SANTIAGO – Ante la persistencia del superintendente de Educación, Cristian O’Ryan, de negar el uso de los mecanismos formales para la rendición de fondos de la Municipalidad de Recoleta y no respetar una indicación de la Contraloría General en cuanto a que exista una coordinación entre la Superintendencia de Educación y el Municipio para la rectificación en la rendición de recursos, el alcalde recoletano, Daniel Jadue, interpuso un recurso de protección contra la Superintendencia de Educación y el superintendente.
“El superintendente ha decidido permitirle a muchas comunas, sobre todo a las de su sector político, que rectifiquen, pero a Recoleta no. Y esto impacta en que nos quitan una parte significativa de la subvención mes a mes con la intención de debilitar la educación pública comunal”, declaró Jadue.
Citado por medios de prensa, explicó que “este recurso de protección en contra del Superintendente de Educación, Cristian O’Ryan Squella, y la Superintendencia, (es) puesto que queremos defender a las y los estudiantes de Recoleta de una abierta arbitrariedad que viola la libertad de igualdad ante la ley y la libertad de enseñanza. Y esto se materializa en la definición de este Superintendente, con un fin político, de dejar afuera a Recoleta de la rectificación de las rendiciones de fondos que están correctamente invertidas, justificadas y auditadas”.
Daniel Jadue sostuvo: “Tenemos reunida la información desde hace mucho tiempo, es más, la Contraloría General de la República otorgó 30 días al superintendente para trabajar con la comuna de Recoleta de tal manera que nos permitiera hacer esta rectificación, pero el Superintendente ha preferido salir a decir mentiras por televisión y ocupar políticamente su cargo”.
Municipalidad acusó falsedades de parte del Superintendente
Hace unas semanas, Cristián O´Ryan dijo que en Recoleta había “irregularidades” por unos cuatro mil 200 millones de pesos en el uso de fondos de Subvención Escolar Preferencial (SEP) en la municipalidad de Recoleta. Pero hasta la fecha esa afirmación no quedó legalmente comprobada y es más, la Contraloría llamó a que hubiese coordinación para rectificaciones y desde la Municipalidad ser hizo ver la falsedad de la acusación.
En su momento, a través de un comunicado, el municipio recoletano hizo ver que “siempre hemos respondido cada requerimiento que nos hacen las diversas instituciones fiscalizadoras de la nación”. En el texto se señaló que “en ningún documento emanado del Departamento de Educación de Recoleta (DAEM), que se haya dirigido a la Superintendencia a la Contraloría General de la República se afirma que se hayan mantenido los fondos en las cuentas como saldo líquido. Esto es de una falsedad de proporciones que rechazamos categóricamente”.
Además, se enfatizó: “Refutamos las declaraciones del superintendente, pues él miente a todo Chile al afirmar que desde nuestra institución ‘estaríamos mintiendo’ en la entrega de la información, ya que siempre hemos puesto y ofrecido poner todos los antecedentes a su disposición. Hay sendos oficios emitidos desde el DAEM referente a este asunto”.
“Respecto a los antecedentes de los gastos, no es efectivo que no hayamos podido presentar antecedentes sobre aquello, esto es más bien al revés, ha sido la Superintendencia la que reiteradamente no nos ha permitido efectuar las rendiciones en conformidad a la ley”, se indicó en el comunicado de la Municipalidad de Recoleta.
Ya en aquella oportunidad se advirtió de hacer gestiones en contra de O’Ryan porque sus acusaciones falsas “podrían constituir graves injurias”.
La reacción de funcionarios y funcionarias de la Superintendencia de Educación
Luego, la Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Superintendencia de Educación, emitió una declaración donde se expresó que “nos preocupa que nuestra institución, un organismo que debe ser eminentemente técnico, imparcial y objetivo, se preste para la farándula política de la que la mayoría de las y los ciudadanos de este país estamos agotados”. Desde la organización de trabajadores se hizo la pregunta: “¿Cuál es el objetivo que tiene la autoridad cuando realiza estas acusaciones en un medio de prensa, y en la que se refiere solo a un sostenedor municipal?”.
En el texto difundido se llamó la atención respecto a que en “la actualidad fiscalizan a un total de 4% de recursos transferidos…lo que puede poner en duda el alcance y la efectividad de la fiscalización de la Superintendencia…Solo en el año 2019, alrededor de 1.350 sostenedores no han acreditado saldo, centenares han acreditado saldos inferiores, otros tienen miles de millones en saldos sin acreditar (…) desde que se creó SEP”.
Se hizo ver que “las irregularidades denunciadas por el Superintendente de Educación y otras aún mayores son cometidas por muchos sostenedores, no solo municipales, sino también particulares subvencionados en todo el país”.
Frente a ese comunicado, el alcalde Daniel Jadue declaró que “un superintendente que se presta para operaciones claramente políticas no puede permanecer en su cargo y debe renunciar”.
