SANTIAGO – En el contexto del Día Internacional de la Tierra que se conmemora el 22 de abril, Amnistía Internacional alerta sobre los riesgos y ataques a los que están expuestos los defensores y defensoras medioambientales principalmente en América, región más peligrosa del mundo para quienes están en la primera línea luchando por la protección de la tierra, el territorio y el medioambiente.
El caso de Berta Cáceres, memorable defensora que fue asesinada en Honduras hace cinco años cuando unos hombres entraron a su casa y la mataron a tiros, enciende las alarmas para exigir medidas efectivas de protección hacia quienes arriesgan su vida por defender la tierra y los recursos naturales. A su vez, está el dramático caso de la defensora Jani Silva de Colombia, quien se encuentra en riesgo de ser asesinada por defender el Amazonas. Las últimas amenazas recibidas durante este año la obligaron a abandonar su hogar; pero a pesar del riesgo que corre, las autoridades colombianas no han actuado para protegerla. Esto considerando que Colombia es el país más peligroso para defender los derechos humanos, según los datos más recientes de la organización Global Witness. Para quienes defienden derechos vinculados a la tierra, el territorio y el medio ambiente, las cosas son aún peores.
«El horrible crimen contra Berta Cáceres y la preocupante situación que vive actualmente Jani Silva son ejemplos de casos que nos mantienen alertas a nivel regional, pero también estamos alertas en Chile con la situación que vive Mujeres Modatima de la Provincia de Petorca, organización que mantiene una lucha incansable por defender el acceso al agua, y cuyas integrantes llevan años sufriendo ataques, amenazas y amedrentamientos», menciona Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos en diferentes publicaciones ha advertido sobre la situación hídrica y la violación de este derecho tan fundamental para los habitantes de Petorca. Los reportes establecen que la escasez de agua no solo estaría asociada al fenómeno de la sequía, sino que también a las actividades empresariales en la zona, especialmente al uso de los suelos en el intenso cultivo de paltos y cítricos.
La organización Mujeres Modatima (Movimiento por la Defensa del Agua, la Tierra y el Medio Ambiente) nació en 2017 por la repercusión específica que la crisis hídrica significaba para las mujeres del territorio generando un impacto negativo sobre sus vidas y las de sus familias. A raíz de la valiente labor que han emprendido para denunciar su situación de vulnerabilidad, comienzan a sufrir vigilancia, intimidación, estigmatización, censura, persecución, amedrentamiento, obstáculos administrativos y amenazas.
Entre los casos que Amnistía Internacional ha documentado están los de Verónica Vilches y Lorena Donaire, ambas defensoras del derecho al agua.
Verónica Vilches es una mujer campesina, nacida y criada en Cabildo, Provincia de Petorca. Desde la niñez fue forjando su compromiso con la defensa del agua y la naturaleza. A partir de 2015 es la presidenta del sistema de abastecimiento de agua potable rural (APR) de San José de Cabildo; cargo que desempeña de manera voluntaria y que permite abastecer de este vital recurso hídrico a más de mil personas de su comunidad. Verónica Vilches ha relatado a Amnistía Internacional que tras este momento empezó a sufrir mayor vigilancia y acoso.
«En 2017, seis funcionarios de la PDI llegaron a la planta de abastecimiento de agua sin ningún documento. Me insistieron mucho a que hiciera funcionar el pozo y en cada momento tocaban sus armas, parecía que me querían confundir y atemorizar. Más tarde me dijeron que yo, desde ese momento, pasaba a ser imputada por sustraer agua para la comunidad de San José y me hicieron firmar unos papeles», relata Verónica Vilches.
Sin embargo, según las averiguaciones que hizo Amnistía Internacional en la Fiscalía Nacional, no existe registro de que se haya abierto nunca una causa en contra de Verónica Vilches.
También relata que es usual que furgonetas y jeep se aposten frente a su casa o en la sede de la APR a gritarle improperios. «Son vehículos con vidrios polarizados y sin patente. Incluso en 2019, cuando me dirigía a la planta de APR con otra operadora por la ruta 35, un jeep plateado casi nos atropelló» añade.
