Carlos Peyrin, detenido el 2 de diciembre de 2019 y condenado a tres años y un día en un juicio abreviado por trasporte de una bomba molotov, hasta hoy asegura ser inocente. Estando preso estudió para rendir la prueba de admisión universitaria y hoy es alumno regular de la Universidad Católica de Concepción, pero no puede cursar.
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Carlos Peyrin Matamala, el primer preso del estallido social de Concepción, ciudad ubicada al sur de Chile, lleva un año y cuatro meses cumpliendo condena en la cárcel El Manzano, tras ser culpado de porte de armamento explosivo en diciembre de 2019. Peyrin tiene 32 años, es padre de dos niños, trabajador de la construcción y siempre quiso estudiar, pero su situación familiar y económica se lo impidió, no así la prisión.
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«Carlos empieza a prepararse, él siempre quiso estudiar licenciatura en Historia, entonces Carlos da esta prueba de transición en un contexto que es muy brutal, donde el día anterior a esta prueba, empiezan a hacerse allanamientos, donde se empiezan a generar peleas, discusiones entre internos», relata a Sputnik Oriana Astudillo Sanhueza, activista en derechos humanos y vocera de Carlos Peyrin.
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Esteban Arévalo Díaz, defensor de derechos humanos y abogado de Peyrin, explica a que, «de forma excepcional, excepcionalísima diría yo, venciendo todas estas barreras e imposibilidades de poder acceder a la educación, dio la Prueba de Transición Universitaria (PTU), haciendo un gran esfuerzo debido a que en todo momento se le prohibió y se le restringió el acceso de material educativo por parte de Gendarmería«.
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Oriana, detalla que tras rendir la PTU, Peyrin quedó seleccionado en la carrera de Historia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Sin embargo, no ha podido estudiar desde el recinto penitenciario, pese a que está matriculado de la casa de estudios.
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«El tema es que hoy día Carlos es alumno regular de la Universidad Católica y no ha podido tener acceso a estudiar cuando ya empezaron las clases», denuncia Oriana.
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«Ya llevamos más de un mes de inicio de clases, hasta el momento, y Gendarmería informada de esta situación, no proporciona los medios necesarios a Carlos para poder ejercer su derecho a la educación, que está recogido y consagrado en nuestra Constitución política, como además en innumerables tratados internacionales sobre derechos humanos, que recogen el derecho en general a la educación y también se hacen cargo del derecho a la educación que tienen las personas privadas de libertad», detalla su abogado.
Según explica el profesional el sistema penitenciario chileno tiene como objetivo resguardar el cumplimiento de la sentencia, «pero, además, en el papel, tiene como finalidad la rehabilitación y la reinserción de las personas privadas de libertad. ¿Cómo?, fundamentalmente a través de la educación y del trabajo».
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Las respuestas de las autoridades
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Cartel en apoyo a Carlos Peyrin
© Foto : Gentileza Grupo de apoyo Libertad para Carlos Peyrin Concepción
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Tras el ingreso a la universidad, la respuesta de la institución penitenciaria a la solicitud de facilitar que Carlos Peyrin estudie se remite a señalar que no existen medios logísticos ni tecnológicos al interior del Centro de Cumplimiento Penitenciario donde este interno se encuentra.
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Una respuesta que la defensa no entiende, si se considera que los medios tecnológicos necesarios «hoy en día ya no son de tan difícil acceso», o porque podrían otorgar «un permiso diario para que él pueda asistir a sus clases online«, opción que también ha sido rechazada.
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Asimismo, en tres ocasiones, explica su vocera, ha postulado para que sea trasladado al Centro de Estudio y Trabajo que tiene Gendarmería, lugar donde los internos están en un medio con más libertades, pero las autoridades penitenciarias lo han negado, al determinar que, a causa del delito por el que está condenado, existe «peligro latente de fuga».
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Las negativas no desaniman al trabajador y padre de dos niños, y han generado la solidaridad del gremio de historiadores de Chile. La situación, según sus cercanos, muestra cómo Carlos Peyrin ha sido objeto, desde su detención, de la persecución y el mal actuar de distintos organismos del Estado.
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Entre el hostigamiento y la ignorancia
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Cartel en apoyo a Carlos Peyrin
© Foto : Gentileza Grupo de apoyo Libertad para Carlos Peyrin Concepción
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Carlos Peyrin fue apresado el 2 de diciembre del 2019 en una de las tantas protestas del centro de Concepción producidas tras la revuelta social de 18 de octubre. Cinco funcionarios de la policía civil lo detienen al interior de un bus cuando se dirigía de regreso a su casa.
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«Lo sacan de ahí a tirones, lo arrastran, y se lo llevan a la comisaría, en realidad al cuartel de la PDI [Policía de Investigaciones de Chile] acá en Concepción. En el trayecto antes de subirlo al móvil de la PDI sacan de un basurero una molotov y se la meten en la mochila, y además la ingresan antes de llegar al cuartel», acusa Oriana.
Según la versión del propio Peyrin y de su familia, estando detenido lo someten a apremios y vejámenes, y al día siguiente lo pasan a control de detención, para ser luego trasladado a la cárcel El Manzano, sin dar aviso a los familiares.
