que sufrió a mediados de enero la suspensión de envíos de dosis por parte de Pfizer, a quien le compró un total de 34 millones de dosis. El laboratorio comunicó que no enviaría más dosis al país durante tres semanas debido a pedidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para cubrir su programa COVAX. La interrupción, que compromete el plan de vacunación ideado por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no conlleva sanciones para el laboratorio, según está especificado en el contrato.
El secreto como norma
En todos los contratos firmados por el laboratorio con los países latinoamericanos hay algo en común: el secreto. Ninguno de los Estados que negociaron pudieron dar detalles de los contratos rubricados con la empresa proveedora de las vacunas, por lo que lo poco que se conoce se da a través de trascendidos o fuentes no oficiales.
Uno de los detalles que se conoció en México es, precisamente, el mecanismo utilizado por Pfizer para evitar que haya filtraciones. Según reveló el medio digital Animal Político, el contrato obliga al Gobierno mexicano a notificar por escrito al laboratorio con anterioridad, en caso de que la información sobre el contrato vaya a publicarse.
La intención de Pfizer es que esta notificación le dé tiempo para presentar, según recoge el medio mexicano, «un oficio, amparo, medida cautelar, acción preventiva o renunciar a las disposiciones pertinentes de este contrato».
La confidencialidad exigida por el laboratorio llega incluso a comprometer a los gobernantes de los países ante sus propios poderes legislativos. Uno de los casos le ocurrió a la ministra de Salud peruana, Pilar Mazzetti, que tuvo problemas para explicarle a la Comisión Especial COVID-19 del Congreso las «controversias» que retrasaban la firma de un acuerdo debido a las cláusulas de confidencialidad.
Si bien Perú acabó anunciando en febrero la firma de un contrato con Pfizer para la compra de 20 millones de dosis en febrero, los meses de diciembre y enero estuvieron signados por las dudas del Ministerio de Salud de Perú sobre «los precios y el cronograma de entrega» y porque, según apuntó Mazzetti, «cuando se resuelve una controversia en un tribunal, se establece que tiene que haber un resarcimiento que puede involucrar a nuestras reservas».
Uno de los puntos clave que resguarda la confidencialidad es el precio que pagan los países por cada dosis de la vacuna de Pfizer. El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, fue uno de los que, al ser consultado por periodistas de su país, tuvo que excusarse: «Los precios son parte de la confidencialidad». El mandatario aclaró que si bien su país destinó hasta 120 millones de dólares a comprar vacunas, no todo ese dinero obedece al acuerdo con Pfizer.
La preocupación en Uruguay por la reserva de la información motivó al diputado Gustavo Olmos, del opositor Frente Amplio, a enviar una carta a Pfizer pidiendo que el laboratorio «autorice al Gobierno uruguayo a excluir de las cláusulas de confidencialidad la información de cantidades, plazos de entrega y precios en la compra de vacunas contra el COVID-19». El legislador cursó un pedido similar al laboratorio chino Sinovac, con el que el Gobierno uruguayo también anunció un acuerdo.
Ayer envié notas a Pfizer y Sinovac, solicitando se autorice al gobierno uruguayo a excluir de las cláusulas de confidencialidad la información de cantidades, plazos de entrega y precios en la compra de vacunas contra el COVID-19. Costa Rica y Panamá ya han publicado los precios.
— Tato Olmos (@tato_olmos) January 29, 2021
Costa Rica, que también suscribió un contrato con Pfizer, fue el único país que especificó el alcance de la cláusula de confidencialidad. Eduardo Mora, asesor jurídico de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), informó al diario El Observador de Costa Rica que el secreto podría revelarse pasado un año de la firma.
«La duración del contrato es por 12 meses máximo y vencido el contrato estaríamos levantando del todo las prohibiciones de la confidencialidad», puntualizó el jerarca.
En su pedido público, el diputado uruguayo aseguró que Costa Rica y Panamá fueron los únicos países que habían revelado cuánto habían pagado por cada dosis. En realidad, en ambos casos los medios locales tuvieron acceso a resoluciones administrativas de las compras que permitieron calcular precios aproximados de las dosis.
El diario La Estrella de Panamá, por ejemplo, consigna que el Gobierno panameño destinó 48 millones de dólares a la compra de 4 millones de dosis, al tiempo que el Ejecutivo de Costa Rica desembolsó 36.000.900 dólares para comprar 3.000.075 dosis. En ambos casos, el cálculo da un precio aproximado de 12 dólares por dosis.
La revelación de Mujica: ¿contratos a 15 años?
Sin información oficial sobre los contratos y en un universo de trascendidos, una afirmación hecha por el expresidente uruguayo José Mujica llamó la atención. El 4 de enero, durante su tradicional espacio en la emisora radial M24, el exmandatario hizo público un detalle sobre los contratos de una de las «conocidas» empresas fabricantes de vacunas que, según dijo, le comentaron «desde el exterior».
«…Estarían exigiendo para comprometerse a vender vacunas que en los próximos 15 años les tienen que comprar las vacunas a ellos. Yo no sé si es cierto semejante disparate pero la gente que me ha dicho esto es bastante seria y bien informada», dijo Mujica.
Mujica no mencionó específicamente a Pfizer, aunque se trata de uno de los laboratorios privados con los que el Gobierno uruguayo mantuvo negociaciones, culminando en un preacuerdo para el envío de 300.000 dosis.