Un año más tarde, Verónica relata que cuando iba de regreso a su casa tras haber estado en la bomba de agua, un furgón de la policía se lanza contra ella. «Yo iba hablando por teléfono con audífonos. Un hombre me habló con tono alto, pero al darse cuenta de que yo hablaba con alguien me pidió disculpas y me solicitó que no comentara nada de lo sucedido. Los vidrios eran polarizados, así que solo alcancé a ver al conductor. Al día siguiente un carabinero de civil llegó hasta mi casa. Nuevamente me pidió disculpas y me solicitó que no contara nada de lo sucedido la noche anterior. Yo acepté en esa oportunidad pensando en proteger a mi familia».
Otro episodio grave, reciente y que se conoció a través de medios de comunicación, ocurrió el 13 de febrero de este año cuando la planta de agua apareció con un rayado amenazante que decía: «Muerte APR. Muerte Verónica Vilches». «Tras esto, y sin haber dado ningún tipo de aviso, llegan a mi casa un teniente y dos policías. Vienen a tomar declaración de lo ocurrido. En ese momento me increpan por no haber ido a denunciar. Yo le expliqué que aún estaba en shock. Con todo lo vivido, la angustia y pena, perdí la voz durante unas horas».
En marzo, la PDI de Los Andes informó a través de un llamado telefónico a Verónica Vilches que el caso sería archivado porque no había pruebas. Sin embargo, otro PDI llega a su domicilio y la cita para que vaya a declarar a la Comisaría de La Ligua. A la fecha, no hay novedades con respecto a la investigación que está en Fiscalía.
Lorena Donaire Cataldo es madre, profesora y defensora de la tierra desde el año 2010. Actualmente vive en La Ligua y es vocera nacional de Mujeres MODATIMA. Lorena relató a Amnistía Internacional que en varias oportunidades ella ha sido perseguida por furgonetas o jeeps con vidrios polarizados y sin patente. También cuenta que ha tenido una furgoneta con esas características apostada frente a su casa y que en ocasiones ha detectado drones sobre su patio.
Además, relató que en al menos cuatro ocasiones, sujetos desconocidos han entrado a su hogar, siempre de madrugada y mientras ella estaba en casa junto a sus hijos/as. En ninguna de estas ocasiones ha habido robos. «El último incidente de este tipo que sufrí fue en febrero de este año. Al escuchar los ruidos y forcejeo, tomé todos los cuchillos y me encerré en la pieza junto a mis hijos». En esta última ocasión, Lorena Donaire menciona que llamó a Carabineros y la respuesta fue que «no tenían furgón para ir a asistirla».
Amnistía Internacional advierte que los ataques y amedrentamientos que han vivido Verónica Vilches y Lorena Donaire reflejan la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran otras integrantes de Modatima Mujeres y otros/as defensores/as medioambientales del país. «Mientras estas personas mantienen su lucha valiente y necesaria a favor del derecho al agua para las comunidades, el Estado de Chile observa de reojo sin tomar medidas efectivas para proteger a los activistas medioambientales y prevenir los cobardes ataques que sufren por defender los derechos humanos», menciona Ana Piquer.
El llamado que hace Amnistía Internacional a la Fiscalía de Chile es a asegurar que las personas que sean víctimas de este tipo de hechos puedan denunciarlo de manera expedita e investigar de forma inmediata, exhaustiva e imparcial todas las denuncias interpuestas por las defensoras de Mujeres Modatima. Por cierto, es imprescindible que lleve a la justicia a los responsables de los ataques y establezca mecanismos de protección para quienes las requieran. Esto es un primer paso para que el Estado reconozca la fundamental y legítima labor que realizan las personas defensoras del derecho al agua.
Por otra parte, insta una vez más al presidente Sebastián Piñera a retomar el camino de liderazgo que había tomado en los inicios de las negociaciones internacionales que se generaron para lograr adhesión al Acuerdo de Escazú, pacto cuyo propósito es establecer nuevas normas de protección del medio ambiente y los derechos humanos.
«Si bien, el gobierno de Chile inexplicablemente decidió no firmar este relevante pacto medioambiental, es urgente que recapacite y tome las acciones necesarias para adherir al mismo. La adopción de políticas y protocolos para proteger a los defensores y defensoras de los derechos humanos que trabajaban en temas medioambientales es un imperativo para el país y la región», concluye Ana Piquer.
