SANTIAGO — En marzo de este año, la jefa de Gabinete del presidente Sebastián Piñera, Magdalena Díaz, tomó el teléfono y marcó a Miami. El número era del empresario mexicano Remigio González, dueño de uno de los mayores imperios televisivos de América.
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González, radicado en Estados Unidos, es propietario del canal de televisión chileno La Red, cuyos contenidos relacionados al periodismo de entrevista e investigación han causado ruido al interior de La Moneda (sede de Gobierno). «Su canal se fue a la izquierda. El daño que se le hace a la democracia con su línea editorial es complicado, porque genera divisiones en el país», le habría dicho Díaz al empresario, según informó el medio online local Interferencia en base a fuentes cercanas a la conversación.
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Aquello sucedió justo después de que La Red emitiera un reportaje sobre los supuestos nexos entre Piñera y una cadena de casinos de juegos, denunciando presuntas gestiones del mandatario para favorecerlos durante la pandemia del COVID-19.
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La llamada telefónica a González se difundió en medios locales y generó una ola de críticas del sector de la prensa. «Fue un acto de censura directo. Pero no es el primero, sino uno dentro de una serie de vulneraciones a la libertad de expresión», dijo a Sputnik el presidente del Colegio de Periodistas de Chile, Danilo Ahumada.
El gremio inició esta semana una campaña llamada #InformarNoEsDelito, en la que denuncian la existencia de un cerco comunicacional del Ejecutivo para acallar los cuestionamientos y las investigaciones periodísticas. Además, advierten que cientos de periodistas han sido detenidos o lesionados por la policía cuando intentan cubrir manifestaciones en contra de la actual administración.
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Estallido social
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El Observatorio del Derecho a la Comunicación (ODC), organización social que también participa de la campaña, publicó un estudio revelando 295 casos de ataques a periodistas por parte de la policía y de Fuerzas Armadas, desde el comienzo de las protestas contra el Gobierno (estallido social), en octubre de 2019, hasta marzo de 2021.
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Los profesionales fueron heridos por proyectiles policiales, balines, gas pimienta, gas lacrimógeno, carros lanzaguas y sufrieron detenciones ilegales. El ODC denunció que dos de los lesionados perdieron la visión de un ojo y que dos comunicadoras fueron obligadas a desnudarse en una comisaría.
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«El Gobierno avala las situaciones de violencia contra los periodistas. Yo mismo fui detenido cuando estaba trabajando durante una manifestación en Valparaíso (centro). La justicia declaró ilegal mi detención, pero estuve un año en proceso porque el Gobierno se querelló contra mí», contó Ahumada.
El Colegio de Periodistas realizó una ronda de reuniones con el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, la Fiscalía y prontamente se reunirá con los representantes del Congreso, pidiendo garantizar la libertad de información en el país.
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Pero el gremio detalló que su campaña no solo apunta a mostrar la dificultad de reportar durante las manifestaciones, sino que también se ha producido vulneraciones a la prensa durante la gestión de la crisis sanitaria.
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Pandemia
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El caso más reciente ocurrió la semana pasada, cuando los medios estadounidenses The Washington Post y The New York Times publicaron análisis que cuestionaban la gestión del Ejecutivo durante la pandemia, debido a que los contagios aumentaron a sus peores cifras a pesar de estar vacunando masivamente a la población.
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«Curiosamente, ambos medios se ponen de acuerdo, parece, para transmitir estas noticias, que no son verdad», atacó el ministro de Salud, Enrique Paris, en conferencia de prensa. «Estas publicaciones son un hábil intento de desestabilización, un oscuro intento por usar la pandemia y el sufrimiento para obtener ventajas políticas», agregó posteriormente en una columna de opinión el abogado del presidente Piñera, Gabriel Zaliasnik.
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The New York Times no tardó en responder. «Respaldamos nuestra cobertura sobre el despliegue de la vacunación en Chile y el estado de la pandemia en el país. Trabajamos para reportar la verdad e interrogar al poder y lo seguiremos haciendo», afirmó el medio en un tuit que ya superó los 9.000 Me Gusta.
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«Los dichos y el tono de los ministros son intromisiones gubernamentales que nos parecen preocupantes. Y lo que es peor: hemos recibido una serie de denuncias de que el Ministerio de Salud no estaría cumpliendo con la Ley de Transparencia cuando se le solicitan datos de la pandemia. Los entregan a medias o muy tardíamente», criticó Ahumada.
Asimismo, el presidente del gremio agregó: «Esta es una opinión personal. Creo que el Gobierno del presidente Piñera actúa con una mirada autoritaria que no escucha a la ciudadanía, la trata con desprecio. En Chile se vulnera la libertad de expresión y eso debe ser difundido internacionalmente», cerró.
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La campaña del Colegio de Periodistas ha sido difundida ampliamente en redes sociales con el hashtag #InformarNoEsDelito y ya han adherido a ella la Red de Periodistas Migrantes de Chile, la ODC, la Federación de Colegios Profesionales, la Federación Latinoamericana de Periodistas y una serie de medios y periodistas independientes.
Francisco Bravo Atias – Corresponsal en Chile de Sputnik desde 2017. Anteriormente trabajó en los diarios La Segunda y El Mercurio. Graduado de periodismo de la Universidad Diego Portales de Chile.
