BOGOTÁ (laRazon.cl) – Las protestas en Colombia iniciaron el 28 de abril con un paro nacional convocado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), en rechazo a la reforma tributaria presentada por el ministro de hacienda Alberto Carrasquilla, con la que se buscaba ampliar la base de recaudación de impuestos, cobrando el IVA a productos de consumo básico, servicios públicos y productos eléctricos, entre otros.
La reforma presentada con el nombre de “Ley de Solidaridad Sostenible” tenía como meta recaudar cerca de 6.800 millones de dólares (unos 25 billones de pesos) para cubrir el hueco fiscal, institucionalizar la renta básica y crear un fondo para la conservación ambiental. Para ello, el proyecto proponía el cobro de un impuesto a la renta a personas que ganen más de US $663.00 mensuales, siendo el salario mínimo de apenas US $234.00.
De haber sido aprobada, la reforma hubiera afectado mayormente a la población civil, pues conducía a que las personas naturales aporten un 70% del recaudo, mientras que las empresas y sectores de lujo, solo un 30%. Cuatro días después de iniciadas las manifestaciones y tras fuertes presiones y críticas por la muerte de los primeros manifestantes, el gobierno anunció el retiro del proyecto y el ministro de hacienda presentó su renuncia. Sin embargo, las protestas no se detuvieron.
El reclamo de lxs manifestantes no tiene que ver sólo con la reforma tributaria sino con el descontento social acumulado que ya se había dejado sentir en las protestas de 2019. Pese a que la pandemia hizo calmar los ánimos de las protestas pasadas, luego de un año de confinamientos y restricciones hizo que se acentuaran los problemas de fondo y se convirtió así en el detonante del actual descontento social.
Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la población que vive bajo la línea de pobreza en Colombia pasó de un 35.7% en 2019 a 42.5% en 2020. Otras razones que encienden la protesta son el cierre de más de 500 mil negocios pequeños a causa de la crisis sanitaria, más de 1.6 millones de familias sin recursos para sus alimentos mínimos y un enorme retraso en el plan de vacunación prometido por Duque, que tan solo ha llegado a vacunar al 5% de la población y que ha presentado numerosas irregularidades, siendo este país el segundo con mayor cantidad de muertes diarias en la región.
Entre los motivos de la gente para marchar, están los gastos que el gobierno de Iván Duque ha hecho para fortalecer la fuerza pública por encima de la inversión en el cubrimiento de la salud y que claramente no son prioritarios en el marco de una pandemia. El gobierno decidió adquirir camionetas blindadas por más de 9 mil millones de pesos, invertir 20 mil millones en pauta y posicionamiento y hasta 8 mil millones en tanquetas para el Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD – las mismas con las que hoy reprimen la movilización-. Además, se había anunciado la compra de nuevos aviones militares de combate por un valor que ronda los 4000 millones de dólares, es decir, casi el 60% de lo que se planeaba recaudar con la reforma tributaria, aunque más tarde lo descartaron.
Manifestaciones y represión de la fuerza pública
Es así como el panorama nacional se ha visto colmado de marchas multitudinarias en los últimos 9 días. Pese a las grandes manifestaciones pacíficas y concentraciones masivas a lo largo y ancho del territorio nacioal, los medios oficiales se han dedicado a amplificar los hechos de violencia y saqueos con el fin de reforzar el estigma contra de la protesta social, al presentarla como el brazo armado de la subversión, una imagen extendida durante el gobierno de Alvaro Uribe y su política de seguridad democrática.
Dos días después del inicio de las protestas, el ex-presidente publicó un tweet que fue ocultado por twitter, por considerarse que incita a que las fuerzas armadas usen sus armas en contra de la ciudadanía que sale a manifestarse en las calles:
“Apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico”.
En efecto, después de la publicación de este trino del expresidente Uribe, Duque emitió la orden de militarizar las ciudades donde estaba el foco de las protestas, aun en contra de los alcaldes de Bogotá y Medellín que criticaron esta decisión. Como resultado, la violencia y los ataques a la población civil tuvieron una escalada que alertó a la comunidad internacional e hizo que los medios internacionales, artistas y organizaciones de derechos humanos denunciaran con vehemencia el abuso de la fuerza pública. Marta Hurtado, portavoz del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó abiertamente su preocupación por las denuncias recibidas de Cali, donde la policía abrió fuego contra manifestantes dejando varios muertos y heridos.
