LA PAZ (Sputnik) — La justicia boliviana considerará una «acción de libertad», recurso judicial similar al hábeas corpus, en favor de la expresidenta transitoria Jeanine Áñez (2019-2020), quien pasaba su séptimo día de detención prejudicial acusada de golpe de Estado, informó la hija de la exgobernante.
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«El Tribunal Décimo de Sentencia de la Ciudad de La Paz, constituido en Tribunal de Garantías Constitucionales, señala audiencia virtual para el día viernes 19 de marzo del año en curso, a horas 14:30» (18:30 GMT), dijo una resolución judicial divulgada en las redes por Carolina Ribera, la hija de Áñez.
El recurso, que busca la libertad de Áñez por razones de salud, fue planteado contra la directora de la cárcel femenina donde está recluida la expresidenta y contra un juez que supuestamente impidió su internación en un centro médico.
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Ribera había anunciado el recurso el 18 de marzo, al día siguiente de que Áñez presentara un cuadro de hipertensión, en medio de polémica por el estado de la expresidenta, de quien una activista de derechos humanos dijo que había iniciado una huelga de hambre, lo que fue negado por autoridades penitenciarias.
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Disputa política
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La polémica sobre la salud de Áñez se sumó a la disputa política desatada desde que fue arrestada el pasado sábado y puesta dos días después en prisión preventiva por seis meses para enfrentar juicio por su autoproclamación como presidenta transitoria tras el derrocamiento de Evo Morales (2006-2019).
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El 18 de marzo, la presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos, Amparo Carvajal, dijo a la prensa tras visita a Áñez que la expresidenta le había dicho que estaba en huelga de hambre, muy debilitada y deprimida, y le comentó «¿para qué luchar?, ¿para qué vivir?».
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La Dirección de Régimen Penitenciario informó horas después en un comunicado que «la salud de la exsenadora Jeanine Áñez es estable», según «el informe médico realizado por especialistas» en la tarde del 18 de marzo.
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«Se desmiente categóricamente anuncios promovidos por algunos medios de comunicación en los que se asegura que la exsenadora estaría realizando una huelga de hambre», agregó esa oficina, remarcando que cuidaba la seguridad y la salud de Áñez y de todos los privados de libertad.
El proceso que enfrenta Áñez, iniciado por una denuncia planteada por la exdiputada Lidia Patty, del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), incluye también como acusados a exministros del Gobierno transitorio y exjefes militares y policiales, algunos de los cuales están detenidos.
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Pero el también acusado exlíder cívico y recién electo gobernador del departamento de Santa Cruz (este), Luis Fernando Camacho, seguía en libertad y no se conocía orden judicial para su eventual arresto, según dijo él mismo a medios locales.
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La detención de Áñez reactivó una dura disputa política entre la oposición y sectores próximos al Gobierno socialista de Luis Arce que aplauden el proceso y piden que también sean enjuiciados otros supuestos líderes del golpe de 2019, como los expresidentes Carlos Mesa (2003-2005) y Jorge Quiroga (2001-2002).
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Esas y otras figuras de la derecha local denunciaron el caso de Áñez como «venganza» y «persecución política», negando la versión oficial de que lo ocurrido en noviembre de 2019 fue un golpe de Estado y señalando en cambio que la crisis fue causada por un supuesto fraude electoral del MAS.
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El Parlamento, de mayoría oficialista, emitió el 18 de marzo declaraciones de condena al jefe de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, por su «injerencia» al pedir la libertad de Áñez y su previo respaldo a la versión de fraude que alentó las protestas que terminaron derribando a Morales.
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Asociaciones de víctimas de la represión que siguió a la crisis política realizaron en la última semana varias manifestaciones y actos en La Paz, en apoyo al juicio contra Áñez.
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