SANTIAGO – La implementación del Estado de Excepción en la zona sería ilegítima y podría escalar aún más el conflicto, señalan profesores de la Facultad de Derecho y del Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de la Universidad de Chile. «Es una mala política, no es una política de Estado», sentencia Felipe Agüero, subdirector de esta última unidad académica.
El pasado jueves 4 de marzo la Cámara de Diputados, con votos del oficialismo y parte de la oposición, aprobó un proyecto de resolución que solicitaba al Presidente Sebastián Piñera militarizar la Región de la Araucanía a través de un Estado de Excepción. A pesar de que desde La Moneda la opción fue desechada, sectores del oficialismo insisten en la implementación de esta medida, alegando incluso razones sanitarias. En este sentido, académicos y académicas de la Universidad de Chile alertan sobre la implementación de medidas represivas en el sector, pudiendo ocasionar incluso una escalada de violencia.
El subdirector del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile (INAP), Felipe Agüero, señala que «el Presidente ha sido bastante explícito en señalar la necesidad del Estado de Excepción para controlar la situación de conflicto en las regiones del sur. Este es un uso ilegítimo. Su afán de involucrar a las Fuerzas Armadas en ese conflicto no puede esconderse bajo la pretensión de control sanitario”, y agrega que “pasar de contrabando la acción militar bajo ese pretexto es inconstitucional. (…) Es una mala política, no es una política de Estado, es una política para tratar de navegar y sobrevivir su último año de Gobierno, a costa de empeorar la situación en la zona».
Un diagnóstico que comparte Salvador Millaleo, profesor de la Facultad de Derecho de la U. de Chile y miembro del Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, quien afirma que “es una señal electoral, en un año de elecciones, y que no tiene, ni va a tener ningún efecto sanitario, y que de hecho, podría tener un efecto social nocivo (…) Nos están tratando de convencer de que estos son los instrumentos que van a resolver el conflicto en la Araucanía, pero que en los últimos años han demostrado solamente ser instrumentos para aumentar el conflicto”.
El académico sostiene que “desde la perspectiva jurídica, este lema de que ‘en la Araucanía no hay Estado de Derecho’, es completamente falso. Lo que hay en la Araucanía es una situación de conflictividad en algunas zonas, que efectivamente se ha ido acentuando, pero que se enmarcan en la normalidad de una región que tuvo muchos contagios generados por el permiso de vacaciones, y existe una percepción de que las policías no están a disposición de ciudadanos comunes, sino que para cuidar los grandes intereses. No hay una situación de guerra civil, eso que se está planteando es muy irresponsable”.
Estado de Excepción de facto
La académica de la Facultad de Derecho y directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Myrna Villegas, advierte de la existencia de un Estado de Excepción de facto en la zona, “en el sentido biopolítico”, explica. “Se está empleando el mecanismo legislativo en pro de la criminalización de un sector; con instrumentos legales como, por ejemplo, la ley antisaqueos, antibarricadas, etcétera (…) El optar por la herramienta legal punitiva, por sobre la herramienta política, transgrede los Derechos Humanos en la medida en que el Estado no está propiciando la solución a un conflicto, sino que, al contrario, la está exacerbando”.
Explica que, en este caso, “el mismo Estado está imponiendo un factor” dentro de la crisis en el sector, al anunciar o tomar medidas que permiten que, de facto, la zona ya esté militarizada. “el Estado está transgrediendo tratados con esta militarización, porque implica tener allanamientos, detenciones, probablemente vejaciones o comisiones de delitos de otro tipo. El Estado está potenciando e infringiendo los Derechos Humanos no por el hecho en sí de dictar un decreto, sino que por todo lo que ese decreto implique”, plantea.
Salvador Millaleo finalmente agrega que “lo que están haciendo es aplicar la misma receta que se ha aplicado siempre, que es incrementar, con más medidas de fuerza, la intervención del Estado, y esta receta, es la que no sólo ha fracasado, sino que ha alimentado el conflicto”, concluye.
