Un texto elaborado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en el que se analiza la situación de los Derechos Humanos en distintos territorios, saca los colores a determinadas figuras políticas españolas por su trato y ataques hacia la prensa.
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En concreto, Estados Unidos reprocha a España su trato a la libertad de prensa y recopila las denuncias que han hecho muchos periodistas del país tras el estallido de la pandemia. Se explica en dicho informe que «los medios independientes estuvieron activos» y expresaron una amplia variedad de puntos de vista generalmente «sin restricciones». Sin embargo, ojo al dato, «RSF y otras organizaciones de libertad de prensa indicaron que la restrictiva ley de prensa del país y su aplicación imponen censura y autocensura a los periodistas«.
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Entre los casos que utilizan para ejemplificar estas malas prácticas subrayan que el presidente Pedro Sánchez acusó a los medios «conservadores» de «agitar a la sociedad» cada vez que los conservadores pierden una elección y también que hubo quejas por parte de los periodistas durante las ruedas de prensa del Gobierno en los primeros meses de la pandemia, cuando los periodistas tenían que mandar por escrito y con anticipación sus preguntas.
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Otro ejemplo es cuando Pablo Iglesias, exvicepresidente segundo del Gobierno, afirmó que la prensa crítica con el Gobierno había «ofendido la dignidad del periodismo» cuando amenazó con llevar a prisión a un periodista por publicar información comprometedora de la financiación de su partido, Unidas Podemos. Asimismo, se expone el hecho en el que el portavoz del Congreso de ese mismo partido, Pablo Echenique, atacó la profesionalidad del presentador de televisión Vicente Vallés. El texto también reúne diversos ataques a la prensa por parte de Vox, tanto verbales como físicos, durante las protestas de mayo en todo el país contra las políticas gubernamentales COVID-19.
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Tras la publicación del informe estadounidense, la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) se ha reafirmado en su denuncia de «acoso y señalamientos a periodistas». Por su parte, la vicepresidenta primera Carmen Calvo ha dicho que ningún país puede decirle a una democracia como la española «cómo funcionan nuestras libertades» y ha considerado que se trata del «último coletazo de la Administración Trump«.
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