SANTIAGO – En las últimas horas, las organizaciones de la sociedad civil abandonaron la Mesa de Promoción y Protección de los derechos LGBTI, creada con el fin de tomar medidas urgentes para hacerle frente al aumento de la violencia hacia las personas de la diversidad sexual y de género en Chile.
Desde febrero de 2019 a la fecha, se han organizado distintas instancias similares impulsadas tanto por la Subsecretaría de Prevención del Delito, el Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación del Ministerio Secretaría General de Gobierno y, finalmente la Subsecretaría de Derechos Humanos. Estos esfuerzos conjuntos entre Gobierno y sociedad civil se iniciaron para tomar medidas concretas que promovieran la prevención de crímenes de odio y la erradicación de la discriminación por parte del Estado hacia esta población. A la fecha, no se perciben mayores avances en temas que resultan de primera importancia para las personas LGBTI+.
Este quiebre entre los entes del Estado y las organizaciones de la sociedad civil, se da cuando paralelamente se discute en el Senado la reforma a la Ley Antidiscriminación (Nº 20.609), la cual estará en tablas el lunes. A su vez, las distintas entidades manifestaron su preocupación por la «falta de peso» que ven desde el Gobierno sobre la problemática, la cual mantiene en total desprotección a las personas trans, especialmente ahora en el contexto de crisis sanitaria.
Otro de los puntos que reclaman las organizaciones mencionadas es la creación de un órgano dentro de la reforma a ley antidiscriminación.
La directora ejecutiva de Fundación Iguales, Isabel Amor, afirmó que, «siendo una organización que se caracteriza por colaborar con el Estado, nos resulta impracticable seguir en este espacio». «Pareciera que se les olvida que son ellos los garantes de derechos y que esperan que las organizaciones hagan el grueso del trabajo», agregó.
Asimismo, Tatiana Rojas de MUMS señaló que se ha «participado en todas las mesas de las cuales hemos sido invitadas por el gobierno sin embargo, después de la foto de rigor, no hemos tenido ningún resultado concreto de ninguna de ellas, es más, sin explicación alguna». «La población LGBTI+ no solo no tiene una Ley Antidiscriminación efectiva, sino que se ha demostrado en pandemia que no somos sujetas de derecho a la salud, al trabajo, a beneficios sociales, etc.», enfatizó.
El coordinador de Políticas Públicas de OTD, Franco Fuica, sostuvo que «no hay voluntad política para asignar presupuesto a un programa de salud trans, ni para incluirnos a todos los beneficios sociales por la pandemia ni para ponerle dientes a una ley antidiscriminación que no evitó los crímenes de odio después del asesinato de Daniel Zamudio».
«Agradecemos la invitación a desarrollar políticas públicas, pero como migrantes y personas refugiadas, que huímos de países donde la vulneración de Derechos Humanos es el pan de cada día, vemos con preocupación las mismas prácticas dilatorias ante las denuncias reiteradas de violencia», afirmó José Manuel Simons de Migración Diversa.
