VALPARAÍSO – Los diputados y diputadas de la Bancada del Partido Comunista presentaron una querella criminal en contra del Sargento Segundo Juan González Iturriaga y el Cabo primero Cristián Moraga y de todos quienes resulten responsables en como autores o cómplices del homicidio calificado del joven malabarista Francisco Martínez Romero en la ciudad de Panguipulli, esto, luego de un control preventivo de identidad.
Los parlamentarios y parlamentarias solicitaron a través de esta querella oficiar a la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado, a Amnistía Chile y al Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Por otro lado, en el documento de once páginas se solicita también tomar declaraciones al General Director de Carabineros Ricardo Yáñez, al Subsecretario del Interior Juan Francisco Galli, al Intendente de la Región de Los Ríos, César Asenjo y el alcalde de Panguipulli, Rodrigo Valdivia, todo esto, con la finalidad de recabar todos los antecedentes que permitan acreditar que esta negligencia criminal por parte de Carabineros contra Francisco Martínez es constitutiva del delito de homicidio calificado producto de una balacera sin ninguna justificación legal.
Para los y las querellantes, los sucesivos disparos que terminaron con la muerte del joven malabarista quien se encontraba desarmado, incumplen todos los tratados, leyes, protocolos y circulares que debieron normar el actuar policial.
La diputada y abogada Carmen Hertz indicó que este delito sí se trataría de un homicidio calificado “puesto que la alevosía está claramente presente en la acción de manera que los agentes se aprovecharon y crearon un estado indudable de indefensión en la víctima y esto claramente concurre en este caso. Emplearon elementos tendientes a asegurar que no hubiera ningún riesgo para ellos, dispararon a las piernas de la víctima y después directamente al pecho, se retiraron del lugar y ni siquiera se preocuparon de conocer el estado de la víctima”.
“No tenemos confianza por así decirlo en lo que está ocurriendo a nivel de la Corte de Apelaciones en que como todo Chile sabe, se calificó este homicidio como legítima defensa y como medida cautelar se le dio al carabinero una firma quincenal, lo cual a nuestro juicio es totalmente improcedente, ya que de acuerdo a informaciones de prensa, la presidenta de la Sala es madre de un funcionario del GOPE de Punta Arenas por lo cual debió obviamente inhabilitarse, cuestión que no hizo”, agregó Carmen Hertz.
Por su parte, el diputado Boris Barrera agregó que “tenemos la convicción -y eso es lo que hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo- de que este gobierno de Sebastián Piñera viola los derechos humanos. La policía mata a una persona no porque se quiera defender, sino porque él puede hacerlo, porque han vivido todo este tiempo bajo un manto de impunidad que hace que ellos puedan actuar de esa manera, por lo tanto, creemos que es urgente y necesario, actuar frente a estos hechos”.
El parlamentario se refirió a los distintos casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por las policías desde el estallido social, calificándolas como “una masacre”.
“Nosotros que defendemos la vida y los derechos humanos, creemos que tenemos la obligación de hacer todo lo que esté en nuestras manos para frenar esta masacre y todas estas violaciones a los derechos humanos que ha cometido el régimen de Sebastián Piñera durante todo este tiempo y que se ha acentuado desde el estallido social”, puntualizó.
Los y las firmantes en la querella, solicitaron la designación de un fiscal exclusivo para la investigación de estos graves hechos que han consternado a la opinión pública.
