El presunto apoyo de la Embajada británica al golpe de Estado de 2019 por su interés en el litio boliviano, desnuda una forma de actuar de la Corona hacia los países de América latina, la cual no muestra modificaciones en los últimos siglos.
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Las denuncias contra la Embajada de Reino Unido por injerencia en asuntos internos de Bolivia no son antojadizas. Desde que los países de América Latina se liberaron del yugo español, en el siglo XIX, sus recursos naturales permanentemente fueron objeto de deseo del Imperio británico. Como muestra, cerca del Polo Sur ocupan las islas Malvinas —que son territorio argentino— de donde extraen riquezas petroleras, lo mismo que peces.
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Decenas de historiadores coinciden en que la Corona británica también movió los hilos de la Guerra del Pacífico (1879-1884), que involucró a Chile, Bolivia y Perú; así como de la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870), que enfrentó a Paraguay con Brasil, Argentina y Uruguay para beneficiar comercial y económicamente al Reino Unido.
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Visto en este plano, las recientes denuncias aparecidas en medios británicos, sustentadas en documentos diplomáticos desclasificados, son un hito más en una historia de intervenciones de la Corona en los países de la región.
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El revelador artículo de Matt Kennard se publicó en Declassified UK el 8 de marzo pasado. El día 10, el canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, se reunió con el embajador del Reino Unido e Irlanda del Norte, Jeff Glekin, para conocer su versión sobre las acusaciones de injerencia, considerando el manifiesto apoyo del diplomático al Gobierno de facto de Jeanine Áñez (2019-2020), así como su simpatía por «los pititas«, como se recuerda al movimiento civil que apoyó al golpe.
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El Gobierno boliviano aún espera una respuesta bien fundamentada de la Embajada británica, la cual pretende desvirtuar las graves denuncias. Según los documentos difundidos, se evidencia la codicia del Reino Unido por los yacimientos de litio que el país posee bajo el salar de Uyuni, en el departamento de Potosí (suroeste), consideradas las reservas más grandes del mundo de este metal, esencial para hacer baterías de celulares, autos eléctricos y otros modernos aparatos electrónicos.
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Desde los tiempos de Melgarejo
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Gabriel Villalba, abogado especializado en Geopolítica, contó a Sputnik que conocer esta noticia «me retrotrajo a una cita que realiza Eduardo Galeano en su libro ‘Las venas abiertas de América Latina’, donde habla de uno de los presidentes más nefastos que tuvimos en la historia de Bolivia».
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Según ese texto de Galeano, el expresidente Mariano Melgarejo (1864-1871) «obligó al embajador de Inglaterra a beber un barril entero de chocolate, en castigo por haber despreciado un vaso de chicha. El embajador fue paseado en burro, montado al revés, por la calle principal de La Paz. Y fue devuelto a Londres».
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De acuerdo con la leyenda, al enterarse de la noticia la reina Victoria pidió un mapa de América del Sur, tachó este país con una cruz y dijo: «Bolivia no existe».
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«Así concebía la monarquía inglesa a Bolivia: como un país anulado en el mundo», dijo Villalba. Pero ahora, «con el mayor reservorio de litio del mundo [calculado en 21 millones de toneladas métricas] por supuesto que Bolivia vuelve a estar nuevamente en su mapamundi, como un país importante», explicó.
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El Reino Unido posó sus ojos en Bolivia «porque para su industria es una prioridad estratégica el litio», que también hay en los suelos del norte de Argentina y de Chile. Por ello, «la geopolítica de dominación británica está enfocada en estos países», dijo el analista.
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«Apenas se subvirtió el orden constitucional en mi país, en noviembre de 2019, el embajador Glekin le ofertó a Jeanine Áñez las operaciones de empresas británicas, algunas de ciberseguridad y otras dispuestas a explotar el litio boliviano», recordó Villalba.
«También el canciller de Inglaterra, Dominic Raab, hizo declaraciones a favor del golpe de Estado en Bolivia, en directa confrontación con el líder del Partido Laborista Jeremy Corbyn», comentó.
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Y agregó: «Previo al golpe de noviembre de 2019, el representante diplomático Glekin habría manifestado que Bolivia no estaba a favor de la inversión extranjera británica y que esa era su mayor preocupación».
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En este sentido, «los documentos desclasificados nos develan toda esta maquinación desde el Imperio británico para obtener el litio boliviano a través de su apoyo al régimen de facto de Áñez», resumió.
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La politóloga Patricia Guzmán contó a Sputnik que la Embajada británica y el Gobierno de Áñez firmaron un acuerdo por la inversión de 20 millones de libras esterlinas (unos 28 millones de dólares) para la explotación de litio en el salar de Uyuni el 25 de noviembre de 2019, apenas dos semanas después de que fuera derrocado Morales, cuando recién habían sido enterradas las víctimas de la masacre de Senkata.
