SANTIAGO – Amnistía Internacional, junto con otras organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe, lanzan hoy la campaña ESIgualdad, que busca articular esfuerzos para hacer realidad el derecho de niños, niñas y adolescentes a una educación sexual integral.
«Hoy nos unimos con organizaciones de toda la región con un simple mensaje para los Estados de América Latina y el Caribe: ha llegado la hora de que dejen de dar la espalda a las demandas por una educación sexual integral laica, científica y con enfoque de género», dijo Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.
Bajo el lema #DeseoSeaDerecho, la campaña hace un llamado a los Estados a acelerar significativamente el cumplimiento de su obligación de asegurar la implementación universal de la Educación Eexual Integral (ESI). Esta es una herramienta clave, por ejemplo, para la prevención de abusos sexuales, situación que podría salvar la vida de miles de personas, incluídas niños, niñas y adolescentes que al tener información sobre educación sexual podrían pedir y recibir ayuda a tiempo. Por cierto, teniendo este tipo de educación les permitiría además disfrutar de otros derechos humanos, como el derecho a la vida, el derecho a la salud física y mental, el derecho a la integridad física y psíquica, el derecho a vivir una vida libre de violencia o el derecho a la identidad, entre otros.
La campaña también busca hacer frente al alarmante incremento de ataques y desinformación contra las políticas y leyes que buscan abordar la igualdad de género, los derechos sexuales y los derechos reproductivos en la educación pública, encabezados por grupos con una agenda contraria a los derechos humanos que comparten falsedades, engaños y mentiras que generan mucho miedo en jóvenes y sus familias, poniendo sus derechos en riesgo.
La situación en la región respecto al cumplimiento del derecho a la educación sexual integral es desoladora. En algunos países, no existe ningún respaldo institucional para la educación sexual integral, efectivamente imposibilitando su implementación.
En el caso de Chile, si bien existe la Ley 20.418 sobre regulación de la fertilidad que permite solicitar a las escuelas tener planes de educación sexual, solamente lo exige a partir de enseñanza media y no especifica los términos de dicha educación sexual; lo cual, muchas veces, repercute en que la información que se entrega es sesgada, imprecisa y alejada de la evidencia científica .
«Claramente la legislación que existe en el país es deficiente y eso ha quedado demostrado, por ejemplo, en el aumento de las cifras de embarazo adolescente y contagio de VIH en los jóvenes. En definitiva, la educación sexual que se está entregando es intermitente, tardía y no cumple con lo necesario para ser considerada una educación sexual verdaderamente integral», menciona Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile.
Chile tuvo una oportunidad importante para avanzar en la protección de los niños, niñas y adolescentes en este tema, pero en octubre de 2020 el Congreso rechazó un proyecto de Educación Sexual Integral que pretendía establecer normas generales en materia de educación sobre afectividad, sexualidad y género para los establecimientos educacionales.
«Miles de niñes, jóvenes y personas adultas hemos vivido distintos tipos de violencia a lo largo de nuestras vidas, lo cual ha evidenciado lo desprotegides que estamos frente al sistema y así también lo desprotegidos que están nuestros derechos sexuales y derechos reproductivos. El Congreso y sus parlamentaries ya nos fallaron el año pasado votando en contra del proyecto de ley de educación sexual integral. Hoy les exigimos que no nos fallen más, es momento de actuar en favor de los derechos humanos y, por tanto, de la educación sexual integral», dijo Valentina Carrasco, activista de la RAMS e integrante de la campaña.
Aún en países, como Argentina, que cuentan con leyes o políticas públicas que respaldan el derecho a la educación sexual integral, existen serias deficiencias respecto a su implementación efectiva. Estos fallos ocurren en una región afligida por altos índices de desigualdad de género, violencia contra las mujeres, niñas y personas LGBTIQA+, embarazos precoces no deseados y forzados, y otras vulneraciones de los derechos sexuales y reproductivos. La educación sexual integral plantea combatir todas estas problemáticas.
«La educación sexual integral es una herramienta fundamental para la defensa de los derechos humanos. Hay evidencia contundente de que puede contribuir sustancialmente a las respuestas a una amplia gama de problemas estructurales que han afligido a nuestras sociedades durante décadas: desde las violencias y desigualdades de género hasta los problemas vinculados con la salud sexual y reproductiva. Es clave también para que niñas, niños y adolescentes puedan desarrollar sus proyectos de vida en igualdad y tomar decisiones libres e informadas. Pero los Estados de la región siguen sin dar prioridad suficiente a este tema. Esto tiene que cambiar», dijo Erika Guevara Rosas.
