LA PAZ (Sputnik) — El Gobierno de Bolivia pedirá una condena de 30 años de cárcel contra la expresidenta Jeanine Áñez, quien cumplía este 15 de marzo su primer día de una detención preventiva de cuatro meses para enfrentar juicio por el golpe de Estado contra Evo Morales en noviembre de 2019.
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«Los cuatro meses de detención preventiva servirán para sustentar las graves violaciones de derechos humanos durante el gobierno de facto. Estamos buscando una condena de 30 años», dijo a reporteros el ministro de Justicia, Iván Lima.
Áñez fue aprehendida en la madrugada del 13 de marzo en la ciudad amazónica de Trinidad (noreste), por orden de fiscales que procesan una denuncia contra responsables del golpe que siguió a las elecciones generales de octubre de 2019, ganadas por Morales y denunciadas como fraudulentas por la oposición conservadora.
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En una audiencia cautelar de diez horas, transmitida en vivo por redes sociales, una jueza dictó prisión preventiva de cuatro meses en penales ordinarios de La Paz contra Áñez y sus exministros Álvaro Coímbra, de Justicia, y Rodrigo Guzmán, de Energías.
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Presiones
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«El MAS (Movimiento Al Socialismo) decide y el sistema judicial obedece: me envían cuatro meses detenida para esperar el juicio por un «golpe» que nunca ocurrió», publicó en Twitter la exgobernante desde su celda policial, luego de que la jueza Regina Santa Cruz dictó su prisión preventiva.
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La denuncia de una supuesta presión política del gobernante MAS sobre la justicia fue compartida por líderes opositores que insistieron en que el 2019 no hubo golpe sino «transición constitucional» tras la renuncia de Morales y amenazaron con protestas contra el Gobierno de Luis Arce, instalado tras las elecciones de noviembre pasado.
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Áñez demandó ser procesada eventualmente en un juicio de responsabilidades, dada su condición de expresidenta, pero la jueza, en coincidencia con la fiscalía, consideró que no correspondía el caso de corte porque los delitos de los que estaba acusada eran de cuando tenía condición de senadora.
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«Se ha respetado el debido proceso en todo momento. En este caso se la procesa por los delitos que ha cometido en su condición de senadora antes de asumir como presidenta de facto», coincidió Lima.
Concretamente, la denuncia es por sedición, usurpación de funciones, autonombramiento de presidenta del Senado para tomar la Presidencia del Estado y otros, dijo el ministro, anticipando que habría más procesos por masacres y violaciones de derechos.
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Garantías
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Ante una ola de denuncias de «persecución política» y atropellos contra Áñez y sus excolaboradores, a la que se sumó inclusive la Iglesia católica, el titular de Justicia aseguró que en todo el proceso se está respetando «escrupulosamente» el ordenamiento legal.
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Lima confirmó que un representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, constataron el «buen trato» dado a Áñez en su lugar de detención y asistieron luego a la audiencia cautelar.
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Lima dijo que, junto con la Cancillería, su oficina envió una invitación formal a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que haga una visita presencial a Bolivia y fiscalice el proceso contra la exgobernante.
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Áñez pasará su detención preventiva en el Centro de Orientación Femenina del barrio residencial de Obrajes, en tanto que Coímbra y Guzmán lo harán en el penal de San Pedro, en el centro de La Paz.
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En el mismo «caso Golpe de Estado», la fiscalía ha ordenado también la aprehensión de los exministros Arturo Murillo, de Gobierno; Luis Fernando López, de Defensa (ambos refugiados en Estados Unidos), y Yerko Núñez, de la Presidencia, además de cuatro exjefes militares.
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