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«Este es un hecho concreto que hace pensar justamente en los intereses que tienen los países, y sobre todo Gran Bretaña, en el litio boliviano», comentó Guzmán.
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Y evocó el tuit de Elon Musk del año pasado («Le haremos un golpe de Estado a quien nos dé la gana. Lidien con eso»), que «supuestamente lo había dicho a manera de broma, pero no creemos que sea tan así», advirtió.
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«De este modo se entiende que al tener Bolivia las mayores reservas de litio en el mundo, hay un interés geopolítico de potencias y de países que han estado acostumbrados a ejercer injerencia política y violar la soberanía de países de Latinoamérica, para extraer sus riquezas y materias primas y enriquecerse a costa de eso», afirmó.
Pero a cambio de esta riqueza «se empobrece sobre todo al país, que no genera políticas soberanas para la explotación de estos recursos», dijo Guzmán, quien tiene un diplomado en Geopolítica e Integración Regional en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y escribe para la estatal Agencia Bolivia de Información (ABI).
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Luego de su reunión con el canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, el embajador Glekin salió a responder a la prensa que esperaba afuera y negó las acusaciones formuladas en medios de su patria. Más tarde, sacó un comunicado en el cual atribuyó el conflicto a una «campaña de desinformación».
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Para Guzmán, «es una respuesta floja, porque los medios digitales que sacaron esta información de injerencia política en el golpe de Estado estaban basados en documentos clasificados del Reino Unido. Y citan estos documentos clasificados».
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Agregó: «Por esto el Canciller ha solicitado que hagan un informe para explicar y desmentir estas denuncias con información fidedigna y valedera, para que como bolivianos tengamos la certeza de que nuestra soberanía no está siendo violada».
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Sería importante que la Embajada británica logre desvirtuar estas denuncias, para así «mantener relaciones bilaterales de confianza y de respeto hacia la soberanía de los Estados», expresó Guzmán.
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Para ella, el Reino Unido no debería haber firmado convenios con Áñez, «sabiendo que el Gobierno de facto había asumido por golpe de Estado. Tranquilamente podía hacer como otras embajadas, que no estrecharon lazos con el Gobierno de facto y esperaron al retorno de la democracia».
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Guzmán recordó que el golpe de Estado y el consecuente Gobierno de facto causaron al menos 37 muertes, entre ellas las ocurridas en las masacres de Senkata y Sacaba. Más de 1.500 personas fueron enjuiciadas por oponerse a una presidencia ilegítima, por no mencionar los daños al Estado millonarios causados por las autoridades transitorias.
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«Que un país como Gran Bretaña haya participado de esto, basado en sus intereses geopolíticos y sobre todos en sus intereses por el litio, sería terrible. Sería una noticia muy alarmante para la comunidad internacional», opinó.
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Las elecciones del pasado 7 de marzo sirvieron para que la oposición se pudiera reubicar en el tablero político nacional. Hay figuras de peso en las ciudades del llamado eje central del país. Por ejemplo, en Santa Cruz (este) fue electo gobernador el empresario Luis Fernando Camacho; en Cochabamba (centro) el excapitán Manfred Reyes Villa como alcalde; y en la ciudad de La Paz fue elegido Iván Arias, quien fuera ministro de Obras Públicas de Áñez.
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Es de prever que, con otras figuras que se decantarán conforme avancen los cómputos finales, estos tres avezados políticos conformarán un bloque similar al de la Media Luna, que causó más de un dolor de cabeza a Evo Morales (2006-2019) durante su primera presidencia (2006-2009).
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La Media Luna, integrada por gobernadores y autoridades de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Cochabamba, había tenido contactos con el entonces embajador de Estados Unidos en el país, Phillip Goldberg, quien fue expulsado por Morales luego del intento de golpe de Estado cívico-prefectural de 2008, acusado de injerencia en la política interna boliviana.
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¿Cómo evitar que el nuevo bloque opositor se alíe con gobiernos extranjeros para debilitar a la presidencia del Movimiento Al Socialismo (MAS)?
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«Como Estado, tenemos que aprender del golpe que recién hemos recibido. Deberíamos tomar políticas mucho más serias en cuanto a nuestras relaciones bilaterales con países que sabemos han ejercido injerencia política en algún momento», evaluó Guzmán.
«Creemos realmente que mediante la democracia se puede llevar adelante esta revolución. Sin embargo, no podemos cometer el mismo error de permitir que vuelvan los grupos violentos armados y racistas que han actuado en el golpe de Estado», dijo.
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Por ello consideró necesario avanzar en la realización de juicios por responsabilidades contra quienes usurparon las funciones del Estado durante 11 meses.
Sebastián Ochoa – Periodista argentino, estudió en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ). Vive en Bolivia desde 2007, donde ha trabajado para distintas instituciones de la sociedad civil y como comunicador de organizaciones indígenas campesinas. Entre 2008 y 2018 escribió para el diario Página 12 de Argentina y desde septiembre de 2020 es corresponsal de Sputnik en Bolivia.
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