Entre el 28 de abril y el 6 de mayo, la plataforma GRITA de la ONG Temblores registró la desbordante cifra de 1.728 casos de violencia policial desde los lugares donde la situación es más compleja, como Bogotá y Cali, donde se cuentan 19 homicidios presuntamente cometidos por la fuerza pública. En Cali se ha recibido denuncias de parte de ciudadanos y esquemas de derechos humanos, que enviaron videos del barrio Siloé donde se ven helicópteros lanzando gases lacrimógenos y disparos de letalidad reducida, que igualmente terminan exponiendo la vida de las personas. En suma, la ONG registra una cifra de 37 víctimas mortales en el país, 26 víctimas de agresiones a los ojos y 11 víctimas de violencia sexual por parte de la fuerza pública en tan solo nueve días de protestas,
Uno de los casos que más ha conmocionado al país, fue el asesinato de Lucas Villa, un líder estudiantil que había salido a protestar pacíficamente en contra de los asesinatos y la violencia en Colombia el pasado miércoles 5 de Mayo, pero recibió ocho balazos desde un vehículo en el viaducto César Gaviria en Pereira, que lo dejaron en estado crítico neurológico.
Voces opuestas
El ministro de defensa, Diego Molano insiste en que las protestas están siendo infiltradas por disidencias de las farc, grupos residuales y por agentes del narcotráfico, y que en ese sentido, se hace necesaria la asistencia militar en las ciudades. Mientras tanto, voceros del paro, sectores de oposición y movimientos ciudadanos cuestionan esa narrativa de criminalización en contra de la protesta y afirman que además de incitar a la violencia, es ineficaz en el manejo de la convulsión social. En cambio, hablan de un problema profundo de demandas sociales y de rechazo a las políticas neoliberales del gobierno, encaminadas a incrementar la desigualdad social, fortalecer el brazo armado del Estado y amedrentar a la ciudadanía violentando el legítimo derecho a la protesta.
Frente a los hechos de violencia ejercida por grupos de manifestantes, Alejandro Rodriguez, antropólogo y coordinador de la plataforma GRITA señala que prima la defensa de los derechos humanos y que se debe dar prioridad al principio de proporcionalidad del uso de la fuerza, enmarcado en el DIH, del cual se comprende que no se puede justificar que la policía asesine a una persona por el hecho de lanzar piedras o vandalizar una estación de policía. Así, aunque se evidencien conductas violentas por parte de grupos de manifestantes, se debe recordar que en Colombia no existe la pena de muerte y por tanto, una situación de vandalismo no puede ser castigada con la muerte.
Alejandro Rodriguez señala que en Colombia no hay garantías para proteger la vida en el marco de una protesta social, así como tampoco hay garantías de que haya justicia con los crímenes cometidos por la policía, los cuales no son juzgados por la justicia ordinaria, sino por la justicia penal militar, con la que usualmente les conceden un pase a la impunidad, como ha sucedido con el asesinato de Dilan Cruz, cometido en el marco de las protestas de noviembre de 2019 en el centro de Bogotá.
Al asesinato de Dilan Cruz, se suma el de Javier Ordoñez, asesinado por la policía en septiembre de 2020, lo que provocó protestas expontáneas en las que las personas atacaron varias estaciones de policía de Bogotá. La respuesta de la fuerza pública fue disparar contra los manifestantes, dejando un saldo de al menos 10 muertos en una sola noche. De esta masacre, solo existen tres investigaciones abiertas, sin ningún indicio de justicia hasta el día de hoy.
El Paro Persiste
Dado el rechazo extendido de la ciudadanía a los actos del actual gobierno, el paro continúa en pie de lucha en las principales ciudades del país. Si bien las demandas sociales son tan múltiples como complejas, comparten un fondo común que apunta a la defensa de la vida y los derechos humanos, a la justicia social y el resguardo de la salud de manera prioritaria para enfrentar la crisis de la pandemia.
A esto se suma la desmilitarización del territorio nacional y el esclarecimiento de la verdad sobre las masacres cometidas por parte de la fuerza pública. Parte de la lista de peticiones del comité del Paro es la renuncia del actual ministro de defensa, contra quien se adelanta una moción de censura impulsada por el senador Iván Cepeda.
El descontento persiste en medio de la incertidumbre sobre el rumbo que va tomar el paro y la obstinación de un gobierno que no ha escuchado a la ciudadanía y que no demuestra dominio de la situación. Por redes sociales circulan videos mostrando policías con metralletas disparando contra la población civil y reprimiendo la protesta con violencia desmedida, por lo que distintos líderes políticos y de opinión recomiendan encarecidamente a los manifestantes no exponer sus vidas y resguardarse especialmente durante las horas de la noche.
La situación, por dura y amenazante que es hasta el momento, confirma que el país está ante el inicio de algo más grande que solo derrotar una reforma tributaria. Sectores políticos continúan presionando para que se lleve a cabo un consenso entre el gobierno y los voceros del paro, para que se escuche a la ciudadanía y se logre establecer una ruta de trabajo conjunto, empezando por el cese de la violencia, el esclarecimiento de los crímenes cometidos por la fuerza pública y la construcción de un esquema efectivo que lleve a la superación de la pobreza, el desempleo, el hambre y la miseria que padecen millones de hogares en el país.
