Para facilitar la compra de vacunas y darle inmunidad económica y confidencialidad a las farmacéuticas, 13 países de América Latina modificaron sus leyes para adquirir las vacunas contra el COVID-19, según una investigación periodística regional. Al menos 23 nuevas normativas cubren con un «manto de opacidad» a la región.
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«Pudimos ver que 13 Gobiernos tuvieron que hacer importantes concesiones para firmar contratos, concesiones que hoy limitan —cuando no impiden— el acceso público a información crítica sobre los términos acordados y los precios que se han pagado por las vacunas en cada país», dijo a La Nación Felicitas Torrecilla, coordinadora de Investigación de Fundación Directorio Legislativo, una de las organizaciones que junto con la Red de Periodistas de América Latina para la Transparencia y la Anticorrupción (Red Palta) estuvo a cargo de la investigación.
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Los Gobiernos latinoamericanos aprobaron leyes, decretos y resoluciones express para comprar la vacuna contra el COVID-19 entre septiembre y febrero del 2021. La investigación arrojó que:
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Ocho países cambiaron sus leyes para hacerse cargo de las posibles demandas que puedan enfrentar los laboratorios si surgieran efectos adversos graves después de que se ejecuten los planes masivos de vacunación; entre ellos Colombia, Perú, México, Argentina y Brasil.
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Uno de los laboratorios que pidió expresamente cláusulas para cubrirse contra posibles demandas fue el estadounidense Pfizer, que hasta llegó a pedir que los países pongan como resguardo sus bienes soberanos.
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- Al menos 16 países cambiaron sus leyes para otorgar confidencialidad en la compra de las vacunas y compraron de manera directa, es decir, sin procesos de licitación pública. Perú y México fueron dos de los primeros países en realizar las modificaciones.
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«Nada justifica el secreto en los contratos de compra de vacunas. Para poder controlar qué hace el Gobierno es indispensable que se garantice el acceso a la información sobre los contratos, qué se compra, a qué precio, qué se recibe, cómo y con qué criterio se distribuyen y aplican las vacunas», aseguró a Ojo Público Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional.
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En total, 10 laboratorios han establecido acuerdos para suministrar vacunas para los países latinoamericanos a través de negociaciones directas. AstraZeneca es la que ha suscrito el mayor número de contratos, al haber pactado el envío de dosis con 14 Gobiernos: Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Uruguay, México, Colombia, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Panamá, Paraguay, Bolivia y Brasil.
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Pfizer/BioNTech formalizó negociaciones con 11 países, mientras que el laboratorio ruso Gamaleya, que produce la Sputnik V, con seis naciones. Las farmacéuticas chinas Sinovac, Sinopharm y CanSino también han tenido aceptación en América latina, al haber suscrito contratos con seis, tres y un país, respectivamente.
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La multinacional estadounidense Johnson & Johnson, que ofrece una vacuna de una sola dosis, tiene acuerdos con Colombia y Chile. De igual manera, Covishield, la vacuna producida por el Instituto Serum de la India junto con AstraZeneca/Oxford, llegó a Argentina y República Dominicana. Moderna (Estados Unidos) y Bharat Biotech (India), por su parte, proporcionarán vacunas a un solo país, cada una.
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Nicaragua y Guatemala aún no han concretado negociaciones directas para la adquisición de dosis y, por el momento, dependen de los envíos de Covax o de donaciones. No obstante, el Gobierno guatemalteco publicó en febrero una norma que otorga inmunidad de juicio a las farmacéuticas. Asimismo, modificó su legislación para exceptuar a la compra de vacunas de los requerimientos del sistema nacional de contrataciones, aunque, como una acción a favor de la transparencia, se admitió la publicación de los detalles de estas adquisiciones.
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«El secreto abre la oportunidad para que los funcionarios abusen de su poder en su propio beneficio y el de sus familiares, amigos y seguidores políticos. Esta conducta es un claro caso de corrupción y la violación de los deberes de los funcionarios públicos y de la ley de ética pública», opinó Ferreira Rubio.
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- El precio que se pagó por cada dosis es un secreto en la mayoría de los países. Solo un puñado reveló información al respecto. El ministro de Salud chileno dijo que pagaron 12 dólares por cada dosis de Pfizer y 11,4 dólares por la Sinovac. En México, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud informó que desembolsaron 4 dólares por dosis de la vacuna de AstraZeneca y 9,95 dólares por cada dosis de la vacuna Sputnik V.
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- Al menos cuatro países exoneraron de impuestos para la compra de vacunas: México, Argentina, Bolivia y Guatemala.
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