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En el momento de la detención, Peyrin no tenía abogado, por lo que se le asigna un defensor público quien le recomienda que se autoinculpe para agilizar el proceso, a lo que Carlos accede, según Oriana Astudillo, por total ignorancia. «Carlos lamentablemente no viene de una familia que tenga conocimiento en tema judicial, es una familia humilde, modesta, trabajadora», comenta.
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Con su sentencia, pronunciada en mayo de 2020, Carlos Peyrin se trasformó en el primer preso de la revuelta en ser condenado en un juicio abreviado, sin haber podido brindar su testimonio al tribunal.
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Las cosas se hicieron mal
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Carlos Peyrin
© Foto : Gentileza Oriana Astudillo
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En una declaración firmada por la Comisión Chilena de Derechos Humanos y distintas organizaciones sociales se acusa de «nula defensa» en el caso de Peyrin, y su actual abogado, quien ha tenido acceso a los documentos de la causa y a la carpeta de investigación, considera que «las cosas no se hicieron o se hicieron mal».
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«La investigación parte por una supuesta detención en flagrancia de Carlos en un sector aledaño a la Plaza de tribunales de la ciudad de Concepción, pero cuando uno se dedica a revisar la carpeta, te puedes dar cuenta que esa detención en flagrancia no fue tal».
Esteban Arévalo explica que todas las pruebas que se recogieron en este caso fueron a partir acciones viciadas e ilegales de la Policía, por lo que «no pueden ser consideradas en un juicio penal, porque esa prueba está toda contaminada, no se cumplieron los requisitos que establece la ley y la Constitución para la actuación de las Policías».
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Otra de las más grandes deficiencias que el abogado advierte en el caso de Carlos Peyrin es que, tras revisar los testimonios que hacen los policías, «existen evidentes contradicciones en ese relato».
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La Policía de Investigaciones declara que Carlos Peyrin fue detenido en el sector del Palacio de Tribunales en el centro de Concepción, lugar donde habría hecho el lanzamiento de bombas molotov, «pero la detención no es ahí, la detención es varias cuadras alejados de este lugar donde se supone que Carlos habría cometido el delito».
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Según Arévalo existen declaraciones de dos policías que dicen que su defendido habría confesado haber tenido participación en este delito cuando es detenido y subido a un carro policial.
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«Si tú me preguntas a mí, las posibilidades de que una persona sea recién detenida, subida un carro y lo primero que se le ocurre decir es: ‘Yo lancé dos bombas molotov a carabineros’, a la Policía que lo está deteniendo, para mí es algo que carece de toda lógica y de todo raciocinio».
Para Oriana el seguimiento y detención de Peyrin luego de la protesta puede responder a que «Carlos es un joven que siempre ha estado presente en diferentes demandas, él ayudó y apoyaba por ejemplo en algunas tomas de terreno con las personas más vulnerables, ayudándolos a construir sus casitas, ayudándolos a hacer baños secos, a crear huertas. Él ayudaba a los pescadores muchas veces cuando se hacían diferentes demandas por el tema de la pesca».
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Una última posibilidad
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Carlos Peyrin con sus hijos
© Foto : Gentileza Grupo de apoyo Libertad para Carlos Peyrin Concepción
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Esteban Arévalo cuenta que en Chile existe la posibilidad de que se revise una sentencia penal que se encuentre ejecutada, si hay antecedentes nuevos que no fueron considerados al momento del juicio, un procedimiento extraordinario llamado recurso de revisión.
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«Es muy importante no solamente para que la persona deje de cumplir una pena privativa de libertad, pero también es importante porque se puede establecer judicialmente la inocencia de la persona, y que no tenga que cargar en sus antecedentes con una condena respeto de un delito que no cometió», especifica el defensor de derechos humanos.
Para el abogado esto es muy relevante, particularmente tras el estallido social, porque en su opinión el Ministerio Público de Chile «peca de un exceso de confianza respecto de las declaraciones que realizan los policías».
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Esto porque no parece razonable e incluso no cumple con un estándar mínimo de persecución penal «que los procesos penales o las investigaciones penales comiencen y se perfeccionen llegando a juicio con la sola declaración de las policías», como en este caso y varios de la revuelta.
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«Con todos los casos que se conocen de montajes, de falsificación de instrumento público, de falsificación de declaraciones, etc. creo yo que no puede, no es posible que una persona en Chile sea llevada a un proceso penal y eventualmente condenada solamente en base a la declaración de los policías, y aquí estoy hablando de muchas causas que he visto».
Mientras Carlos Peyrin y su defensa estudian la posibilidad de presentar un recurso de revisión, están a la espera de la próxima fecha de la audiencia de la libertad condicional, la que solicitaron en base al tiempo que lleva en prisión y por su buena conducta, y que le permitiría finalmente estudiar.
Carolina Trejo – Licenciada en Historia y Comunicación Social y Periodismo. Ha sido periodista de investigación y realizadora en televisión durante los últimos 20 años. Comenzó en 1997 en el programa de reportajes con más antigüedad de la televisión pública chilena, Informe Especial y luego se incorporó al área de reportajes de Canal 13, donde ejerció de directora, editora y guionista en diferentes proyectos documentales. Ha recibido premios del Consejo Nacional de Televisión de Chile, fue finalista del Premio Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo en 2014. Actualmente es académica de la Escuela de Periodismo de La Universidad de Chile y la Universidad de Santiago.
