Fue como poner una bomba en medio de la Plaza de Armas. El presidente Sebastián Piñera informó su decisión de acudir al Tribunal Constitucional para impugnar el proyecto de reforma que permite un nuevo retiro anticipado del fondo de pensiones, desatando una explosión que dispersó esquirlas en múltiples frentes y dejó varios heridos.
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Todos los partidos de la oposición se unieron para rechazar la decisión del mandatario. Los candidatos presidenciales mejor posicionados del sector de Gobierno se distanciaron de la postura del presidente. Gran parte del oficialismo le pidió a Piñera que rectificara y la ciudadanía manifestó su descontento masivo a través del llamado «cacelorazo».
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Incluso, trascendió en la prensa local que ni siquiera todos los ministros del mandatario estaban de acuerdo con la decisión de su jefe.
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Aunque Piñera afirma tener la convicción de que este proyecto contraviene la actual Constitución, argumentando que solo el presidente de la República puede presentar legislación en materia de pensiones, pocos parecen acompañarlo en su aventura de frenar este popular proyecto.
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La iniciativa estrella
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No cabe ninguna duda de que los proyectos que permiten un retiro anticipado de hasta el 10% de los fondos de pensiones son la política pública estrella entre los chilenos para enfrentar la pandemia.
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Las encuestas de opinión siempre le dan más de 70 u 80% de apoyo ciudadano y más de 10,5 millones de personas hicieron uso de este beneficio. Es decir, casi el 80 por ciento de los adultos del país.
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Los adherentes a esta medida argumentan que es una ayuda expedita y universal de fácil acceso, a diferencia de las ayudas sociales como bonos o ingresos familiares implementados por el Gobierno durante la crisis sanitaria, que exigen una serie de requisitos al postulante.
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El apoyo que concitan los retiros responde también a que los dos primeros promulgados en julio y diciembre del año pasado fueron determinantes para impulsar la economía, al aumentar considerablemente el consumo en el país durante los difíciles momentos de crisis. Además, la justicia obligó a que las madres pudieran retener el dinero a aquellos padres que no pagan la pensión de alimentos a sus hijos, iniciativa que fue celebrada transversalmente.
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El argumento que entrega Piñera para no apoyar los retiros es que estos afectarán a futuro el monto de la pensión total de las personas. Sin embargo, los detractores del mandatario afirman que Piñera busca defender el sistema privado denominado Asociación de Fondo de Pensiones (AFP), que fue creado por su hermano, el economista José Piñera, durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
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«Sebastián Piñera no está defendiendo la Constitución, sino que a las AFP», dijo en conferencia de prensa el fundador de la organización internacional Grupo de Puebla, Marco Enríquez-Ominami.
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Esquirlas de una explosión
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La noche del martes 20 de abril, cuando el Ejecutivo anunció la decisión del presidente de acudir al Tribunal Constitucional, gran parte de la ciudadanía realizó el denominado «cacerolazo», que consiste en tocar las ollas desde las ventanas de sus casas como una forma de mostrar descontento, método que fue muy utilizado durante las protestas del estallido social de 2019.
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El miércoles 21, diversas agrupaciones de trabajadores realizaron paro de actividades en rechazo al anuncio, siendo la más masiva la convocada por los empleados portuarios, quienes detuvieron las labores en varios puertos del país.
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Algunos de los líderes más influyentes del sector oficialista se distanciaron del presidente y lo criticaron, como el alcalde de Las Condes (centro), Joaquín Lavín y el exministro de Defensa, Mario Desbordes, dos de los principales candidatos para suceder a Piñera en La Moneda.
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La directiva del partido de centroderecha Renovación Nacional, donde militó el presidente Piñera durante gran parte de su vida, le pidió al mandatario que eche pie atrás en su decisión y decenas de candidatos para la próxima elección de constituyentes han manifestado que la postura de Piñera les puede afectar de manera electoral.
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En la prensa local trascendió que la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, y el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, no estaban de acuerdo con el presidente, versión que tomó más fuerza cuando ellos no se sumaron a una actividad pública sobre el tema en que sí participaron otros ministros del Gabinete. No obstante, Gobierno emitió una aclaración por escrito asegurando que todos sus ministros están alineados con el presidente.
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La consecuencia que probablemente complica más al Ejecutivo es que esta situación consiguió unir a una fragmentada oposición detrás de una causa común: criticar la decisión del presidente.
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Además, el bloque de izquierda Frente Amplio anunció que esta semana redactará una acusación constitucional para destituir al presidente Piñera de su cargo, denunciando que no ha ejercido correctamente su rol durante la pandemia del covid-19. Esta iniciativa ya tiene el apoyo del Partido Comunista (izquierda) y el Partido Socialista (centroizquierda).
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Para destituir al presidente en Chile, se requieren 78 votos en la Cámara de Diputados y 29 en el Senado.
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Aunque en la Cámara la votación es plausible, ya que la oposición cuenta con más de 80 diputados, en el Senado sólo tiene 24, por lo que necesitaría respaldo de parlamentarios de derecha, algo que hasta el momento parece bastante improbable.
Francisco Bravo Atias – Corresponsal en Chile de Sputnik desde 2017. Anteriormente trabajó en los diarios La Segunda y El Mercurio. Graduado de periodismo de la Universidad Diego Portales de Chile.
