VALPARAÍSO – El día 22 de abril, en el Día Mundial de la Tierra, la diputada de Revolución Democrática Marcela Sandoval junto a su par de Convergencia Social, Diego Ibáñez, ingresaron un proyecto de acuerdo para solicitarle al presidente Sebastián Piñera que se reconozcan las y los defensores ambientales y tomen medidas para el resguardo de su integridad.
En el texto ingresado este jueves se solicita al mandatario que “se promuevan y protejan sus derechos y se establezcan medidas para prevenir y protegerles de amenazas y ataques”.
En específico, algunas de las medidas solicitadas por los parlamentarios del Frente Amplio son: “Identificar los factores de riesgo de violación de sus derechos; Realizar campañas socioeducativas sobre el rol de las y los defensores; Permitir y proteger la realización de sus actividades; y Fortalecer a la sociedad civil y dar apoyo a sus organizaciones”.
Sandoval explicó que el proyecto fue trabajado junto a la ONG FIMA, señalando que “nos parecía una deuda con quienes trabajan día a día con las comunidades amenazadas por proyectos que ponen en riesgo el entorno y la vida”.
Ibáñez en tanto, recordó la entrada en vigencia del Tratado de Escazú, que entró en rigor este jueves sin la firma de Chile. Pese a esto, para el parlamentario “la tozudez del gobierno no debe ser motivo para que nos detengamos quienes sí queremos avanzar en la profundización de los derechos que el tratado consagra”.
“En el distrito que me toca representar existen una serie de conflictos ambientales, la sequía en Petorca y en el Valle del Aconcagua, la zona de sacrificio de Quintero y Puchuncaví, la desmedida expansión inmobiliaria en Marga Marga, conflictos con mineras que no respetan la ley, monocultivos frutales que arrasan con el agua, pero en todos ellos existen personas que se levantan y defienden el territorio y a su gente”, explicó.
Ezio Costa, de la ONG FIMA enfatizó en que “desde la sociedad civil hemos dicho innumerables veces que Chile debe firmar y ratificar el Acuerdo de Escazú para proteger la labor de los y las defensoras ambientales, además de generar mejores estándares de participación, información y justicia ambiental”.
“El gobierno no ha tenido voluntad de firmar el Acuerdo y aunque nos parecen equivocadas sus razones, esperamos que se avance en cosas urgentes como la protección de defensores/as, por lo que nos parece muy atingente la resolución y que el poder legislativo muestre preocupación por el asunto”, valoró.
Junto a medidas para resguardar a defensores, el proyecto enfatiza en la necesidad de firmar y ratificar el Acuerdo de Escazú y restringir las posibilidades de aplicación de delitos para criminalizar la labor de los y las defensoras.
